Descripción de la violación
El miércoles 6 de diciembre en horas de la noche en la ciudad de La Paz, un grupo de aproximadamente 30 simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno que controla completamente el Poder Ejecutivo, y mayoritariamente el Legislativo y la Asamblea Constituyente, llegó hasta inmediaciones del canal de televisión de la Red PAT con el propósito de persuadir, a través de amenazas violentas, a los periodistas de esa red televisiva nacional para que no opinen de manera diferente al Gobierno. Entre otras cosas, la turba pedía la cabeza de Roberto Barbery Anaya, periodista cruceño reconocido a nivel nacional por su imparcialidad y por la profundidad del análisis como conductor del programa “Fisuras” y como comentarista del “Noticiero de PAT”.
Si bien este tipo de manifestaciones dirigidas por el Gobierno Nacional con la finalidad de monopolizar el tratamiento de la información se han dado en varias oportunidades (por ejemplo, contra la Red Unitel ese mismo día), debe resaltarse que preocupa mucho el hecho de que inclusive se den contra la Red PAT, que a lo largo de los años ha sido acreedora de importantes galardones por su reconocido profesionalismo e independencia en el tratamiento de la información.
Violación
La actuación de la turba de personas que amedrentó a la Red PAT y al periodista Roberto Barbery, y la complicidad del gobierno por no haberla evitado en defensa de la libertad de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también confirma las acciones estatales denunciadas en la Declaración Conjunta de 1999 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión; Freimut Duve, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; y Santiago A. Canton Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión):
Los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable. El respeto a la libertad de los medios de comunicación en nuestros Estados Miembros, si bien difiere mucho de país a país, deja mucho que desear.
Ciertos Estados continúan ejerciendo y permitiendo en sus respectivos países presiones inaceptables sobre los medios de comunicación. El grado de hostigamiento quizás sea diferente, pero el propósito general es el mismo: represión del pluralismo y del debate abierto sobre temas de interés para los ciudadanos.
Asimismo, el amedrentamiento denunciado viola la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
Víctimas
La víctima es la Red de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y, en particular, el periodista Roberto Barbery Anaya.
Responsable
El responsable por la violación del derecho a la libertad de opinión de la Red PAT y del periodista Roberto Barbery, es el Gobierno Nacional, ya que como se podrá evidenciar a través de las denuncias que siguen en este documento, éste suele operar, con medidas de amedrentamiento contra la libertad de opinión y de expresión, a través de seguidores beligerantes.
Reacción del Estado y otras reacciones
Al momento de producirse los hechos violatorios, Mario Espinoza, periodista y ejecutivo de PAT, se comunicó con el actual Vicepresidente Álvaro García, quien había sido su colega en un programa televisivo de PAT. Al día siguiente, por su parte, Carlos D. Mesa Gisbert, conocido periodista e historiador boliviano, ex presidente de la República, en su condición de presidente ejecutivo de la Red PAT, denunció ante el Vicepresidente García lo que consideró una “acción callejera” de amedrentamiento a los periodistas y analistas que trabajan en esta empresa. En una misiva, en la que se dirigía al Vicepresidente como su “amigo”, le recordó que, en su condición de analista, participó del programa “El Pentágono” y del noticiero central haciendo críticas a diferentes gobiernos de turno. Los hechos del miércoles, según establece la misiva, “mella[n] peligrosamente la libertad de expresión y muestra posiciones intolerantes que no han tenido antecedentes en nuestra historia”.
Una carta similar de denuncia fue enviada por Carlos Mesa al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Renán Estenssoro, quien expresó preocupación por la agresión a PAT y Unitel y envió una misiva pidiendo garantías a la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz: “Demandamos plenas garantías para que éstos cumplan sus labores con mayor seguridad y libertad.”
El gobierno no investigó a los responsables directos del hecho, aunque de manera reacia brindó las garantías policiales mínimas para la protección de los periodistas amedrentados, es decir, envió algunos policías para resguardar el recinto. Sin embargo la vocación de desproteger a quienes no están completamente de acuerdo con el Gobierno, como se verá más adelante, ya se fue poniendo de manifiesto desde esta oportunidad.
El miércoles 6 de diciembre en horas de la noche en la ciudad de La Paz, un grupo de aproximadamente 30 simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno que controla completamente el Poder Ejecutivo, y mayoritariamente el Legislativo y la Asamblea Constituyente, llegó hasta inmediaciones del canal de televisión de la Red PAT con el propósito de persuadir, a través de amenazas violentas, a los periodistas de esa red televisiva nacional para que no opinen de manera diferente al Gobierno. Entre otras cosas, la turba pedía la cabeza de Roberto Barbery Anaya, periodista cruceño reconocido a nivel nacional por su imparcialidad y por la profundidad del análisis como conductor del programa “Fisuras” y como comentarista del “Noticiero de PAT”.
Si bien este tipo de manifestaciones dirigidas por el Gobierno Nacional con la finalidad de monopolizar el tratamiento de la información se han dado en varias oportunidades (por ejemplo, contra la Red Unitel ese mismo día), debe resaltarse que preocupa mucho el hecho de que inclusive se den contra la Red PAT, que a lo largo de los años ha sido acreedora de importantes galardones por su reconocido profesionalismo e independencia en el tratamiento de la información.
Violación
La actuación de la turba de personas que amedrentó a la Red PAT y al periodista Roberto Barbery, y la complicidad del gobierno por no haberla evitado en defensa de la libertad de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también confirma las acciones estatales denunciadas en la Declaración Conjunta de 1999 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión; Freimut Duve, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; y Santiago A. Canton Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión):
Los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable. El respeto a la libertad de los medios de comunicación en nuestros Estados Miembros, si bien difiere mucho de país a país, deja mucho que desear.
Ciertos Estados continúan ejerciendo y permitiendo en sus respectivos países presiones inaceptables sobre los medios de comunicación. El grado de hostigamiento quizás sea diferente, pero el propósito general es el mismo: represión del pluralismo y del debate abierto sobre temas de interés para los ciudadanos.
Asimismo, el amedrentamiento denunciado viola la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
Víctimas
La víctima es la Red de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y, en particular, el periodista Roberto Barbery Anaya.
Responsable
El responsable por la violación del derecho a la libertad de opinión de la Red PAT y del periodista Roberto Barbery, es el Gobierno Nacional, ya que como se podrá evidenciar a través de las denuncias que siguen en este documento, éste suele operar, con medidas de amedrentamiento contra la libertad de opinión y de expresión, a través de seguidores beligerantes.
Reacción del Estado y otras reacciones
Al momento de producirse los hechos violatorios, Mario Espinoza, periodista y ejecutivo de PAT, se comunicó con el actual Vicepresidente Álvaro García, quien había sido su colega en un programa televisivo de PAT. Al día siguiente, por su parte, Carlos D. Mesa Gisbert, conocido periodista e historiador boliviano, ex presidente de la República, en su condición de presidente ejecutivo de la Red PAT, denunció ante el Vicepresidente García lo que consideró una “acción callejera” de amedrentamiento a los periodistas y analistas que trabajan en esta empresa. En una misiva, en la que se dirigía al Vicepresidente como su “amigo”, le recordó que, en su condición de analista, participó del programa “El Pentágono” y del noticiero central haciendo críticas a diferentes gobiernos de turno. Los hechos del miércoles, según establece la misiva, “mella[n] peligrosamente la libertad de expresión y muestra posiciones intolerantes que no han tenido antecedentes en nuestra historia”.
Una carta similar de denuncia fue enviada por Carlos Mesa al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Renán Estenssoro, quien expresó preocupación por la agresión a PAT y Unitel y envió una misiva pidiendo garantías a la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz: “Demandamos plenas garantías para que éstos cumplan sus labores con mayor seguridad y libertad.”
El gobierno no investigó a los responsables directos del hecho, aunque de manera reacia brindó las garantías policiales mínimas para la protección de los periodistas amedrentados, es decir, envió algunos policías para resguardar el recinto. Sin embargo la vocación de desproteger a quienes no están completamente de acuerdo con el Gobierno, como se verá más adelante, ya se fue poniendo de manifiesto desde esta oportunidad.
