La movilización de milicias armadas hacia Santa Cruz de la Sierra implica un gravísimo riesgo para la protección de los derechos humanos. Ante los serios indicios de complicidad de varios poderes públicos con estas marchas violentas, incluida la promoción de las mismas desde el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y el incumplimiento de funciones de la Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda de manera urgente la intervención de la Defensoría del Pueblo, en el marco de las atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley 1818 de creación de esa institución.
Según la normativa, el Defensor del Pueblo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes” (Art. 1).
El artículo 11 de la Ley faculta a la Defensoría a “Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos” y a “Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas, a todos los órganos de la administración pública”.
Igualmente, el artículo 25 establece la obligación de colaboración de “todos los Poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos” con las acciones que emprenda la Defensoría.
En ese marco, demandamos al Defensor del Pueblo dirigir las comunicaciones necesarias a las respectivas reparticiones estatales, para cesar toda colaboración con las milicias armadas y para que las fuerzas del orden cumplan con el debido resguardo a la seguridad pública.
De la misma forma y en base a la atribución de “Ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos” (Art. 11, inciso 13), solicitamos al Defensor del Pueblo realizar urgentes gestiones de pacificación y desarme ante los dirigentes de los sectores movilizados.
23 de septiembre de 2008
Según la normativa, el Defensor del Pueblo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes” (Art. 1).
El artículo 11 de la Ley faculta a la Defensoría a “Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos” y a “Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas, a todos los órganos de la administración pública”.
Igualmente, el artículo 25 establece la obligación de colaboración de “todos los Poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos” con las acciones que emprenda la Defensoría.
En ese marco, demandamos al Defensor del Pueblo dirigir las comunicaciones necesarias a las respectivas reparticiones estatales, para cesar toda colaboración con las milicias armadas y para que las fuerzas del orden cumplan con el debido resguardo a la seguridad pública.
De la misma forma y en base a la atribución de “Ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos” (Art. 11, inciso 13), solicitamos al Defensor del Pueblo realizar urgentes gestiones de pacificación y desarme ante los dirigentes de los sectores movilizados.
23 de septiembre de 2008
