Descripción de los hechos
El día viernes 24 de noviembre de 2006, aproximadamente a horas 13:00, un grupo de 17 mujeres de instituciones cívicas, agropecuarias, vecinales y voluntarias de Santa Cruza de la Sierra, iniciaron una huelga de hambre en instalaciones del Comité Cívico Femenino, exigiendo al Gobierno que se respeten los dos tercios en la Asamblea Constituyente, que se reforme la Ley INRA en consenso con los productores y que no se apruebe la norma que permita censurar a los prefectos.[1]
Esa misma tarde, enterado de la huelga de hambre de las mujeres, el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la localidad de San Julián, mientras hacía su discurso en la ocasión de la entrega de 20 tractores a los campesinos partidarios de su gobierno, agredió moral y sicológicamente a las mujeres huelguistas, al afirmar textualmente: “Me dicen que no hacen huelga, que están haciendo dieta […] tal vez están muy gordas […] Me dicen que esa huelga no es por ética, es por estética.”
Violación
Las declaraciones públicas del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, que agraden la dignidad y la honra de las mujeres huelguistas por el único motivo de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación, al constituir un hostigamiento a las mujeres que realizaban la huelga, también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, las agresiones sicológicas del Presidente contra las mujeres que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Por otra parte, en tanto busca coartar el derecho fundamental de las mujeres a la libertad de expresión y de opinión, la agresión moral y sicológica del Presidente constituye una “discriminación” contra la mujer y viola el artículo 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, de la cual Bolivia es Estado Parte, que establece: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;”
Asimismo, la agresión moral y sicológica del Presidente de la República contra las mujeres huelguistas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y de opinión, es considerada un hecho de “violencia contra la mujer”, conforme se encuentra definido por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, que establece: “Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: […] c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.”. Por tanto, la agresión del Presidente viola flagrantemente el artículo 4 de la Declaración en sus incisos b), c) y d), que establecen:
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos.
Víctimas
Las víctimas son todas las mujeres cruceñas que, en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, realizaban una huelga de hambre en las instalaciones del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, cuando el Presidente Evo Morales las agredió moralmente el 24 de noviembre de 2006.
Responsables
El responsable de las agresiones morales a las mujeres que realizaban la huelga de hambre en el Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, es el Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien públicamente les violó los derechos fundamentales a la dignidad y a la honra, con la finalidad de que dejen de ejercer sus derechos a la libertad de opinión y de expresión.
Reacción del Estado y otras reacciones
Ante la agresión moral y sicológica del Presidente Morales hacia un grupo de mujeres que residen en la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Jaime Santa Cruz, reaccionó diciendo: “Me parece una total falta de respeto de un presidente que se exprese de esa manera de las mujeres de mi tierra, que entraron en huelga de hambre por la democracia de este país. Es una vergüenza todo lo que hace este Presidente resentido e inadaptado.”[2]
Desoyendo las reacciones de importantes sectores de la sociedad civil, el Gobierno no se disculpó ni expresó algún tipo de satisfacción moral o sicológica hacia las víctimas, menos aún intentó reparar de alguna manera el daño psicológico causado hacia las mujeres huelguistas que ejercían sus derechos a la libertad de expresión y de opinión.
[1] Fuente El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_2.html
[2] Fuente diario El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_9.html
El día viernes 24 de noviembre de 2006, aproximadamente a horas 13:00, un grupo de 17 mujeres de instituciones cívicas, agropecuarias, vecinales y voluntarias de Santa Cruza de la Sierra, iniciaron una huelga de hambre en instalaciones del Comité Cívico Femenino, exigiendo al Gobierno que se respeten los dos tercios en la Asamblea Constituyente, que se reforme la Ley INRA en consenso con los productores y que no se apruebe la norma que permita censurar a los prefectos.[1]
Esa misma tarde, enterado de la huelga de hambre de las mujeres, el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la localidad de San Julián, mientras hacía su discurso en la ocasión de la entrega de 20 tractores a los campesinos partidarios de su gobierno, agredió moral y sicológicamente a las mujeres huelguistas, al afirmar textualmente: “Me dicen que no hacen huelga, que están haciendo dieta […] tal vez están muy gordas […] Me dicen que esa huelga no es por ética, es por estética.”
Violación
Las declaraciones públicas del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, que agraden la dignidad y la honra de las mujeres huelguistas por el único motivo de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación, al constituir un hostigamiento a las mujeres que realizaban la huelga, también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, las agresiones sicológicas del Presidente contra las mujeres que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Por otra parte, en tanto busca coartar el derecho fundamental de las mujeres a la libertad de expresión y de opinión, la agresión moral y sicológica del Presidente constituye una “discriminación” contra la mujer y viola el artículo 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, de la cual Bolivia es Estado Parte, que establece: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;”
Asimismo, la agresión moral y sicológica del Presidente de la República contra las mujeres huelguistas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y de opinión, es considerada un hecho de “violencia contra la mujer”, conforme se encuentra definido por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, que establece: “Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: […] c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.”. Por tanto, la agresión del Presidente viola flagrantemente el artículo 4 de la Declaración en sus incisos b), c) y d), que establecen:
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos.
Víctimas
Las víctimas son todas las mujeres cruceñas que, en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, realizaban una huelga de hambre en las instalaciones del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, cuando el Presidente Evo Morales las agredió moralmente el 24 de noviembre de 2006.
Responsables
El responsable de las agresiones morales a las mujeres que realizaban la huelga de hambre en el Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, es el Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien públicamente les violó los derechos fundamentales a la dignidad y a la honra, con la finalidad de que dejen de ejercer sus derechos a la libertad de opinión y de expresión.
Reacción del Estado y otras reacciones
Ante la agresión moral y sicológica del Presidente Morales hacia un grupo de mujeres que residen en la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Jaime Santa Cruz, reaccionó diciendo: “Me parece una total falta de respeto de un presidente que se exprese de esa manera de las mujeres de mi tierra, que entraron en huelga de hambre por la democracia de este país. Es una vergüenza todo lo que hace este Presidente resentido e inadaptado.”[2]
Desoyendo las reacciones de importantes sectores de la sociedad civil, el Gobierno no se disculpó ni expresó algún tipo de satisfacción moral o sicológica hacia las víctimas, menos aún intentó reparar de alguna manera el daño psicológico causado hacia las mujeres huelguistas que ejercían sus derechos a la libertad de expresión y de opinión.
[1] Fuente El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_2.html
[2] Fuente diario El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_9.html
