AntecedentesEl día jueves 29 de noviembre de 2006, el reconocido intelectual de izquierda y escritor boliviano Juan Claudio Lechín, hijo del fallecido Juan Lechín Oquendo, líder histórico de la Central Obrera Boliviana, entró en huelga de hambre para exigir al Gobierno que respete los dos tercios en la Asamblea Constituyente y que deje a un lado el autoritarismo. Lechín fue uno de los primeros huelguistas de una huelga de hambre que llegaría a sumar alrededor de dos mil quinientos huelguistas en todo el país. El escritor paceño había decidido llevar adelante la extrema medida en la iglesia de San Francisco de la ciudad de la Paz y con los días se le sumaron otras seis personalidades entre las que destacaban Gabriel Dabdoub, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco) y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Alvin Anaya.
Descripción de los hechos
El día martes 5 de diciembre, aproximadamente a las 15:30 horas, un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) desalojó violentamente a los siete huelguistas de hambre instalados en uno de los ambientes de la iglesia San Francisco. Alrededor de las 15:00 horas, el piquete de huelga instalado en oficinas del templo de San Francisco, fue asaltado por una multitud armada con chicotes y dinamitas, quienes desalojaron a los siete huelguistas entre los que se encontraba el escritor Juan Claudio Lechín. “Hoy (martes) ha vuelto la turba a tirarnos dinamita dentro de la sede de la huelga, han entrado con violencia, han roto los televisores de la iglesia de San Francisco, los muebles, han robado, pero nosotros hemos logrado huir”, declaró Lechín por teléfono a un medio de prensa, a tiempo de atribuir toda la responsabilidad por lo sucedido a las declaraciones de la ministra Alicia Muñoz, quien había ordenado el retiro de la seguridad policial en los piquetes de huelga y había afirmado textualmente que “la policía tenía cosas más importantes que hacer…” A partir de ese hecho que no fue ni siquiera lamentado por el Gobierno Nacional, la huelga del escritor Lechín continuó en la clandestinidad hasta completar los 14 días, luego de los cuales fue dado de baja debido a su delicado estado de salud.
Violación
La orden de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y la consecuente omisión de la policía de brindar las garantías para que el escritor Juan Claudio Lechín, y los demás ciudadanos que lo acompañaban en la huelga de hambre, pudieran ejercer libre y pacíficamente, en las oficinas de una iglesia, sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, la actuación denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Víctimas
La víctima principal de la omisión manifiesta de la policía y de la consecuente agresión por parte de militantes del partido de gobierno, es el intelectual y escritor boliviano Juan Claudio Lechín, dada su importancia política como icono de la izquierda boliviana. Asimismo, sin embargo, otras seis personas fueron víctimas de la agresión en el recinto de la iglesia de San Francisco, entre ellos Gabriel Dabdoub, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Alvin Anaya.
Responsables
El responsable principal de las agresiones a los huelguistas del piquete liderizado por el escritor Juan Claudio Lechín en la iglesia de San Antonio, es la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz Alá, quien públicamente manifestó su voluntad de no brindar protección policial a quienes protestan, ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, en contra del gobierno, bajo el argumento de que la policía “tenía cosas más importantes que hacer”.
Reacción del Estado y otras reacciones
Debido a la popularidad del escritor Lechín, tanto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a través de su presidente Guillermo Vilela, como el Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, expresaron su preocupación públicamente, exigieron a la Ministra Muñoz brindar seguridad policial para todos los piquetes de huelguistas de hambre que se instalaron en todo el país y demandaron a la Policía cumplir con su misión de resguardar la integridad física de los ciudadanos.
Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lamentó la intervención al piquete de huelga en San Francisco. El presidente de la organización, Roberto Mustafá, aseguró que esa actitud es contraria a las conversaciones que sostuvieron con el vicepresidente, Álvaro García Linera. Indicó que, a través de su institución, se ofreció como nexo para encontrar el diálogo y frenar la escalada de violencia que se vivía en el país con miles de personas en huelga de hambre, entre ellos los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández y de Tarija, Mario Cossío.
La Ministra de Gobierno desoyó el pedido de seguridad que le hicieron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y con esa actitud forzó a que la huelga del escritor Lechín deba continuar en la clandestinidad hasta su final causado por la baja médica del huelguista. El Gobierno, en ningún momento expresó su pesar por las agresiones que aquí se denuncian, ni trató de restituir o reparar los daños ocasionados a Lechín y al recinto de la iglesia de San Francisco donde se llevaba adelante la huelga.
