Descripción de los hechos
El jueves 18 de octubre del 2007, a las 3:40 horas de la madrugada, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (principal terminal aérea de Bolivia) recibió una comunicación del capitán de un avión Hércules CP-130, solicitando permiso para aterrizar.
El arribo de la aeronave, cuyo propósito se desconocía, se produjo a las 3:47 horas. Minutos después, un corte en el suministro de energía eléctrica dejó a oscuras todas las instalaciones del Aeropuerto. Según testimonios de varios funcionarios regionales de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), el apagón fue seguido por la rotura de las puertas y ventanas que separan a los espacios interiores del edificio de la pista de aterrizaje, luego de lo cual se oyeron pisadas de botas y el sonido correspondiente al despliegue de un gran contingente humano.
Según testimonio de Edgar López Jiménez, controlador de tráfico aéreo, el ingreso de tropas fue acompañado de disparos realizados por los efectivos en la oscuridad, con lo que habrían resultado heridos accidentalmente dos de los militares que fueron parte del operativo comando. De acuerdo a éste y otros testigos presenciales, efectivos militares con trajes camuflados, armamento pesado y rostros con pinturas de guerra sometieron a los 20 funcionarios que se encontraban en el Centro de Control, haciendo un uso excesivo de la fuerza que incluyó empujones con las ametralladoras, además de abundantes agresiones físicas y verbales.
Los efectivos encañonaron con su armamento de guerra a los funcionarios, ordenándoles tumbarse en el suelo, tras lo cual, sin dejar de apuntarlos, procedieron a requisarles todos los efectos personales (celulares, billeteras, etc.). En esa acción fue agredido el meteorólogo Ricardo Zambrana, a quien le partieron el labio inferior por negarse a entregar su teléfono celular.
Los funcionarios de AASANA Viru Viru permanecieron detenidos en el Centro de Control y luego en otras dos salas por espacio de media hora, tras lo cual se les habría indicado que podrían irse y retornar a las 48 horas a sus puestos de trabajo, “siempre y cuando no hubieran declaraciones a la prensa y no hicieran público el operativo realizado”, según testimonio de Edgar López Jiménez y del director regional de AASANA, Ronald Toro.
En ese lapso de tiempo, llegaron al Aeropuerto dos camiones militares con efectivos de apoyo, así como un contingente de policías en motocicletas. Los funcionarios de AASANA se retiraron de las instalaciones, permaneciendo varios de ellos en el área verde contigua al Aeropuerto, lugar donde se produjo un nuevo hecho de represión, esta vez a cargo de la Policía Nacional.
Otros dos funcionarios de la Administración Aeroportuaria resultaron agredidos, cuando un efectivo policial empujó con su motocicleta a la Sra. Sara Ayala, mientras que otro lanzó gas pimienta a la cara del Dr. Jorge Hollweg, asesor legal de AASANA, quien debió ser internado de urgencia en la clínica de la Caja Petrolera por las complicaciones de hipertensión sufridas en ese momento.
El testimonio del meteorólogo Erick Dickson Salvatierra es coincidente con los anteriores. El funcionario atestigua que al cortarse el suministro de energía eléctrica, bajó desde la torre de control hacia el área de pasajeros, momento en el que escuchó fuertes sonidos de pisadas. Salvatierra preguntó quién andaba en la oscuridad y dio la voz de alto, tras lo cual fue derribado al piso y golpeado con reiteración, en medio de numerosas agresiones verbales. Casi de inmediato, dos funcionarios de AASANA que fungen de guardias de seguridad (desarmados) también dieron la voz de alto, momento en el que las tropas abrieron fuego y en el que habrían resultado heridos los dos efectivos militares, cuyos nombres aún no hemos podido confirmar.
Erick Dickson Salvatierra y los dos guardias de seguridad fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Villa 1º de Mayo (barrio periférico de Santa Cruz), bajo la acusación de ser los causantes de las heridas de los efectivos militares. La detención de los tres funcionarios de AASANA continuó hasta altas horas de la tarde, incluyendo su traslado a la comisaría del barrio 2 de agosto, presumiblemente para mantenerlos incomunicados e imposibilitarles su defensa legal.
Tras efectuarse la prueba del guantelete a los funcionarios, misma que resultó negativa, los tres fueron liberados, siendo internado en la clínica de la Caja Petrolera Erick Dickson Salvatierra, donde se recupera de la salvaje golpiza de la que fue objeto.
Es importante anotar que la intervención militar y policial de Viru Viru (aeropuerto de carácter civil) fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, y que durante varias horas se impidió el acceso de la prensa al lugar. Los funcionarios de AASANA coincidieron en denunciar el trato degradante sufrido durante la violenta intervención, así como la presencia de tropas venezolanas en el operativo comando, e informaron que los controladores profesionales fueron sustituidos por militares traídos desde La Paz y Cochabamba.
Hacia el mediodía de esa misma jornada se comentó la llegada de un segundo avión Hércules procedente de la ciudad de La Paz, supuestamente con controladores aéreos venezolanos, extremo que no ha podido ser confirmado, aunque el Canal de TV 33 “Gigavisión” mostró imágenes de varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el interior del Aeropuerto de Viru Viru.
Posteriormente, los canales Unitel y Red Uno también filmaron a efectivos venezolanos en Viru Viru, en el preciso momento en que el ministro de transporte, José Kinn, negaba su presencia.
En las primeras horas de la tarde del 18 de octubre del 2007, también circularon insistentes versiones sobre una inminente militarización de la Caja Petrolera, ante lo cual los trabajadores de esa institución de salud efectuaron una ocupación preventiva de sus instalaciones.
Violación
El proceder de los efectivos militares y policiales durante la toma del Aeropuerto Internacional de Viru Viru violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, que establece:
“Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Igualmente, la violencia de la intervención policial infringió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en su artículo 1 señala:
“La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad”.
El operativo tampoco se atuvo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dado el evidente abuso en la utilización de dichos medios:
“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA sostiene que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los funcionarios públicos sólo pueden hacer uso de la fuerza en casos estrictamente necesarios.
La intervención forzosa de la principal terminal aérea del país también habría violado el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana:
“La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.
De confirmarse que el corte en el suministro de energía eléctrica fue realizado por las tropas militares como parte de su operativo, se habría atentado también contra la seguridad de todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto, dados los altos riesgos que el apagón significó para las operaciones de tráfico aéreo.
La militarización de AASANA Viru Viru ordenada por el gobierno central también violó el Decreto Supremo 22310, que establece el carácter desconcentrado de esa repartición.
Víctimas
Las víctimas directas de militarización son los funcionarios de AASANA Viru Viru, que fueron detenidos de manera ilegal y agredidos física y psicológicamente. Las víctimas indirectas son todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, por los riesgos que conllevó la operación.
Responsables
La intervención fue ordenada y/o ejecutada por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; el ministro de defensa, Walker San Miguel; el ministro de gobierno, Alfredo Rada; y el ministro de transporte, Carlos Kinn. Igualmente, tienen responsabilidades el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Luis Trigo, quien estuvo a cargo del operativo, y el Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, Roberto Caballero.
Reacción del Estado y otras reacciones
El gobierno intentó justificar la intervención indicando que la toma se realizó para precautelar la seguridad de las operaciones de tráfico aéreo en Viru Viru, luego de las demoras sufridas por vuelos de aerolíneas como GOL, American Airlines y TAM Mercosur, por problemas administrativos sucedidos en pasados días. Así lo manifestó el vocero de la Presidencia de la República, Álex Contreras, que en entrevista concedida a Red Uno dijo: “Recurrimos a la fuerza para garantizar las operaciones aéreas”. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el operativo como “una intervención técnico-administrativa” y dijo que se realizó “Para preservar la sobrevivencia de AASANA Santa Cruz”. Ambos coincidieron en negar la participación de militares venezolanos en la toma del aeropuerto.
El presidente de la república, Evo Morales Ayma, declaró en una conferencia dada el 18 de octubre por la noche, desde la sede de la Federación de Colonizadores, que la intervención estuvo motivada por casos de corrupción en la regional de AASANA de Santa Cruz, y que quienes se oponían a la militarización eran “sectores reaccionarios y conservadores”. Fuentes del gobierno señalaron como un ejemplo de estos casos de corrupción los cobros “bajo ala” hechos por AASANA Viru Viru a varias aerolíneas.
Por su parte, la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, dijo en conferencia de prensa que la situación de AASANA Viru Viru “era insostenible” y que estaba justificada la intervención. Expresiones similares fueron utilizadas por el ministro de transportes, José Kinn, quien también negó la presencia de tropas venezolanas. Curiosamente, mientras hablaba con los canales de televisión, las cámaras enfocaron a sus espaldas a varias personas con uniformes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Posteriormente, la versión gubernamental pasó de negar la presencia de tropas venezolanas a señalar que, casualmente, se encontraba en Viru Viru un avión militar de ese país encargado de “trasladar becarios hacia Caracas”.
Varias de las autoridades citadas, así como el viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra, acusaron a los tres funcionarios de AASANA que estuvieron detenidos de ser los causantes de las heridas de los dos efectivos militares, si bien se abstuvieron de hacer comentarios luego de su liberación tras la prueba del guantelete.
El director regional de AASANA, Ronald Toro, informó que el origen de los conflictos administrativos entre la Unidad Desconcentrada y el gobierno se encuentran en la intención de este último de centralizar el manejo de esa repartición, eliminando el sistema de concurso de mérito existente hasta el momento. Asimismo, recordó que durante la gestión de Evo Morales se ha denunciado varias veces la entrada de tropas y cargamentos de Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, razón por la cual el gobierno estaría buscando eliminar todo tipo de control independiente sobre el movimiento de esa terminal aérea.
Tanto Toro como el controlador Edgar López Jiménez coincidieron en señalar que el cobro “bajo ala” está autorizado por la Superintendencia de Transportes, y que es un procedimiento normal que siempre se aplicó. Indicaron que el conflicto administrativo se originó en la decisión del gobierno de centralizar la recaudación de estos cobros en una cuenta manejada por la dirección nacional de AASANA. Toro precisó que el 60% de las recaudaciones de la Administración Aeroportuaria se originan en la regional Santa Cruz, pero que del 20.8% que debería retornar el gobierno estaría reteniendo el 14%. Igualmente, informó que fue la regional de esa repartición la que pidió a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría interna, para aclarar las acusaciones vertidas desde el gobierno nacional.
Los funcionarios de AASANA discutieron el argumento de que la intervención se haya realizado para precautelar la seguridad de las operaciones aéreas; según detallaron, ya se había llegado a un acuerdo con las aerolíneas para viabilizar los vuelos retrasados y había avances en la negociación con el gobierno central. También indicaron que el riesgo en las operaciones aumentó en gran manera con la toma militar-policial de la terminal aérea, y con la sustitución de los controladores habituales por otros inexpertos.
La militarización de Viru Viru fue rechazada de manera contundente por las autoridades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, que conformaron un Comité Interinstitucional para la defensa de la descentralización de esa repartición.
El diputado Mario Cronembold anunció que se realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos de los trabajadores del Aeropuerto. Varios parlamentarios denunciaron la intencionalidad política de la militarización y la subordinación gubernamental a instrucciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, que en días pasados advirtió con convertir a Bolivia en el “Vietnam de las ametralladoras”.
De igual manera se expresaron los representantes del Comité Pro Santa Cruz, la Prefectura Departamental (gobernación), Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Central Obrera Departamental, Federación de Juntas Vecinales, Federación Universitaria Local, Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Cámara Agropecuaria del Oriente y Federación de Empresarios Privados. Todos coincidieron en calificar a la militarización como un atentado contra las aspiraciones autonómicas de la región, y como un atentado a la soberanía nacional por la presunta participación de militares venezolanos.
En declaraciones a radio Erbol, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, dijo que la intervención del Aeropuerto era “el primer paso de una arremetida del gobierno contra la autonomía” y llamó a “hacer de la defensa del Aeropuerto un grito de libertad”.
El periodista Cayetano Llobet, tal vez el analista más prestigioso de Bolivia, declaró de manera enfática a la Red Unitel que la militarización de Viru Viru fue “una intervención innecesaria”.
En declaraciones dadas a CNN desde Washington, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Gabriel Dabdoub, señaló que la militarización del Aeropuerto de Santa Cruz fue parte del proyecto de un “Estado hegemónico y totalitario hacia el que está moviéndose el gobierno de Evo Morales, por influencia de Hugo Chávez”. Añadió que “para combatir la corrupción existen leyes y procesos judiciales. No se combate la corrupción con los militares y reprimiendo al pueblo”. Dabdoub también dijo que “El gobierno quiere volver a centralizar todas las instituciones, en este caso las AASANAS descentralizadas”.
El jueves 18 de octubre del 2007, a las 3:40 horas de la madrugada, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (principal terminal aérea de Bolivia) recibió una comunicación del capitán de un avión Hércules CP-130, solicitando permiso para aterrizar.
El arribo de la aeronave, cuyo propósito se desconocía, se produjo a las 3:47 horas. Minutos después, un corte en el suministro de energía eléctrica dejó a oscuras todas las instalaciones del Aeropuerto. Según testimonios de varios funcionarios regionales de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), el apagón fue seguido por la rotura de las puertas y ventanas que separan a los espacios interiores del edificio de la pista de aterrizaje, luego de lo cual se oyeron pisadas de botas y el sonido correspondiente al despliegue de un gran contingente humano.
Según testimonio de Edgar López Jiménez, controlador de tráfico aéreo, el ingreso de tropas fue acompañado de disparos realizados por los efectivos en la oscuridad, con lo que habrían resultado heridos accidentalmente dos de los militares que fueron parte del operativo comando. De acuerdo a éste y otros testigos presenciales, efectivos militares con trajes camuflados, armamento pesado y rostros con pinturas de guerra sometieron a los 20 funcionarios que se encontraban en el Centro de Control, haciendo un uso excesivo de la fuerza que incluyó empujones con las ametralladoras, además de abundantes agresiones físicas y verbales.
Los efectivos encañonaron con su armamento de guerra a los funcionarios, ordenándoles tumbarse en el suelo, tras lo cual, sin dejar de apuntarlos, procedieron a requisarles todos los efectos personales (celulares, billeteras, etc.). En esa acción fue agredido el meteorólogo Ricardo Zambrana, a quien le partieron el labio inferior por negarse a entregar su teléfono celular.
Los funcionarios de AASANA Viru Viru permanecieron detenidos en el Centro de Control y luego en otras dos salas por espacio de media hora, tras lo cual se les habría indicado que podrían irse y retornar a las 48 horas a sus puestos de trabajo, “siempre y cuando no hubieran declaraciones a la prensa y no hicieran público el operativo realizado”, según testimonio de Edgar López Jiménez y del director regional de AASANA, Ronald Toro.
En ese lapso de tiempo, llegaron al Aeropuerto dos camiones militares con efectivos de apoyo, así como un contingente de policías en motocicletas. Los funcionarios de AASANA se retiraron de las instalaciones, permaneciendo varios de ellos en el área verde contigua al Aeropuerto, lugar donde se produjo un nuevo hecho de represión, esta vez a cargo de la Policía Nacional.
Otros dos funcionarios de la Administración Aeroportuaria resultaron agredidos, cuando un efectivo policial empujó con su motocicleta a la Sra. Sara Ayala, mientras que otro lanzó gas pimienta a la cara del Dr. Jorge Hollweg, asesor legal de AASANA, quien debió ser internado de urgencia en la clínica de la Caja Petrolera por las complicaciones de hipertensión sufridas en ese momento.
El testimonio del meteorólogo Erick Dickson Salvatierra es coincidente con los anteriores. El funcionario atestigua que al cortarse el suministro de energía eléctrica, bajó desde la torre de control hacia el área de pasajeros, momento en el que escuchó fuertes sonidos de pisadas. Salvatierra preguntó quién andaba en la oscuridad y dio la voz de alto, tras lo cual fue derribado al piso y golpeado con reiteración, en medio de numerosas agresiones verbales. Casi de inmediato, dos funcionarios de AASANA que fungen de guardias de seguridad (desarmados) también dieron la voz de alto, momento en el que las tropas abrieron fuego y en el que habrían resultado heridos los dos efectivos militares, cuyos nombres aún no hemos podido confirmar.
Erick Dickson Salvatierra y los dos guardias de seguridad fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Villa 1º de Mayo (barrio periférico de Santa Cruz), bajo la acusación de ser los causantes de las heridas de los efectivos militares. La detención de los tres funcionarios de AASANA continuó hasta altas horas de la tarde, incluyendo su traslado a la comisaría del barrio 2 de agosto, presumiblemente para mantenerlos incomunicados e imposibilitarles su defensa legal.
Tras efectuarse la prueba del guantelete a los funcionarios, misma que resultó negativa, los tres fueron liberados, siendo internado en la clínica de la Caja Petrolera Erick Dickson Salvatierra, donde se recupera de la salvaje golpiza de la que fue objeto.
Es importante anotar que la intervención militar y policial de Viru Viru (aeropuerto de carácter civil) fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, y que durante varias horas se impidió el acceso de la prensa al lugar. Los funcionarios de AASANA coincidieron en denunciar el trato degradante sufrido durante la violenta intervención, así como la presencia de tropas venezolanas en el operativo comando, e informaron que los controladores profesionales fueron sustituidos por militares traídos desde La Paz y Cochabamba.
Hacia el mediodía de esa misma jornada se comentó la llegada de un segundo avión Hércules procedente de la ciudad de La Paz, supuestamente con controladores aéreos venezolanos, extremo que no ha podido ser confirmado, aunque el Canal de TV 33 “Gigavisión” mostró imágenes de varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el interior del Aeropuerto de Viru Viru.
Posteriormente, los canales Unitel y Red Uno también filmaron a efectivos venezolanos en Viru Viru, en el preciso momento en que el ministro de transporte, José Kinn, negaba su presencia.
En las primeras horas de la tarde del 18 de octubre del 2007, también circularon insistentes versiones sobre una inminente militarización de la Caja Petrolera, ante lo cual los trabajadores de esa institución de salud efectuaron una ocupación preventiva de sus instalaciones.
Violación
El proceder de los efectivos militares y policiales durante la toma del Aeropuerto Internacional de Viru Viru violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, que establece:
“Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Igualmente, la violencia de la intervención policial infringió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en su artículo 1 señala:
“La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad”.
El operativo tampoco se atuvo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dado el evidente abuso en la utilización de dichos medios:
“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA sostiene que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los funcionarios públicos sólo pueden hacer uso de la fuerza en casos estrictamente necesarios.
La intervención forzosa de la principal terminal aérea del país también habría violado el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana:
“La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.
De confirmarse que el corte en el suministro de energía eléctrica fue realizado por las tropas militares como parte de su operativo, se habría atentado también contra la seguridad de todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto, dados los altos riesgos que el apagón significó para las operaciones de tráfico aéreo.
La militarización de AASANA Viru Viru ordenada por el gobierno central también violó el Decreto Supremo 22310, que establece el carácter desconcentrado de esa repartición.
Víctimas
Las víctimas directas de militarización son los funcionarios de AASANA Viru Viru, que fueron detenidos de manera ilegal y agredidos física y psicológicamente. Las víctimas indirectas son todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, por los riesgos que conllevó la operación.
Responsables
La intervención fue ordenada y/o ejecutada por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; el ministro de defensa, Walker San Miguel; el ministro de gobierno, Alfredo Rada; y el ministro de transporte, Carlos Kinn. Igualmente, tienen responsabilidades el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Luis Trigo, quien estuvo a cargo del operativo, y el Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, Roberto Caballero.
Reacción del Estado y otras reacciones
El gobierno intentó justificar la intervención indicando que la toma se realizó para precautelar la seguridad de las operaciones de tráfico aéreo en Viru Viru, luego de las demoras sufridas por vuelos de aerolíneas como GOL, American Airlines y TAM Mercosur, por problemas administrativos sucedidos en pasados días. Así lo manifestó el vocero de la Presidencia de la República, Álex Contreras, que en entrevista concedida a Red Uno dijo: “Recurrimos a la fuerza para garantizar las operaciones aéreas”. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el operativo como “una intervención técnico-administrativa” y dijo que se realizó “Para preservar la sobrevivencia de AASANA Santa Cruz”. Ambos coincidieron en negar la participación de militares venezolanos en la toma del aeropuerto.
El presidente de la república, Evo Morales Ayma, declaró en una conferencia dada el 18 de octubre por la noche, desde la sede de la Federación de Colonizadores, que la intervención estuvo motivada por casos de corrupción en la regional de AASANA de Santa Cruz, y que quienes se oponían a la militarización eran “sectores reaccionarios y conservadores”. Fuentes del gobierno señalaron como un ejemplo de estos casos de corrupción los cobros “bajo ala” hechos por AASANA Viru Viru a varias aerolíneas.
Por su parte, la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, dijo en conferencia de prensa que la situación de AASANA Viru Viru “era insostenible” y que estaba justificada la intervención. Expresiones similares fueron utilizadas por el ministro de transportes, José Kinn, quien también negó la presencia de tropas venezolanas. Curiosamente, mientras hablaba con los canales de televisión, las cámaras enfocaron a sus espaldas a varias personas con uniformes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Posteriormente, la versión gubernamental pasó de negar la presencia de tropas venezolanas a señalar que, casualmente, se encontraba en Viru Viru un avión militar de ese país encargado de “trasladar becarios hacia Caracas”.
Varias de las autoridades citadas, así como el viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra, acusaron a los tres funcionarios de AASANA que estuvieron detenidos de ser los causantes de las heridas de los dos efectivos militares, si bien se abstuvieron de hacer comentarios luego de su liberación tras la prueba del guantelete.
El director regional de AASANA, Ronald Toro, informó que el origen de los conflictos administrativos entre la Unidad Desconcentrada y el gobierno se encuentran en la intención de este último de centralizar el manejo de esa repartición, eliminando el sistema de concurso de mérito existente hasta el momento. Asimismo, recordó que durante la gestión de Evo Morales se ha denunciado varias veces la entrada de tropas y cargamentos de Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, razón por la cual el gobierno estaría buscando eliminar todo tipo de control independiente sobre el movimiento de esa terminal aérea.
Tanto Toro como el controlador Edgar López Jiménez coincidieron en señalar que el cobro “bajo ala” está autorizado por la Superintendencia de Transportes, y que es un procedimiento normal que siempre se aplicó. Indicaron que el conflicto administrativo se originó en la decisión del gobierno de centralizar la recaudación de estos cobros en una cuenta manejada por la dirección nacional de AASANA. Toro precisó que el 60% de las recaudaciones de la Administración Aeroportuaria se originan en la regional Santa Cruz, pero que del 20.8% que debería retornar el gobierno estaría reteniendo el 14%. Igualmente, informó que fue la regional de esa repartición la que pidió a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría interna, para aclarar las acusaciones vertidas desde el gobierno nacional.
Los funcionarios de AASANA discutieron el argumento de que la intervención se haya realizado para precautelar la seguridad de las operaciones aéreas; según detallaron, ya se había llegado a un acuerdo con las aerolíneas para viabilizar los vuelos retrasados y había avances en la negociación con el gobierno central. También indicaron que el riesgo en las operaciones aumentó en gran manera con la toma militar-policial de la terminal aérea, y con la sustitución de los controladores habituales por otros inexpertos.
La militarización de Viru Viru fue rechazada de manera contundente por las autoridades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, que conformaron un Comité Interinstitucional para la defensa de la descentralización de esa repartición.
El diputado Mario Cronembold anunció que se realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos de los trabajadores del Aeropuerto. Varios parlamentarios denunciaron la intencionalidad política de la militarización y la subordinación gubernamental a instrucciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, que en días pasados advirtió con convertir a Bolivia en el “Vietnam de las ametralladoras”.
De igual manera se expresaron los representantes del Comité Pro Santa Cruz, la Prefectura Departamental (gobernación), Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Central Obrera Departamental, Federación de Juntas Vecinales, Federación Universitaria Local, Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Cámara Agropecuaria del Oriente y Federación de Empresarios Privados. Todos coincidieron en calificar a la militarización como un atentado contra las aspiraciones autonómicas de la región, y como un atentado a la soberanía nacional por la presunta participación de militares venezolanos.
En declaraciones a radio Erbol, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, dijo que la intervención del Aeropuerto era “el primer paso de una arremetida del gobierno contra la autonomía” y llamó a “hacer de la defensa del Aeropuerto un grito de libertad”.
El periodista Cayetano Llobet, tal vez el analista más prestigioso de Bolivia, declaró de manera enfática a la Red Unitel que la militarización de Viru Viru fue “una intervención innecesaria”.
En declaraciones dadas a CNN desde Washington, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Gabriel Dabdoub, señaló que la militarización del Aeropuerto de Santa Cruz fue parte del proyecto de un “Estado hegemónico y totalitario hacia el que está moviéndose el gobierno de Evo Morales, por influencia de Hugo Chávez”. Añadió que “para combatir la corrupción existen leyes y procesos judiciales. No se combate la corrupción con los militares y reprimiendo al pueblo”. Dabdoub también dijo que “El gobierno quiere volver a centralizar todas las instituciones, en este caso las AASANAS descentralizadas”.
