Descripción del hecho
El día miércoles 29 de noviembre de 2006, en Santa Cruz de la Sierra, el periodista José Antonio Quisbert del diario El Nuevo Día, fue detenido por orden del Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, con la finalidad de evitar la publicación de una nota periodística sobre actos de corrupción, que involucraban, entre otros altos funcionarios del Gobierno, al Senador de la República Guido Guardia.
El periodista había recibido documentos probatorios de los actos de corrupción de manos de la Directora Departamental de Migración (distrital Santa Cruz) Olga Lidia Espinoza (quien fue destituida tras el incidente), los mismos que iban a ser procesados por el periodista para su publicación. Enterados del hecho, sin embargo, funcionarios del Ministerio de Gobierno arrebataron violentamente al periodista el sobre con la documentación, argumentando que se trataba de “documentos reservados de esa entidad”. El hecho fue comunicado en el mismo momento al viceministro Rubén Gamarra en La Paz, y éste, lejos de buscar una salida que lleve al esclarecimiento del problema, ordenó el inmediato arresto del periodista y la prosecución del caso a cargo del fiscal Germán Quezada.
Entre la información que se decomisó violentamente al periodista, había un informe de la Directora Departamental dirigido al viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, vía Magaly Zegarra, Directora Nacional de Migración, sobre las llamadas que realizó el senador Guardia presionando para que ilegalmente y con carácter de urgencia se entreguen los visados correspondientes para la internación en el territorio nacional de nueve ciudadanos chinos.
Violación
La actuación del Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, al detener a un periodista que investigaba un caso de corrupción en Migración, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafo segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2003 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Ambeyi Ligabo, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Eduardo Bertoni, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), que dedica un epígrafe específico a “la investigación de la corrupción”:
Los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.
Sobre esa misma línea de principios, la detención y decomiso de información denunciados también infringen el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en el marco de la OEA:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Asimismo, las actitudes denunciadas violan la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene también el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
Víctima
La víctima directa de la violación es el periodista José Antonio Quisbert del diario boliviano El Nuevo Día.
Responsable
El responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista que investigaba la corrupción en una oficina del Gobierno, es el Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra.
Reacción del Estado y otras reacciones
Al final, la difusión de la información fue completamente evitada y el Gobierno, a través del Viceministro Gamarra, garantizó la impunidad del Senador implicado al destituir a la Directora de Migración de Santa Cruz. El periodista estuvo detenido aproximadamente por un periodo de cuatro horas, luego de las cuales tuvo que ser soltado. Por su parte, la acción violatoria motivó un pronunciamiento público de la Federación de la Prensa de Santa Cruz en el cual se repudiaba la actitud del Viceministro. En ese mismo sentido, se pronunciaron algunos parlamentarios, la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz y la Sociedad Interamericana de Prensa en Washington (EEUU).
El día miércoles 29 de noviembre de 2006, en Santa Cruz de la Sierra, el periodista José Antonio Quisbert del diario El Nuevo Día, fue detenido por orden del Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, con la finalidad de evitar la publicación de una nota periodística sobre actos de corrupción, que involucraban, entre otros altos funcionarios del Gobierno, al Senador de la República Guido Guardia.
El periodista había recibido documentos probatorios de los actos de corrupción de manos de la Directora Departamental de Migración (distrital Santa Cruz) Olga Lidia Espinoza (quien fue destituida tras el incidente), los mismos que iban a ser procesados por el periodista para su publicación. Enterados del hecho, sin embargo, funcionarios del Ministerio de Gobierno arrebataron violentamente al periodista el sobre con la documentación, argumentando que se trataba de “documentos reservados de esa entidad”. El hecho fue comunicado en el mismo momento al viceministro Rubén Gamarra en La Paz, y éste, lejos de buscar una salida que lleve al esclarecimiento del problema, ordenó el inmediato arresto del periodista y la prosecución del caso a cargo del fiscal Germán Quezada.
Entre la información que se decomisó violentamente al periodista, había un informe de la Directora Departamental dirigido al viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, vía Magaly Zegarra, Directora Nacional de Migración, sobre las llamadas que realizó el senador Guardia presionando para que ilegalmente y con carácter de urgencia se entreguen los visados correspondientes para la internación en el territorio nacional de nueve ciudadanos chinos.
Violación
La actuación del Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, al detener a un periodista que investigaba un caso de corrupción en Migración, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafo segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2003 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Ambeyi Ligabo, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Eduardo Bertoni, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), que dedica un epígrafe específico a “la investigación de la corrupción”:
Los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.
Sobre esa misma línea de principios, la detención y decomiso de información denunciados también infringen el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en el marco de la OEA:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Asimismo, las actitudes denunciadas violan la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene también el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
Víctima
La víctima directa de la violación es el periodista José Antonio Quisbert del diario boliviano El Nuevo Día.
Responsable
El responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista que investigaba la corrupción en una oficina del Gobierno, es el Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra.
Reacción del Estado y otras reacciones
Al final, la difusión de la información fue completamente evitada y el Gobierno, a través del Viceministro Gamarra, garantizó la impunidad del Senador implicado al destituir a la Directora de Migración de Santa Cruz. El periodista estuvo detenido aproximadamente por un periodo de cuatro horas, luego de las cuales tuvo que ser soltado. Por su parte, la acción violatoria motivó un pronunciamiento público de la Federación de la Prensa de Santa Cruz en el cual se repudiaba la actitud del Viceministro. En ese mismo sentido, se pronunciaron algunos parlamentarios, la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz y la Sociedad Interamericana de Prensa en Washington (EEUU).
