Descripción de los hechos
El día viernes 23 de noviembre del 2007, la directiva de la Asamblea Constituyente dominada por el partido de gobierno –MAS- instaló una sesión plenaria en el Liceo Militar de “La Glorieta”, en la ciudad de Sucre, capital de la República de Bolivia. Dicha sesión violó la legislación boliviana, que prohíbe deliberar en recintos militares, y sólo contó con la presencia de 145 de los 255 integrantes de la Constituyente. Adicionalmente, la directiva mantuvo la resolución ilegal dictada el 15 agosto de 2007, que prohíbe el tratamiento en plenaria de la propuesta de retorno de los poderes Legislativo y Ejecutivo a la capital de la república, incluida en varios informes de minoría de las comisiones. Esta resolución violó la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el Reglamento de Debates y la Ley de Ampliación votada el 3 de agosto del 2007, así como el fallo de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que declaró ilegal la mencionada medida. Igualmente, la primera medida tomada por la plenaria en el recinto militar -consistente en modificar el Reglamento de Debates- violó la normativa interna de la Constituyente, que indica que para modificar el Reglamento la propuesta debe ser puesta a consideración de todos los constituyentes con 72 horas de anticipación.
La instalación de la plenaria en el recinto militar y las múltiples irregularidades ocasionaron movilizaciones de protesta del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, integrado por la mayor parte de las fuerzas vivas de ese departamento. Hacia el mediodía, el Comité Interinstitucional realizó un cabildo multitudinario, donde se declaró ilegal la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente y se anunció un referéndum para resolver el debate sobre la capitalidad plena. Hacia las 13:00 horas, estudiantes de la universidad estatal “San Francisco Xavier” se dirigieron a la sede legal de la Constituyente, el Teatro Gran Mariscal, donde varios funcionarios administrativos estaban sustrayendo muebles y equipos para trasladarlos al recinto militar. Los estudiantes instalaron una vigilia alrededor del edificio para impedir el traslado, momento en el que comenzó el operativo de represión policial. Los estudiantes fueron gasificados en reiteradas ocasiones, hasta que a las 15:00 horas las fuerzas policiales de la ciudad de Sucre se replegaron a sus comandos, momento en que la represión pasó a ser ejercida por policías llegados desde la ciudad de La Paz. Entonces se intensificó la violencia represiva, con disparos de gases y balines a quemarropa y feroces golpizas propinadas con bastones. La oleada de violencia se prolongó durante toda la jornada en el centro de la ciudad y en la zona de El Tejar, a cientos de metros de La Glorieta.
El saldo de la represión fueron más de 100 personas heridas, incluyendo a un estudiante universitario con ambas piernas fracturadas por la golpiza propinada por efectivos policiales, una persona internada por un preinfarto y menores de edad intoxicados por los gases lacrimógenos, que tuvieron que ser atendidos en terapia intensiva. Asimismo, existen insistentes versiones sobre dos fallecidos, información que deberá ser confirmada en las próximas horas. También se registró una agresión de parte de efectivos policiales a un camarógrafo del canal de TV Red Uno, José Vargas, que fue golpeado y a quien se le decomisó su equipo de filmación, tras lo cual se destruyó la cinta en la que había registrado algunos de los momentos más intensos de la represión. Posteriormente, el Sindicato de la Prensa de Chuquisaca denunció que fueron dos los camarógrafos golpeados por la Policía. Paralelamente, fueron apresados más de 50 estudiantes universitarios, los mismos que habrían sufrido golpizas en el lugar de detención y que posteriormente fueron liberados de manera paulatina.
Cabe destacar que, además de la presencia de efectivos policiales y militares, también se encuentran en la ciudad de Sucre varias milicias irregulares como los “Ponchos Rojos”, de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, formación alentada por el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera. La llegada de estas milicias estuvo precedida en las jornada anterior -22 de noviembre del 2007- por un acto efectuado por esas fuerzas en su Provincia de origen, donde degollaron perros mientras proferían amenazas de muerte al prefecto (gobernador) del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y al presidente del comité cívico de la misma región, Branko Marinkovic Jovicevic. Al mismo tiempo, exhibieron armamento de guerra y realizaron ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Versiones por confirmar hablan de la presencia de francotiradores de los “Ponchos Rojos” en los cerros circundantes a la ciudad de Sucre. La llegada de 3.000 campesinos a la capital de la república se realizó con la presunta organización del gobierno nacional, en medio de amenazas de dejar a Sucre sin alimentos ni agua potable.
En las últimas semanas, varios voceros del gobierno y de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo declararon su intención de llevar al país al enfrentamiento civil. Según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, “está más cerca de lo que parece el momento de tensionamiento de fuerzas”. Por su parte, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró en un mitin celebrado en la ciudad de Tarija que se avecina “Una batalla política. Tienen que entender compañeros que acá, o vamos a salir más fortalecidos o vamos a salir débiles”. De manera similar se expresaba el máximo dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Edgar Patana, quien decía que “Ha empezado la batalla decisiva, la última que estaba esperando el pueblo, para poder hacerse escuchar”, en medio de una marcha que bajó hasta la plaza Murillo de La Paz acompañada por gritos que amenazaban: “¡Guerra civil! ¡Guerra civil!”. En coincidencia con esas amenazas, el alcalde de Achacachi y dirigente de los ponchos rojos, Eugerio Rojas, anunció que su sector se encuentra en estado de alerta ante una eventual confrontación, “incluso una guerra civil”. A esto hay que agregar las instrucciones que, según diarios locales, le habría dado el presidente de la república, Evo Morales Ayma, a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte: “Viva o muerta, me entregas la Constitución el 14 de diciembre”.
Víctimas
Más de 100 heridos, en su mayoría estudiantes de la Universidad “San Francisco Xavier”. Más de 50 detenidos y posiblemente 2 muertos. Dos camarógrafos agredidos y coartados en el ejercicio de su profesión.
Responsables
El ministro de gobierno, Alfredo Rada, que se encuentra acuartelado en el Liceo Militar de “La Glorieta” y quien presuntamente organizó la represión a la manifestación de los ciudadanos de Sucre. El viceministro de coordinación gubernamental, Héctor Arce, presente en la ciudad de Sucre durante los hechos, y el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, de cuya cartera depende el Viceministerio de Coordinación Gubernamental.
Reacción del Estado y otras reacciones
Mientras los graves hechos de violencia se sucedían en la ciudad de Sucre, el presidente de la república, Evo Morales Ayma, se paseaba en un tanque de guerra en la Unidad Militar “Calama”, en la localidad de Patacamaya. Llamó a los chuquisaqueños a “no bloquear la sesión plenaria” pero no se pronunció sobre los hechos de violencia. Por su parte, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, se refirió a los manifestantes agredidos diciendo que “son pequeños grupos que no representan a los chuquisaqueños”. El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, lamentó la acción de los uniformados, señalando que “No había necesidad de tanta violencia porque en el Teatro Gran Mariscal no había sesión alguna. Paradójicamente, esta Asamblea Constituyente que se dice popular va a sesionar en espacios que son emblema de la dictadura”. Por su parte, el constitucionalista Jorge Asbún confirmó el carácter ilegal de la sesión en el Liceo Militar, que violaría la ley 3728 del 3 de agosto de 2007, así como el artículo 6 de la ley 3364 del 6 de marzo de 2006. El diputado opositor Oscar Urenda señaló que “Está muriendo la democracia luego de 25 años”. El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado declarándose en vigilia permanente e indicando que “Quien hiere a Chuquisaca agrede a Santa Cruz”. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) declaró a través de un comunicado que “Es una aberración que contradice los principios humanos y cristianos, usar las necesidades y aspiraciones humanas como recurso de cálculo político e instrumentalizar a grupos sociales como recursos de presión, más aún cuando estas medidas pueden conducir a lamentables enfrentamientos entre hermanos”. La Iglesia espera que a través de mecanismos de conciliación “se compatibilicen aspiraciones particulares con el bienestar de la sociedad” y pidió a la población buscar el diálogo y el consenso “ante la gravedad de los hechos”. El senador del MAS, Guido Guardia, dirigió una carta al presidente de la república, Evo Morales, señalando que “Difícilmente la historia podrá reflejar que usted no será el responsable, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, de un posible derramamiento de sangre en Sucre, autorizando a una institución militar el funcionamiento de una Constituyente reunida bajo presión”.
LINKS DE PRENSA:
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-11-24/verespecial.php?id=071124023124
BOLIVIA: CAMPESINOS CERCAN SUCRE AnsaLatina.com - Italy
El día viernes 23 de noviembre del 2007, la directiva de la Asamblea Constituyente dominada por el partido de gobierno –MAS- instaló una sesión plenaria en el Liceo Militar de “La Glorieta”, en la ciudad de Sucre, capital de la República de Bolivia. Dicha sesión violó la legislación boliviana, que prohíbe deliberar en recintos militares, y sólo contó con la presencia de 145 de los 255 integrantes de la Constituyente. Adicionalmente, la directiva mantuvo la resolución ilegal dictada el 15 agosto de 2007, que prohíbe el tratamiento en plenaria de la propuesta de retorno de los poderes Legislativo y Ejecutivo a la capital de la república, incluida en varios informes de minoría de las comisiones. Esta resolución violó la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el Reglamento de Debates y la Ley de Ampliación votada el 3 de agosto del 2007, así como el fallo de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que declaró ilegal la mencionada medida. Igualmente, la primera medida tomada por la plenaria en el recinto militar -consistente en modificar el Reglamento de Debates- violó la normativa interna de la Constituyente, que indica que para modificar el Reglamento la propuesta debe ser puesta a consideración de todos los constituyentes con 72 horas de anticipación.
La instalación de la plenaria en el recinto militar y las múltiples irregularidades ocasionaron movilizaciones de protesta del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, integrado por la mayor parte de las fuerzas vivas de ese departamento. Hacia el mediodía, el Comité Interinstitucional realizó un cabildo multitudinario, donde se declaró ilegal la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente y se anunció un referéndum para resolver el debate sobre la capitalidad plena. Hacia las 13:00 horas, estudiantes de la universidad estatal “San Francisco Xavier” se dirigieron a la sede legal de la Constituyente, el Teatro Gran Mariscal, donde varios funcionarios administrativos estaban sustrayendo muebles y equipos para trasladarlos al recinto militar. Los estudiantes instalaron una vigilia alrededor del edificio para impedir el traslado, momento en el que comenzó el operativo de represión policial. Los estudiantes fueron gasificados en reiteradas ocasiones, hasta que a las 15:00 horas las fuerzas policiales de la ciudad de Sucre se replegaron a sus comandos, momento en que la represión pasó a ser ejercida por policías llegados desde la ciudad de La Paz. Entonces se intensificó la violencia represiva, con disparos de gases y balines a quemarropa y feroces golpizas propinadas con bastones. La oleada de violencia se prolongó durante toda la jornada en el centro de la ciudad y en la zona de El Tejar, a cientos de metros de La Glorieta.
El saldo de la represión fueron más de 100 personas heridas, incluyendo a un estudiante universitario con ambas piernas fracturadas por la golpiza propinada por efectivos policiales, una persona internada por un preinfarto y menores de edad intoxicados por los gases lacrimógenos, que tuvieron que ser atendidos en terapia intensiva. Asimismo, existen insistentes versiones sobre dos fallecidos, información que deberá ser confirmada en las próximas horas. También se registró una agresión de parte de efectivos policiales a un camarógrafo del canal de TV Red Uno, José Vargas, que fue golpeado y a quien se le decomisó su equipo de filmación, tras lo cual se destruyó la cinta en la que había registrado algunos de los momentos más intensos de la represión. Posteriormente, el Sindicato de la Prensa de Chuquisaca denunció que fueron dos los camarógrafos golpeados por la Policía. Paralelamente, fueron apresados más de 50 estudiantes universitarios, los mismos que habrían sufrido golpizas en el lugar de detención y que posteriormente fueron liberados de manera paulatina.
Cabe destacar que, además de la presencia de efectivos policiales y militares, también se encuentran en la ciudad de Sucre varias milicias irregulares como los “Ponchos Rojos”, de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, formación alentada por el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera. La llegada de estas milicias estuvo precedida en las jornada anterior -22 de noviembre del 2007- por un acto efectuado por esas fuerzas en su Provincia de origen, donde degollaron perros mientras proferían amenazas de muerte al prefecto (gobernador) del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y al presidente del comité cívico de la misma región, Branko Marinkovic Jovicevic. Al mismo tiempo, exhibieron armamento de guerra y realizaron ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Versiones por confirmar hablan de la presencia de francotiradores de los “Ponchos Rojos” en los cerros circundantes a la ciudad de Sucre. La llegada de 3.000 campesinos a la capital de la república se realizó con la presunta organización del gobierno nacional, en medio de amenazas de dejar a Sucre sin alimentos ni agua potable.
En las últimas semanas, varios voceros del gobierno y de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo declararon su intención de llevar al país al enfrentamiento civil. Según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, “está más cerca de lo que parece el momento de tensionamiento de fuerzas”. Por su parte, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró en un mitin celebrado en la ciudad de Tarija que se avecina “Una batalla política. Tienen que entender compañeros que acá, o vamos a salir más fortalecidos o vamos a salir débiles”. De manera similar se expresaba el máximo dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Edgar Patana, quien decía que “Ha empezado la batalla decisiva, la última que estaba esperando el pueblo, para poder hacerse escuchar”, en medio de una marcha que bajó hasta la plaza Murillo de La Paz acompañada por gritos que amenazaban: “¡Guerra civil! ¡Guerra civil!”. En coincidencia con esas amenazas, el alcalde de Achacachi y dirigente de los ponchos rojos, Eugerio Rojas, anunció que su sector se encuentra en estado de alerta ante una eventual confrontación, “incluso una guerra civil”. A esto hay que agregar las instrucciones que, según diarios locales, le habría dado el presidente de la república, Evo Morales Ayma, a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte: “Viva o muerta, me entregas la Constitución el 14 de diciembre”.
Víctimas
Más de 100 heridos, en su mayoría estudiantes de la Universidad “San Francisco Xavier”. Más de 50 detenidos y posiblemente 2 muertos. Dos camarógrafos agredidos y coartados en el ejercicio de su profesión.
Responsables
El ministro de gobierno, Alfredo Rada, que se encuentra acuartelado en el Liceo Militar de “La Glorieta” y quien presuntamente organizó la represión a la manifestación de los ciudadanos de Sucre. El viceministro de coordinación gubernamental, Héctor Arce, presente en la ciudad de Sucre durante los hechos, y el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, de cuya cartera depende el Viceministerio de Coordinación Gubernamental.
Reacción del Estado y otras reacciones
Mientras los graves hechos de violencia se sucedían en la ciudad de Sucre, el presidente de la república, Evo Morales Ayma, se paseaba en un tanque de guerra en la Unidad Militar “Calama”, en la localidad de Patacamaya. Llamó a los chuquisaqueños a “no bloquear la sesión plenaria” pero no se pronunció sobre los hechos de violencia. Por su parte, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, se refirió a los manifestantes agredidos diciendo que “son pequeños grupos que no representan a los chuquisaqueños”. El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, lamentó la acción de los uniformados, señalando que “No había necesidad de tanta violencia porque en el Teatro Gran Mariscal no había sesión alguna. Paradójicamente, esta Asamblea Constituyente que se dice popular va a sesionar en espacios que son emblema de la dictadura”. Por su parte, el constitucionalista Jorge Asbún confirmó el carácter ilegal de la sesión en el Liceo Militar, que violaría la ley 3728 del 3 de agosto de 2007, así como el artículo 6 de la ley 3364 del 6 de marzo de 2006. El diputado opositor Oscar Urenda señaló que “Está muriendo la democracia luego de 25 años”. El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado declarándose en vigilia permanente e indicando que “Quien hiere a Chuquisaca agrede a Santa Cruz”. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) declaró a través de un comunicado que “Es una aberración que contradice los principios humanos y cristianos, usar las necesidades y aspiraciones humanas como recurso de cálculo político e instrumentalizar a grupos sociales como recursos de presión, más aún cuando estas medidas pueden conducir a lamentables enfrentamientos entre hermanos”. La Iglesia espera que a través de mecanismos de conciliación “se compatibilicen aspiraciones particulares con el bienestar de la sociedad” y pidió a la población buscar el diálogo y el consenso “ante la gravedad de los hechos”. El senador del MAS, Guido Guardia, dirigió una carta al presidente de la república, Evo Morales, señalando que “Difícilmente la historia podrá reflejar que usted no será el responsable, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, de un posible derramamiento de sangre en Sucre, autorizando a una institución militar el funcionamiento de una Constituyente reunida bajo presión”.
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