Descripción de los hechosLos hechos de este caso son ampliamente descritos en los “antecedentes” y “descripción de los hechos” correspondientes al caso “Agresiones físicas contra periodistas y toma de radios en San Julián”।
Violación
La omisión de la policía de brindar las garantías de libre locomoción y libre tránsito para que los ciudadanos bolivianos de origen indígena y mestizo, que se desplazaban pacíficamente hacia el Cabildo del Millón que se realizaría en Santa Cruz de la Sierra, pudieran ejercer allí sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, la actuaciones denunciadas contravienen los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”
Víctimas
Los agredidos eran ciudadanos bolivianos, de identificación racial mestiza y, en su mayoría, descendientes de las etnias indígenas originarias de las Provincias de Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Velasco, ubicadas al norte del departamento de Santa Cruz, a saber: guarayos, ayoreos, chiquitanos, guaraníes, paiconecas, sirionós, tembetas, etc. Entre la totalidad de las víctimas, que alcanza aproximadamente la centena de personas, se han identificado, a través de los registros de hospitales, a las siguientes personas: Miguel Cerrajero (62 años de edad), Pedro Chuquisanbé (50), Roberto Guillén (43), Porfirio Gutiérrez (52), Robertina Macarí (37), Oswaldo Dorado (42), Felipe Cantías (26), Juan Toseabo (39), Ángel Salazar (63), Martín Menchaca (19), Ismar Roque (29), Miguel Rodríguez (42), Aparicio Tusubé (21), Gregorio Tica (28), Wálter Wana (56), Marcelno Román (40), Freddy Ramos (44), José Luis Peña (32),Juan Luis Ovando (30), Santos Chávez (27), Marcelino Ramos (65), Ramón Aguilar (50), José Trujillo (23), Flavio Gómez Sánchez (27), Legni Melgar (57), Angélica Roca (48), Emma Pereyra (52), Wilson Gallardo, Lourdes Vargas (48), Manfredo Villalba (20), Daniel Cutaré (40), Olia Gutiérrez (27), Ángel Pérez (44), Yhenny Velásquez (28), Vicente Roca (20), Erik Opín (25), Pedro Pacheco (29), Raquel Sánchez (50), Silvia Roca (17), Esteban Fernández (47), Carlos Vargas (24), Carlos Serrano (43), Gabriel Montaño (26), Doroteo Chambi (43), Alberto Paredes (30), Sabino López (48), Claudia Abonet (26), Julián Hurtado (24), Samuel Saavedra (14), José Álvarez (39), Leticia Morales (22), Rogelio Álvarez (29), Nina Montero (29), Dionicio Aguilar (24), Santos Rodríguez (23), Marco Antonio Ribera (34).
Los heridos más graves fueron Rosa Durán Soliz (25) quien sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano y Luciano Rodríguez Vedia (26), quien perdió un ojo.
Responsables
El responsable de las agresiones a los manifestantes es principalmente la policía al mando de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz Alá, quien públicamente ha manifestado su voluntad de desproteger a quienes están en contra del gobierno (véase el caso del escritor Lechín más adelante). Esta actitud beligerante ha provocado inclusive impasses dentro del Comando Nacional de la Policía, cuyo comandante departamental de Santa Cruz ha admitido haber dejado de actuar por encontrarse bajo presiones desde La Paz, y dentro del Ministerio Público, cuyo Fiscal del Distrito de Santa Cruz, luego de no haber podido lograr en concurso de los policías al lugar del conflicto, ha decidido actuar de oficio en la investigación de las agresiones de San Julián.
Reacción del Estado y otras reacciones
Como reacción a la agresión sufrida en San Julián, los manifestantes que no pudieron pasar hacia Santa Cruz, volvieron a la localidad de San Ramón y realizaron allí una concentración pública de apoyo al Cabildo de Santa Cruz. Después de la concentración, algunos manifestantes quemaron la sede del partido de gobierno (MAS) en esa localidad. Más tarde, según reportaron fuentes policiales, en Cuatro Cañadas, otra localidad de la zona, también como respuesta a la agresión, una persona de nombre Limberg, quien bloqueaba la vía, habría sido herido de bala en la pierna desde un bus que se dirigía a Santa Cruz. Por su parte, en Concepción, San Javier y San Ignacio, grupos de jóvenes contrarios al Gobierno quemaron varias sedes sindicales claramente comprometidas con el partido de gobierno y casas de dirigentes del MAS. Asimismo, se habrían registrado saqueos contra los puestos de venta de supuestos militantes del Partido de Gobierno en varias localidades de las Provincias Chiquitos, Guarayos y Velasco.
Ante el desenlace de violencia, las instituciones públicas dependientes directamente del Poder Ejecutivo, reaccionaron desproporcionadamente a favor de sus militantes que sufrieron las represalias a sus agresiones en San Julián. De esta manera, contra la versión del propio comandante de policía de San Julián, el vocero gubernamental, Alex Contreras, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Saúl Medrano, temerariamente responsabilizaron a los que se dirigían pacíficamente en buses hacia Santa Cruz de haber provocado los enfrentamientos. En esa misma línea de tergiversar el enfrentamiento iniciado por los propios militantes de su partido, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, libró catorce mandamientos de apremio contra los presuntos autores de los saqueos y quemas de sede del MAS, aunque seguidamente, luego de un acuerdo de pacificación con la Fiscalía y las partes del conflicto, los tuvo que dejar sin efecto. En ese mismo sentido, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, soslayando la intolerancia a la pluralidad política de su gobierno y desconociendo que sus partidarios en San Julián (de origen indígena quechua y aymara) habían atacado a mansalva a ciudadanos bolivianos también de origen indígena (guarayo, chiquitano, guaraní, ayoreo, paiconeca, etc.), había amenazado: “Se van a hacer cumplir esos mandamientos, porque no podemos permitir que a título del conflicto político en el país, la impunidad proteja una sañuda violencia con graves ribetes de limpieza étnica (refiriéndose a sus partidarios agredidos durante las represalias). Este Gobierno no va a permitir la limpieza étnica, habrá justicia, habrá respeto y lo que tenga que investigarse del otro lado también se investigará y se hará cumplir los mandamientos de apremio con seguridad.”[1]
[1] Fuente: Agencia Boliviana de Información. Disponible en:
www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20061218222100
