Descripción de los hechos
El jueves 18 de octubre de 2007, a las 13:00 horas, el Comité Interinstitucional conformado para defender la descentralización del Aeropuerto de Viru Viru determinó la realización de una gran marcha pacífica hacia esa terminal aérea, para exigir el cese de la militarización y la normalización de su funcionamiento institucional.
Alrededor de las 16:00 horas, una columna de aproximadamente 2.000 ciudadanos, desarmados y portando únicamente banderas cruceñas, llegó hasta la tranca de acceso del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que se encontraba custodiada por un fuerte operativo policial. Varios centenares de efectivos antimotines impidieron el paso de los manifestantes, amenazando con atropellarlos con sus motocicletas y lanzando gran cantidad de latas de gas lacrimógeno, que en varios casos impactaron directamente contra los cuerpos de los ciudadanos, causándoles heridas de diversa índole. También se hicieron disparos de balines, que hirieron al menos a cuatro manifestantes.
Varias de las personas que se encontraban al frente de la columna fueron golpeadas por los efectivos policiales, como en el caso de Analía Álvarez, periodista del diario La Estrella del Oriente que recibió golpes de laque, patadas y empujones, y que presenta múltiples heridas en brazos y piernas. Un hombre (NN) recibió un fuerte golpe que le ocasionó un corte importante en la cabeza, que obligó a los paramédicos a realizarle puntos de sutura.
Varios diputados de Santa Cruz lograron atravesar el cerco policial, no sin antes recibir los golpes de los policías que no respetaron su inmunidad parlamentaria: Wálter Arrázola, Ernesto Justiniano, Wilfredo Añez, Gary Pereira (presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña), Roxana Gentile, Mario Cronembold y María René Espada.
También fueron gasificados y/o golpeados el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; los dos vicepresidentes de esa entidad, José Luis Nuñez y Roberto Gutiérrez; la presidenta del Comité Cívico Femenino, Ruth de Lozada; la senadora María Silvia Baldomar; el secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera; los constituyentes Javier Limpias y Wilder Vaca, y los diputados Choco Pacheco, Oscar Urenda, Gina Crispieri, Michiaki Nagatani, Mamén Saavedra y Rubén Tabata.
Tres observadores de HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA pudieron constatar in situ la violencia de la represión, que obligó a los paramédicos a atender varias emergencias, como la de la presidenta del grupo “Mujeres de Septiembre”, Marioly Vincenti, que fue herida por un disparo de balín que le provocó un absceso en una pierna, razón por la cual debió ser trasladada a la clínica de la Caja Petrolera en horas de la noche.
Cabe anotar que las latas de gas lacrimógeno ocasionaron un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto, que podría haberse constituido en un riesgo para las personas que se encontraban dentro del edificio.
Un grupo de 20 personas integrado por parlamentarios, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el secretario general de la Prefectura lograron llegar hasta las instalaciones del Aeropuerto, donde desplegaron una gran bandera cruceña. Hacia las 19:00 horas entablaron un diálogo con el ministro de transportes, José Kinn, donde reclamaron la desmilitarización de la terminal aérea. Las negociaciones se interrumpieron al saberse que en la tranca de acceso había comenzado una nueva gasificación, más violenta que la anterior.
El operativo comenzó al llegar nuevos grupos de manifestantes, organizados por la Federación Universitaria Local. La represión llegó hasta la carretera y afectó a los ocupantes de los vehículos que habían quedado varados por el bloqueo de esa vía. Niños, mujeres y ancianos fueron gasificados, así como las ambulancias con los heridos. Numerosos heridos por disparos de perdigón y personas mayores con graves problemas respiratorios fue el saldo de la segunda oleada represiva.
Fueron agredidos por la policía periodistas de varios canales de televisión (PAT, Activa y SITEL), e incluso se llegó a amenazarlos con la detención. La periodista Uriel Gutiérrez, del Canal 57, debió ser trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Japonés, aquejada de dificultades respiratorias causadas por la gasificación.
Horas después, ya con la presencia del Prefecto (gobernador) del Departamento, Rubén Costas Aguilera, el Comité Interinstitucional anunció que se mantendría una vigilia durante toda la noche en la tranca de acceso, y se convocó a una concentración multitudinaria para el día siguiente con el objetivo de reunir decenas de miles de ciudadanos y efectuar la retoma pacífica del Aeropuerto.
También por la noche se conoció del arribo a Santa Cruz del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habría llegado acompañado por 100 efectivos policiales de refuerzo.
En la mañana del viernes 19 de octubre del 2007, y ante la inminencia del desplazamiento masivo de ciudadanos hacia el Aeropuerto, el ministro Quintana anunció el retiro de las fuerzas militares y policiales señalando que “Ya se ha recobrado la calma”.
A partir de las 10:00 de la mañana, y tras la rápida salida de las tropas, una concentración de 30.000 asistentes festejó en Viru Viru la desmilitarización de la terminal aérea. Allí, el Prefecto del Departamento envió un mensaje al gobierno: “Aprendan a usar el Estado de Derecho”. Los funcionarios de la regional de AASANA volvieron a sus cargos respectivos y encontraron vacía la torre de control, así como diversos destrozos ocasionados por la ocupación militar.
Violación
La feroz represión contra manifestantes desarmados y pacíficos violó los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, de los ciudadanos congregados en las afueras del Aeropuerto.
Las golpizas contra manifestantes y otros tratos violentos transgredieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 establece que:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También fue violado el artículo 9 del mismo Pacto:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
El derecho de reunión de los manifestantes fue violentado de manera flagrante, infringiéndose el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica”), el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”) y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”).
Igualmente, fueron transgredidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y la Ley, ya citados en páginas anteriores de la presente denuncia.
Las acciones de agresión a periodistas y de obstaculización a su labor violan la libertad de expresión y de opinión, conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México:
“Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.”
De igual manera, se contravino el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
También fue violada la inmunidad parlamentaria de varios diputados y de una senadora nacional, fuero establecido en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.
Víctimas
Alrededor de 3.000 manifestantes, entre ellos gran cantidad de mujeres y de personas de edad avanzada; los ocupantes de los vehículos varados en la carretera, incluyendo niños; el personal médico y paramédico que socorría a los manifestantes heridos o gasificados; los periodistas que cubrían los sucesos y varios parlamentarios nacionales, así como varias autoridades del departamento.
Responsables
El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; ministro de gobierno, Alfredo Rada; viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra; y el Comandante Departamental de Policía, Rolando Caballero.
Reacciones del Estado y otras reacciones
El ministro Quintana atribuyó la situación de tensión a “la falta de compromiso de las autoridades del departamento de Santa Cruz en la lucha contra la corrupción”, pero no ofreció explicaciones sobre la represión policial desatada en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El vocero presidencial, Álex Contreras, atribuyó la violencia a los manifestantes, línea que también siguió la cobertura del Canal 7 (de propiedad estatal y dependiente del Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social). Este medio también puso en circulación un spot donde se mostraba expedito el acceso a Viru Viru, obviando la presencia de los manifestantes.
El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, denunció que “estamos en una verdadera dictadura”, declaración coincidente con las de numerosos ciudadanos indignados que advirtieron sobre el peligro para la democracia generado por las acciones gubernamentales. En ese orden se inscriben las declaraciones de parlamentarios de Santa Cruz, como el diputado Ernesto Justiniano, quien denunció el “terrorismo de Estado”.
El prefecto Rubén Costas repudió los actos de represión y le recordó a las fuerzas policiales su condición de Comandante General del Departamento, condición reconocida por la legislación vigente de Bolivia.
El cardenal Julio Terrazas condenó la violencia en su homilía del jueves 18 de octubre, durante una misa celebrada al anochecer en la catedral de Santa Cruz de la Sierra, Basílica Menor de San Lorenzo.
El 19 de octubre, en horas de la mañana, los periodistas de Santa Cruz realizaron en la plaza 24 de septiembre una manifestación de protesta por las agresiones sufridas. Ejecutivos del Sindicato de la Prensa local censuraron el accionar policial y anunciaron un pronunciamiento que será dado a conocer el día lunes 22 de octubre.
Tras la retoma pacífica del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el día viernes 19 de octubre del 2007, el ministro Juan Ramón Quintana fue consultado por el canal 13 “Red Uno”, que pidió sus conclusiones sobre el desenlace del conflicto. El Ministro de la Presidencia dijo que “los cruceños son los derrotados”, declaración que incurriría en un acto de discriminación hacia todos los habitantes de una región del país y en una posible violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
LINKS DE PRENSA
El jueves 18 de octubre de 2007, a las 13:00 horas, el Comité Interinstitucional conformado para defender la descentralización del Aeropuerto de Viru Viru determinó la realización de una gran marcha pacífica hacia esa terminal aérea, para exigir el cese de la militarización y la normalización de su funcionamiento institucional.
Alrededor de las 16:00 horas, una columna de aproximadamente 2.000 ciudadanos, desarmados y portando únicamente banderas cruceñas, llegó hasta la tranca de acceso del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que se encontraba custodiada por un fuerte operativo policial. Varios centenares de efectivos antimotines impidieron el paso de los manifestantes, amenazando con atropellarlos con sus motocicletas y lanzando gran cantidad de latas de gas lacrimógeno, que en varios casos impactaron directamente contra los cuerpos de los ciudadanos, causándoles heridas de diversa índole. También se hicieron disparos de balines, que hirieron al menos a cuatro manifestantes.
Varias de las personas que se encontraban al frente de la columna fueron golpeadas por los efectivos policiales, como en el caso de Analía Álvarez, periodista del diario La Estrella del Oriente que recibió golpes de laque, patadas y empujones, y que presenta múltiples heridas en brazos y piernas. Un hombre (NN) recibió un fuerte golpe que le ocasionó un corte importante en la cabeza, que obligó a los paramédicos a realizarle puntos de sutura.
Varios diputados de Santa Cruz lograron atravesar el cerco policial, no sin antes recibir los golpes de los policías que no respetaron su inmunidad parlamentaria: Wálter Arrázola, Ernesto Justiniano, Wilfredo Añez, Gary Pereira (presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña), Roxana Gentile, Mario Cronembold y María René Espada.
También fueron gasificados y/o golpeados el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; los dos vicepresidentes de esa entidad, José Luis Nuñez y Roberto Gutiérrez; la presidenta del Comité Cívico Femenino, Ruth de Lozada; la senadora María Silvia Baldomar; el secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera; los constituyentes Javier Limpias y Wilder Vaca, y los diputados Choco Pacheco, Oscar Urenda, Gina Crispieri, Michiaki Nagatani, Mamén Saavedra y Rubén Tabata.
Tres observadores de HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA pudieron constatar in situ la violencia de la represión, que obligó a los paramédicos a atender varias emergencias, como la de la presidenta del grupo “Mujeres de Septiembre”, Marioly Vincenti, que fue herida por un disparo de balín que le provocó un absceso en una pierna, razón por la cual debió ser trasladada a la clínica de la Caja Petrolera en horas de la noche.
Cabe anotar que las latas de gas lacrimógeno ocasionaron un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto, que podría haberse constituido en un riesgo para las personas que se encontraban dentro del edificio.
Un grupo de 20 personas integrado por parlamentarios, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el secretario general de la Prefectura lograron llegar hasta las instalaciones del Aeropuerto, donde desplegaron una gran bandera cruceña. Hacia las 19:00 horas entablaron un diálogo con el ministro de transportes, José Kinn, donde reclamaron la desmilitarización de la terminal aérea. Las negociaciones se interrumpieron al saberse que en la tranca de acceso había comenzado una nueva gasificación, más violenta que la anterior.
El operativo comenzó al llegar nuevos grupos de manifestantes, organizados por la Federación Universitaria Local. La represión llegó hasta la carretera y afectó a los ocupantes de los vehículos que habían quedado varados por el bloqueo de esa vía. Niños, mujeres y ancianos fueron gasificados, así como las ambulancias con los heridos. Numerosos heridos por disparos de perdigón y personas mayores con graves problemas respiratorios fue el saldo de la segunda oleada represiva.
Fueron agredidos por la policía periodistas de varios canales de televisión (PAT, Activa y SITEL), e incluso se llegó a amenazarlos con la detención. La periodista Uriel Gutiérrez, del Canal 57, debió ser trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Japonés, aquejada de dificultades respiratorias causadas por la gasificación.
Horas después, ya con la presencia del Prefecto (gobernador) del Departamento, Rubén Costas Aguilera, el Comité Interinstitucional anunció que se mantendría una vigilia durante toda la noche en la tranca de acceso, y se convocó a una concentración multitudinaria para el día siguiente con el objetivo de reunir decenas de miles de ciudadanos y efectuar la retoma pacífica del Aeropuerto.
También por la noche se conoció del arribo a Santa Cruz del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habría llegado acompañado por 100 efectivos policiales de refuerzo.
En la mañana del viernes 19 de octubre del 2007, y ante la inminencia del desplazamiento masivo de ciudadanos hacia el Aeropuerto, el ministro Quintana anunció el retiro de las fuerzas militares y policiales señalando que “Ya se ha recobrado la calma”.
A partir de las 10:00 de la mañana, y tras la rápida salida de las tropas, una concentración de 30.000 asistentes festejó en Viru Viru la desmilitarización de la terminal aérea. Allí, el Prefecto del Departamento envió un mensaje al gobierno: “Aprendan a usar el Estado de Derecho”. Los funcionarios de la regional de AASANA volvieron a sus cargos respectivos y encontraron vacía la torre de control, así como diversos destrozos ocasionados por la ocupación militar.
Violación
La feroz represión contra manifestantes desarmados y pacíficos violó los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, de los ciudadanos congregados en las afueras del Aeropuerto.
Las golpizas contra manifestantes y otros tratos violentos transgredieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 establece que:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También fue violado el artículo 9 del mismo Pacto:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
El derecho de reunión de los manifestantes fue violentado de manera flagrante, infringiéndose el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica”), el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”) y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”).
Igualmente, fueron transgredidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y la Ley, ya citados en páginas anteriores de la presente denuncia.
Las acciones de agresión a periodistas y de obstaculización a su labor violan la libertad de expresión y de opinión, conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México:
“Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.”
De igual manera, se contravino el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
También fue violada la inmunidad parlamentaria de varios diputados y de una senadora nacional, fuero establecido en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.
Víctimas
Alrededor de 3.000 manifestantes, entre ellos gran cantidad de mujeres y de personas de edad avanzada; los ocupantes de los vehículos varados en la carretera, incluyendo niños; el personal médico y paramédico que socorría a los manifestantes heridos o gasificados; los periodistas que cubrían los sucesos y varios parlamentarios nacionales, así como varias autoridades del departamento.
Responsables
El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; ministro de gobierno, Alfredo Rada; viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra; y el Comandante Departamental de Policía, Rolando Caballero.
Reacciones del Estado y otras reacciones
El ministro Quintana atribuyó la situación de tensión a “la falta de compromiso de las autoridades del departamento de Santa Cruz en la lucha contra la corrupción”, pero no ofreció explicaciones sobre la represión policial desatada en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El vocero presidencial, Álex Contreras, atribuyó la violencia a los manifestantes, línea que también siguió la cobertura del Canal 7 (de propiedad estatal y dependiente del Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social). Este medio también puso en circulación un spot donde se mostraba expedito el acceso a Viru Viru, obviando la presencia de los manifestantes.
El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, denunció que “estamos en una verdadera dictadura”, declaración coincidente con las de numerosos ciudadanos indignados que advirtieron sobre el peligro para la democracia generado por las acciones gubernamentales. En ese orden se inscriben las declaraciones de parlamentarios de Santa Cruz, como el diputado Ernesto Justiniano, quien denunció el “terrorismo de Estado”.
El prefecto Rubén Costas repudió los actos de represión y le recordó a las fuerzas policiales su condición de Comandante General del Departamento, condición reconocida por la legislación vigente de Bolivia.
El cardenal Julio Terrazas condenó la violencia en su homilía del jueves 18 de octubre, durante una misa celebrada al anochecer en la catedral de Santa Cruz de la Sierra, Basílica Menor de San Lorenzo.
El 19 de octubre, en horas de la mañana, los periodistas de Santa Cruz realizaron en la plaza 24 de septiembre una manifestación de protesta por las agresiones sufridas. Ejecutivos del Sindicato de la Prensa local censuraron el accionar policial y anunciaron un pronunciamiento que será dado a conocer el día lunes 22 de octubre.
Tras la retoma pacífica del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el día viernes 19 de octubre del 2007, el ministro Juan Ramón Quintana fue consultado por el canal 13 “Red Uno”, que pidió sus conclusiones sobre el desenlace del conflicto. El Ministro de la Presidencia dijo que “los cruceños son los derrotados”, declaración que incurriría en un acto de discriminación hacia todos los habitantes de una región del país y en una posible violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
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Toma militar de Viru Viru desata furia en Santa Cruz
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