LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEBE PRECAUTELAR LA PAZ


La movilización de milicias armadas hacia Santa Cruz de la Sierra implica un gravísimo riesgo para la protección de los derechos humanos. Ante los serios indicios de complicidad de varios poderes públicos con estas marchas violentas, incluida la promoción de las mismas desde el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y el incumplimiento de funciones de la Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda de manera urgente la intervención de la Defensoría del Pueblo, en el marco de las atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley 1818 de creación de esa institución.

Según la normativa, el Defensor del Pueblo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes” (Art. 1).

El artículo 11 de la Ley faculta a la Defensoría a “Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos” y a “Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas, a todos los órganos de la administración pública”.

Igualmente, el artículo 25 establece la obligación de colaboración de “todos los Poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos” con las acciones que emprenda la Defensoría.

En ese marco, demandamos al Defensor del Pueblo dirigir las comunicaciones necesarias a las respectivas reparticiones estatales, para cesar toda colaboración con las milicias armadas y para que las fuerzas del orden cumplan con el debido resguardo a la seguridad pública.

De la misma forma y en base a la atribución de “Ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos” (Art. 11, inciso 13), solicitamos al Defensor del Pueblo realizar urgentes gestiones de pacificación y desarme ante los dirigentes de los sectores movilizados.

23 de septiembre de 2008

PAZ PARA EL DIÁLOGO


Con gran pesar por los sucesos de violencia que enlutaron al país en los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA se dirige al gobierno de Evo Morales Ayma y a los observadores internacionales que acompañan el proceso de diálogo en la ciudad de Cochabamba, para hacer las siguientes precisiones y exhortaciones:

* El avance del diálogo nacional requiere de un correspondiente clima de paz, que haga posible el desarrollo de conversaciones sin chantajes ni presiones de ninguna de las partes. En ese marco, consideramos prioritaria la desmovilización inmediata de las milicias sindicales afines al partido de gobierno, que amenazan tanto el escenario de diálogo en El Manantial como a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

* Demandamos al Poder Ejecutivo el levantamiento inmediato del Estado de Sitio en el departamento de Pando, toda vez que esta medida represiva ha causado una grave crisis de derechos humanos en esa región, ocasionando la suspensión de las garantías constitucionales, el exilio de 400 pandinos al Brasil, secuestros nocturnos por fuerzas militares y la trágica ejecución del pastor evangélico Luis Antonio Rivero en el aeropuerto de Cobija, ametrallado por efectivos de las Fuerzas Armadas.

* La investigación imparcial de los hechos de violencia de Pando, así como las garantías para el debido proceso de los imputados, son bases inequívocas para la justicia y la pacificación. En ese sentido, pedimos el cese de todos los confinamientos y el correspondiente caso de corte para el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

* Igualmente, pedimos al Senado de la República que investigue las responsabilidades del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, en el traslado de milicias armadas desde La Paz y El Alto hasta la localidad de El Porvenir en el departamento de Pando, en las jornadas previas a los enfrentamientos del 12 de septiembre.

* Solicitamos también al Ministerio Público una investigación urgente sobre el homicidio del joven Edson Ruiz, victimado en el departamento de Santa Cruz por grupos de choque del Movimiento Al Socialismo.

* Exigimos al presidente de la república, Evo Morales Ayma, el debido respeto por los observadores y facilitadores del proceso de diálogo, tras su lamentable ataque al cardenal Julio Terrazas, exabrupto que podría entorpecer el normal desenvolvimiento de las conversaciones.

* A los observadores internacionales les pedimos la debida imparcialidad en la consideración de las circunstancias bolivianas y una comunicación ecuánime con todos los actores de las negociaciones.

20 de septiembre de 2008


MEDIDAS DE EVO MORALES PUEDEN DESATAR GUERRA CIVIL














En los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA ha dirigido varios comunicados urgentes exhortando al presidente de la república, Evo Morales Ayma, a desactivar la espiral de violencia y confrontación mediante la vía del diálogo, la desmovilización de los grupos de choque y evitando medidas represivas como la militarización o el Estado de Sitio.

Haciendo oídos sordos a éstos y otros llamados, el gobierno de Bolivia se ha empeñado en polarizar al país utilizando un lenguaje de confrontación, movilizando a grupos violentos, reprimiendo a la población civil, instruyendo la persecución judicial de líderes de oposición y callando ante la amenaza de intervención militar del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Esta política de terror derivó en 16 muertos y un centenar de heridos, además de un número no confirmado de desaparecidos, y continuó el viernes 12 de septiembre con la declaración de Estado de Sitio en Pando, que ocasionó la suspensión de las garantías constitucionales y produjo el fallecimiento de otro compatriota, ametrallado por fuerzas militares en el aeropuerto de Cobija, capital de ese departamento.

La declaración de Estado de Sitio se produjo en momentos en que el gobernador de Tarija, Mario Cossío, llegaba a la sede de gobierno en representación del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), para concertar con el Poder Ejecutivo una agenda de diálogo. Traicionando las esperanzas de reconciliación que ese encuentro había despertado entre los bolivianos, el gobierno central decidió utilizar nuevamente el recurso de la violencia.

Posteriormente, el gobierno central ha agravado la situación al impedir la llegada de una comisión de observadores de la Unión Europea y de ayuda humanitaria hasta Cobija. De igual manera, los oficiales militares a cargo del Estado Sitio se han negado a recibir a comisiones de pobladores de esa ciudad, que buscaban entablar conversaciones para impedir cualquier choque entre las Fuerzas Armadas y la población civil.

HRF-BOLIVIA alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre los efectos que podrían tener estas medidas represivas, que lejos de pacificar al país pueden enardecer aún más los ánimos y desencadenar un enfrentamiento civil generalizado, con gravísimas consecuencias.

Al presidente de la república, Evo Morales Ayma, le recordamos que es suya la principal responsabilidad por el derramamiento de sangre vivido en los días pasados y en los eventuales hechos de violencia que pudieran desatarse en las jornadas por venir. Asimismo, le indicamos que esa responsabilidad podría ocasionar su juzgamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Expresamos nuestro rotundo repudio a expresiones vertidas por el primer mandatario y por el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Sacha Llorenti, quienes señalaron que la prioridad para el gobierno es la recuperación de las instituciones públicas tomadas por manifestantes autonomistas en varios departamentos. Muy por el contrario, consideramos que la prioridad absoluta en esta y cualquier otra circunstancia es la preservación de la vida humana.

A la ONU, OEA, Unión Europea y muy especialmente a la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) a reunirse el próximo lunes en Santiago de Chile, les recordamos la responsabilidad internacional que les compete en la protección de los derechos humanos, les demandamos imparcialidad y comunicación con todos los actores del conflicto, y los exhortamos a realizar un firme llamado al gobierno boliviano para que éste retorne al camino del diálogo, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional.

Santa Cruz, 13 de septiembre de 2008

cc.

Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)

Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)

Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)

Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)

Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Louise Arbour)

Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)

Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)

Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)

Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)

Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

ALERTA INTERNACIONAL

9 MUERTOS Y 60 HERIDOS
EN CONFLICTOS CIVILES

AMENAZA DE INTERVENCIÓN
MILITAR VENEZOLANA

La espiral de conflictos desatada por la decisión del gobierno de Evo Morales Ayma de imponer una Constitución sin consenso y con un contenido racista, así como la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondiente a las regiones, derivó en la jornada de hoy en enfrentamientos entre las tropas de choque del partido oficialista (MAS), por una parte, e integrantes del Comité Cívico de Pando y funcionarios de la Prefectura de ese departamento.
El saldo trágico fueron 9 muertos y 60 heridos, que se suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la presente gestión de gobierno.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA dirige a la comunidad internacional una alerta urgente con los siguientes cometidos:

1). Solicitar a los organismos supranacionales que hagan un firme llamado al gobierno boliviano, para que éste inicie a la brevedad un diálogo verdadero con las regiones, que permita superar el actual estado de división nacional y un eventual conato de guerra civil.

2). Reiterar nuestra exhortación al gobierno de Evo Morales Ayma, para que desmovilice a sus tropas de choque y se abstenga de imponer medidas represivas a la población civil.

3). Alertar sobre la intención manifiesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de intervenir militarmente en Bolivia, como consta en declaraciones vertidas por ese mandatario a diversos medios y agencias internacionales.

Santa Cruz, 11 de septiembre de 2008

cc.
Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

Links de prensa:
http://www.infobae.com/contenidos/402765-0-0-Ya-hay-9-muertos-la-crisis-la-Bolivia-Evo
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN1144514820080911

EXHORTACIÓN URGENTE AL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA












LA SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS
ES EL DIÁLOGO, NO LA REPRESIÓN

Ante los hechos de violencia sucedidos el martes 9 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que incluyeron lamentables abusos de fuerza por parte de la Policía Militar y Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA se dirige al presidente Evo Morales Ayma para:

* Expresar nuestra preocupación y condena por el uso de medios represivos utilizados por su gobierno en los conflictos sociales que se desarrollan en cinco departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija).

* Recordarle que, en democracia, la concertación es la vía para la resolución de dichos conflictos, y demandar que su gobierno dé claras señales conducentes a un diálogo verdadero, que desactive el clima de confrontación y violencia que sacude al país.

* Condenar la militarización de cuatro departamentos, que derivó en la jornada citada en enfrentamientos con la población civil, con el saldo de múltiples heridos por balines, granadas de gas disparadas a quemarropa e intoxicaciones por gas lacrimógeno. Estos actos de brutal represión afectaron, nuevamente, a varios discapacitados.

* Denunciar públicamente el caso de un efectivo policial encapuchado, quien realizó disparos con una pistola de 9 milímetros contra la multitud en inmediaciones de Impuestos Internos de Santa Cruz (imágenes emitidas por varios canales de televisión), y pedir al Ministerio Público la investigación urgente de este delito.

* Comunicar a la opinión pública que 16 francotiradores provistos de armas largas, integrantes de la Policía Militar y Policía Nacional, fueron desarmados por la población civil en el techo del Hotel La Paz, luego de que éstos huyeran de los techos de Impuestos Internos.

* Transmitir nuestra protesta por el hecho de que dos aviones cazas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobrevolaron las residencias del centro de la ciudad, desde las 12:00 hasta las 15:30 horas, con el evidente propósito de amedrentar a la población civil.

* Lamentar la ratificación como Ministro de Gobierno del Sr. Alfredo Rada, sobre quien pesan serios indicios de responsabilidad en los homicidios de Herman Ruiz Torres (Villamontes); Osmar Flores Torres (Cochabamba); Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo (Sucre); y Hernán Montero Claros y Roberto Cáceres (Oruro), perpetrados por fuerzas militares y policiales durante su gestión.

* Exhortar a la comunidad internacional, especialmente a los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, a enfocar su atención en Bolivia y a condenar enérgicamente los abusos de la fuerza pública.

Santa Cruz de la Sierra, 9 de septiembre de 2008

cc.
Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

SECUESTROS Y TORTURAS POR GRUPO PARAMILITAR EN EL PLAN 3.000

















I. Descripción de los hechos

El día martes 19 de agosto de 2008, en horas del mediodía, se produjo un enfrentamiento callejero entre grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS, partido oficialista de Bolivia) y jóvenes autonomistas en el Plan 3.000, barrio periférico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La confrontación tuvo lugar en medio del paro cívico convocado por el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija, en reclamo contra la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos o IDH a las regiones, realizada por el gobierno central.
En esa circunstancia, grupos del MAS del Plan 3.000 y otros trasladados desde San Julián, Yapacaní y El Chapare, se concentraron en las cercanías de la Casa Autonómica de dicho barrio, con la intención declarada de incendiar ese local.
Los jóvenes autonomistas convocaron para la defensa del local a integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3.000 y unionistas de otros puntos de la ciudad, así como a miembros de Acción Joven, Grigotanos, Asociación de Comparsas Carnavaleras Cruceñas y Federación de Fraternidades.
A las 12:30 horas se desató una batalla campal, donde ambos bandos se agredieron con palos y piedras, con un saldo de varios heridos. También se registró el caso de un militante del MAS armado con dinamita. La Policía envió al lugar un reducido contingente de 100 efectivos, que se limitaron a gasificar la zona central del conflicto.
Hacia las 13:00 horas y según su propio testimonio, los hermanos Luis Pablo Lucía Lichtmann (22 años) y Julio Manuel Lucía Lichtmann (18) salieron de su domicilio en la Urbanización Josefson del Plan 3.000 junto a su amigo Carlos Gutiérrez Burgos, con la intención de acudir al lugar del conflicto en defensa de la Casa Autonómica. Luis Pablo Lucía Lichtmann portaba una camisa color caqui del grupo Grigotanos.
Habiendo caminado unos 50 metros desde su domicilio y encontrándose entre el Colegio Buenas Nuevas y el Colegio Cervantino, pasó junto a ellos en sentido contrario una ambulancia azul y negra. De acuerdo al testimonio de Luis Pablo Lucía Lichtmann, las personas que iban en la cabina de la ambulancia los habrían observado con detenimiento. Los jóvenes continuaron su marcha, pero instantes después la ambulancia se detuvo violentamente junto a ellos. La puerta corrediza se abrió y dos sujetos jalaron hacia el interior a Luis Pablo Lucía Lichtmann, quien se encontraba dos metros detrás de sus acompañantes. Acto seguido, éstos también fueron forzados a ingresar al vehículo.
En el interior fueron encañonados por un sujeto que se encontraba sentado en el asiento delantero, junto al conductor. El testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann indica que el arma utilizada fue un revólver calibre 22 y que el sujeto que lo portaba tenía un corte de pelo militar. Éste les habría amenazado de muerte, diciendo: “A mí no me pesa un plomazo (balazo), porque soy del F-10” (cuerpo de élite del Ejército boliviano, cuyos integrantes prestan servicio en la Guardia Presidencial). El testimonio de los secuestrados indica que el chofer de la ambulancia tenía acento argentino, mientras que los restantes pasajeros (7) tenían acento del Occidente de Bolivia.
Los secuestradores procedieron a golpear a los tres jóvenes y un sujeto bajo, delgado y moreno colocó el cañón de una segunda arma en la boca de Luis Pablo Lucía Lichtmann, entre nuevas amenazas de muerte. A continuación, les colocaron a los secuestrados capuchas improvisadas con banderas que llevaban los plagiadores, de color verde con una estrella roja, presumiblemente pertenecientes al Grupo Luis Espinal, organización de choque del MAS.
Pocos minutos después, el vehículo se detuvo y los secuestrados fueron bajados a empujones, en medio de una nueva serie de golpes, mientras les quitaban sus pertenencias (billeteras, celulares y zapatos). Luis Pablo Lucía Lichtmann fue despojado de su camisa, que quedó echa jirones por el forcejeo. Al caer al suelo por efecto de los golpes, Luis Pablo Lucía Lichtmann se habría aflojado la capucha, permitiéndole una visión parcial de un ojo. De esa manera pudo ver la fachada del lugar al que estaban por ingresarlos, un galpón que él identifica como el local Universo, sitio utilizado para los eventos sociales de los gremialistas del Plan 3.000, ubicado sobre la Avenida del Mechero, a cuatro cuadras de la rotonda.
Al ingresarlos al local fueron golpeados nuevamente, con cachazos en la cabeza y en la frente. A Luis Pablo Lucía Lichtmann le patearon la cara y le quebraron el tabique nasal, así como varios dientes. Luego fueron sentados en un banco y amarrados entre sí, momento en que se acercó una enfermera con uniforme blanco y un botiquín, quien pidió a los secuestradores que ya no los golpearan. Instantes después, ingresó en el galpón una joven que informó a la enfermera sobre un herido y ambas salieron (esta parte del testimonio permite deducir que el lugar era utilizado como centro de asistencia para los integrantes de los grupos de choque del MAS que resultaban heridos en la refriega).
Otras dos mujeres entraron en el galpón y golpearon a Julio Manuel Lucía Lichtmann y a Carlos Gutiérrez Burgos. Una de las atacantes era de pelo crespo y complexión robusta, acento del Occidente de Bolivia y tez blanca. Acto seguido, un hombre con acento venezolano que impartía instrucciones indicó que los secuestrados debían ser trasladados a un cuarto para interrogarlos. Los tres secuestrados fueron amarrados con una soga al cuello por el sujeto que afirmó ser del F-10, quien los llevó a empellones mientras amenazaba: “Ahora es cuando van a declarar”.
En el cuarto de interrogatorio les rociaron los pies con tinner y gasolina, entre amenazas de prenderles fuego. Carlos Gutiérrez Burgos sufrió quemaduras de cigarros en la espalda y fue golpeado con un palo en la pierna derecha. Los secuestrados escucharon la voz de otro sujeto, de acento cubano, quien ordenaba: “Hacelos declarar y después hacemos entrar a la prensa”.
El sujeto identificado como integrante del F-10 fue quien procedió al interrogatorio, golpeando a los secuestrados y efectuando un disparo al piso para obligarlos a afirmar que estaban armados.
De acuerdo al testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, a continuación el sujeto habría dicho: “Lo mismo que declararon ahora lo van a decir a canal 7” (canal estatal manejado por el gobierno). A través de su capucha removida, Luis Pablo Lucía Lichtmann vio ingresar a un camarógrafo de complexión robusta, joven, de pelo negro, pantalón negro y camisa blanca, de estatura mediana.
Después de golpearlos nuevamente, los captores les informaron que debían declarar ante cámaras que pertenecían a la Unión Juvenil Cruceñista y que portaban armas de fuego. También les advirtieron que debían mantener la vista baja, mirando hacia el suelo, cuando les quitaran las capuchas.
Realizada la filmación, el sujeto de acento venezolano habría afirmado “ahora hay que buscar adonde llevarlos”. Otra vez encapuchados, fueron conducidos al interior de la ambulancia y llevados al destacamento de policía del Plan 3.000 (DP3). Los bajaron del vehículo con las capuchas puestas y los entregaron a los policías presentes en el lugar, con quienes, de acuerdo al testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, parecían tener cierta familiaridad, ya que uno de los efectivos habría preguntado a los secuestradores: “¿Qué querés que hagamos con ellos? Son un problema para nosotros”.
Inicialmente, los encargados del DP3 se negaron a recibirlos y señalaron a los secuestradores que debían llevar a los jóvenes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En momentos en que estaban subiéndolos nuevamente a la ambulancia, un coronel habría salido de la comisaría ordenando que los bajaran.
Eran las 14:30 y Luis Pablo Lucía Lichtmann preguntó a los efectivos si los estaban deteniendo, a lo que les respondieron que no, pero que todavía no podían retirarse debido a los enfrentamientos que tenían lugar en la zona. Los hermanos Lucía Lichtmann también preguntaron a los efectivos si habían anotado la placa de la ambulancia, a lo que uno de ellos respondió que “no, porque el que los trajo era un delegado policial”.
Después de varias horas y tras una llamada del coronel a alguien a quien se dirigía como “mi general”, en la que consultó sobre los pasos a seguir en el caso de los jóvenes, los hermanos Lucía Lichtmann y Carlos Gutiérrez Burgos fueron escoltados a las 17:00 hasta sus domicilios.

II. Víctimas

Luis Pablo Lucía Lichtmann, Julio Manuel Lucía Lichtmann y Carlos Gutiérrez Burgos.
El informe forense certifica que Luis Pablo Lucía Lichtmann sufrió por efectos de las torturas recibidas una contusión encéfalo-craneana, presentando además hematoma en la zona parietal derecha, contusión en arco superciliar derecho, fractura de tabique nasal, hematoma en el pómulo izquierdo, lesión muscular en el área cervical, hematomas en toda la región dorso-lumbar y hematomas en la región abdominal (varias de estas lesiones pueden apreciarse en las fotografías adjuntas).
El informe médico dental de Luis Pablo Lichtmann muestra fractura del tercio medio incisal en cuatro piezas y fisura longitudinal en dos piezas.
El informe forense también certifica que Julio Manuel Lucía Lichtmann presenta una herida contuso-cortante en la zona frontal, contusión encéfalo-craneana, hematoma en el pómulo izquierdo, hematomas en la región abdominal, lesiones en el área cervical, escoriaciones en hombro y muñeca izquierdas y hematomas en el muslo y rodilla derechos.
El informe médico dental de Julio Manuel Lichtmann indica que éste presenta fractura del tercio medio incisal en cinco piezas.
En el caso de Carlos Gutiérrez Burgos, el mismo sufrió quemaduras en la espalda producidas por cigarro, fisura de clavícula derecha, hematomas en el muslo derecho, contusiones encéfalo-craneanas, lesión en el tobillo derecho y hematomas en la región dorso-lumbar.

III. Responsables

El testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, brindado a representantes de Human Rights Foundation-Bolivia el 20 de agosto de 2008, muestra varios indicios de responsabilidad por parte de funcionarios públicos: 1) la participación de un integrante del F-10, cuerpo de élite del Ejército nacional, cuyos miembros prestan servicios en la Guardia Presidencial; 2) participación de un equipo del canal de televisión estatal en la sesión de interrogatorio; y 3) el proceder irregular de los efectivos policiales del DP3, quienes parecen haber solapado la actuación del grupo paramilitar que secuestró y torturó a estos tres jóvenes en el Plan 3.000. El uso de una ambulancia para estas tareas represivas también sugiere que existiría responsabilidad por parte de funcionarios de alguna de las postas sanitarias implementadas por el gobierno central con personal cubano y venezolano.

IV. Reacción del Estado y otras reacciones

No existen declaraciones de condena a estos hechos por parte de funcionarios gubernamentales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió la denuncia hecha por los afectados, a través de su oficina en Santa Cruz, pero no se ha expedido sobre el particular. También se conoce que la Sra. María Andrea Echazú, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, estuvo la tarde del 19 de agosto en el lugar de los enfrentamientos en el Plan 3.000, pero tampoco se ha expedido sobre el caso de secuestro y torturas a los hermanos Lucía Lichtmann y a Carlos Gutiérrez Burgos.

Links de prensa:
http://elnuevodia.info/versiones/20080909_007573/nota_247_667336.htm
http://elnuevodia.info/versiones/20080909_007573/nota_247_667337.htm