ALARMANTE VIOLENCIA POR ACCIÓN Y OMISIÓN GUBERNAMENTAL

Ante el evidente abuso de fuerza cometido por fuerzas militares en la población de Camiri, ordenado por el gobierno de Evo Morales Ayma y que derivó en enfrentamientos con un saldo de 30 heridos, y ante la negligencia demostrada por la misma administración en el tratamiento del conflicto entre sectores mineros de Oruro, que generó 4 muertos, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA expresa su condena a este accionar violatorio de los derechos humanos.
La intervención para el desbloqueo de caminos en las cercanías de Camiri incluyó la gasificación de viviendas y de periodistas, efectivos militares apuntándole a niños, ancianos heridos, civiles con el rostro destrozado por balines, manifestantes con el estómago perforado y heridos de gravedad, uno de ellos en estado de coma.
Consideramos que, de acuerdo a todos los parámetros internacionales de uso de la fuerza pública, se cometieron excesos injustificables ante un conflicto social que debería haber sido solucionado mediante el diálogo.
Respecto al conflicto entre sectores mineros en la frontera entre los departamentos de Oruro y Cochabamba, lamentamos que se haya repetido la trágica experiencia de Huanuni, de un enfrentamiento largamente anunciado y ante el cual el gobierno central hizo oídos sordos, sin tomar las medidas preventivas necesarias para desactivarlo.
Igualmente, nos preocupa sobremanera la pobre actuación del Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien ante la violencia desatada por las tropas en Camiri procedió a minimizar la gravedad de lo sucedido con una serie de expresiones desafortunadas e impropias de su cargo: "Yo pensé que había un muerto, porque de haber sido así le hubiese dado otra connotación al problema", "el conflicto salió barato", etc.
Exhortamos al Congreso Nacional a conformar a la brevedad posible una comisión investigadora sobre estos lamentables sucesos. De igual manera, demandamos al gobierno central que se abstenga de utilizar la fuerza para la resolución de conflictos sociales, y que proceda a una pronta indemnización a los heridos y a los familiares de los fallecidos.
Una vez más, elevamos nuestra alarma a la comunidad internacional por las continuas prácticas violatorias a los derechos humanos realizadas por el gobierno boliviano, al tiempo de recordar que el silencio ante estos crímenes equivale a la complicidad.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de marzo de 2008