RENUNCIA DE DIRECTORES DE HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA

Al crearse en marzo de 2007, Human Rights Foundation-Bolivia estableció un Directorio ad hoc presidido por el Dr. Hugo Achá, que debía tener vigencia de algunos meses hasta tanto se lograra la obtención de su personería jurídica. Tal trámite acabó extendiéndose por espacio de 1 año debido a inconvenientes burocráticos en la Prefectura de Santa Cruz, siendo finalmente expedida la personería en marzo de 2008.

Sin embargo, no se produjo entonces la correspondiente convocatoria por parte del presidente ad hoc para elegir al nuevo Directorio titular, prolongándose una situación irregular por espacio de todo el 2008 y comienzos del 2009, periodo en el que el Dr. Achá (al igual que en el 2007) no convocó al directorio a reuniones en forma regular.

Es decir, que durante toda la gestión presidencial del Dr. Achá los demás integrantes del Directorio no tuvimos un conocimiento de sus actividades.

Esta situación llegó a motivar reiteradas reclamaciones por parte de miembros del directorio, quienes pidieron un funcionamiento institucional transparente y democrático a través de varias comunicaciones debidamente registradas, así como se solicitó que sean facilitados a los miembros los Estatutos para su lectura, sin que hubiera nunca una respuesta positiva.

En marzo del corriente año, los directores preocupados se apersonaron en la Notaría de Fe Pública para lograr copias de los Estatutos. En el análisis jurídico de los Estatutos quedó claro que el periodo del presidente fenecía el 12 de abril del corriente año. Eso, tomando el periodo correspondiente a un presidente titular.

Tocado el tema de los Estatutos, el Dr. Achá indicó que según los mismos “los miembros fundadores debían permanecer en sus cargos indefinidamente”, a lo que se le explicó que según los Estatutos la gestión duraba dos años indefectiblemente.

En esta circunstancia se produjo la investigación sobre el supuesto caso de terrorismo en el que el Dr Hugo Achá fue implicado, situación que coincidió con un viaje del Dr Achá para atender asuntos familiares y un problema de salud.

Frente a esta circunstancia el directorio de la Human Rights Foundation Bolivia decidió reorganizarse en cumplimiento de los Estatutos, situación que fue duramente criticada por el Dr. Achá quien planteaba seguir indefinidamente en su cargo de Presidente. El directorio se configuró ajustándose a los Estatutos y considerando que era un momento propicio para que la fundación retome su carácter democrático y transparente.

Pese a todos los esfuerzos por mantener una actividad normal y responsable del trabajo de la fundación, nos encontramos con una serie de dificultades y trabas que vuelven a provocar un funcionamiento paralelo de la fundación con citaciones vía prensa para reuniones, que el directorio colegiado formado por Alejandra Barbery, Fernando Cuellar, Emilio Martinez y Centa Reck no han convocado.

Aclaramos que la reestructuración fue hecha en forma legítima ya que correspondía reglamentariamente una renovación de directiva.

En conclusión, la reorganización de la directiva colegiada se apegó en todo a las normas estatutarias, empero al subsistir situaciones que se prestan a confusiones en donde subsiste el déficit de comunicación y transparencia de parte del ex-presidente hacia los miembros del directorio de la fundación, es que presentamos renuncia irrevocable al directorio de la Human Rights Foundation por los serios desacuerdos existentes al interior de la misma.

Firman su renuncia irrevocable, los siguientes directores:

Fernando Cuéllar Nuñez, Centa Rek L., Emilio Martínez y Alejandra Barbery.


Santa Cruz de la Sierra, 04 de junio de 2009

ACLARACIÓN DEL DIRECTORIO DE HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA



Declaraciones realizadas al diario El Deber por la Dra. Alejandra Barbery, en representación del Directorio de Human Rights Foundation-Bolivia.


¿QUIÉN PUBLICÓ ESTO?



El día 2 de mayo del corriente año, este aviso salió publicado en las páginas clasificadas del diario El Deber, sin que la convocatoria a la que se alude en el texto hubiese sido realizada por el Directorio de Human Rights Foundation-Bolivia ni comunicada al mismo. Hechas las investigaciones correspondientes, se comprobó que el aviso fue colocado por Wilson Díaz, un miembro de la fundación que accedió a la misma invitado por el ex presidente Hugo Achá, pero quien sin embargo no integra el Directorio de Human Rights Foundation-Bolivia de acuerdo a Estatutos. Adicionalmente, la convocatoria ni siquiera respeta la sede legal de la fundación, sino que inserta como sitio de la reunión la oficina personal del Sr. Díaz. Denunciamos este lamentable intento de paralelismo institucional.

HRF-BOLIVIA SE REESTRUCTURA Y REPUDIA AGRESIÓN A DIRIGENTE INDÍGENA



A pesar del evidente hostigamiento e intento de descalificación, Human Rights Foundation-Bolivia continuará realizando su labor de monitoreo de los derechos humanos con normalidad, para lo cual se reestructura institucionalmente con una nueva dirección colegiada integrada por Alejandra Barbery, Centa Reck, Emilio Martínez y Fernando Cuéllar.

Human Rights Foundation-Bolivia aclara que cuenta con su personería jurídica en regla y no tiene que inscribirse ante la Cancillería por ser una fundación nacional. Tampoco debe inscribirse en el Registro Único de ONGs, que está destinado a organizaciones de desarrollo y asistenciales.

HRF-Bolivia informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre los “controles administrativos arbitrarios” como uno de los mecanismos habituales utilizados por gobiernos con tendencias autoritarias para hostigar a las organizaciones de derechos humanos. También alerta la CIDH sobre los intentos gubernamentales de descalificar a los organismos de DDHH en base a acusaciones de estar vinculados a supuestos grupos irregulares.

HRF-Bolivia repudia la salvaje agresión de la que fue objeto el dirigente indígena Marcial Fabricano, a manos de presuntos partidarios del presidente Evo Morales.


1. REESTRUCTURA

A pesar del evidente hostigamiento e intento de descalificación del que ha sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales, Human Rights Foundation-Bolivia continuará realizando su labor de monitoreo de los derechos humanos con normalidad, para lo cual se reestructura con una nueva directiva colegiada integrada por Alejandra Barbery, Centa Reck, Emilio Martínez y Fernando Cuéllar.

Esta dirección colegiada tendrá el cometido principal de fortalecer institucionalmente a la fundación y ampliar los contactos con organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, para una mejor salvaguarda de las garantías fundamentales de los bolivianos.


2. SITUACIÓN LEGAL

Ante reiteradas declaraciones de voceros de gobierno en las que se pretende arrojar dudas sobre la situación legal de Human Rights Foundation-Bolivia, informamos a la opinion pública que nuestra Fundación ha cumplido con todos los requisitos jurídicos para el debido funcionamiento, contando con la correspondiente personería jurídica expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.

Igualmente, indicamos que en nuestro caso no procede el registro ante la Cancillería, por tratarse de una fundación nacional con personería boliviana. En este marco autónomo, HRF-Bolivia coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que la une un convenio de colaboración, al igual que con una decena de ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (Unoamérica). Sin embargo, no recibe financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas sus acciones con el exclusivo aporte de sus miembros, en carácter de voluntariado.

De la misma forma, informamos que no es procedente la inscripción ante el Registro Único Nacional de ONGs, ya que éste ha sido destinado por el decreto supremo 22409 a las instituciones “que realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación externa en el territorio nacional”. Claramente, Human Rights Foundation-Bolivia no realiza funciones de desarrollo o asistenciales, ni tampoco recibe fondos del Estado ni de la cooperación externa.


3. LA OPINIÓN DE LA CIDH

Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha advertido en su “Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas” (http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensorescap5.htm) acerca de los controles administrativos arbitrarios contra las organizaciones de DDHH, como uno de los mecanismos habituales utilizados por gobiernos con tendencias autoritarias para silenciar a quienes denuncias los atropellos a las garantías fundamentales.

La CIDH ha observado las “políticas o prácticas que restringen o limitan el ejercicio de las organizaciones de derechos humanos mediante controles administrativos, tributarios y fiscales abusivos”. Al respecto, la Representante Especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las “crecientes restricciones que imponen los Estados, mediante artificios legales, para limitar la libertad de asociación, y por el hecho de que los Estados recurran cada vez más al ordenamiento jurídico para hostigar a los defensores de los derechos humanos y obstaculizar su labor”.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advierte sobre la práctica de los gobiernos antidemocráticos de descalificar y hostigar a las organizaciones de DDHH mediante acusaciones de estar vinculadas a “grupos disidentes armados”.

El citado documento condena las “Campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales que menoscaban el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos”.

La CIDH indica que:

“El trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos también se ve limitado por las expresiones de altos funcionarios públicos que desacreditan su labor y que generan o agravan un contexto adverso para la defensa de los derechos. Igualmente, la Comisión nota que en algunos casos las defensoras y defensores son hostigados por los Estados mediante la apertura de procedimientos penales que buscan impedir el libre ejercicio de la defensa de intereses legítimos”.

“La Comisión ha tenido conocimiento que en algunos Estados americanos las defensoras y defensores de derechos humanos han visto menoscabada su labor por discursos que descalifican su trabajo. En declaraciones públicas, agentes del Estado han identificado la labor desarrollada por defensoras y defensores como ilegal, o se les ha acusado públicamente como delincuentes, subversivos o terroristas”.

“La Comisión observa que esas declaraciones deslegitiman y desacreditan la labor de estos actores sociales e incrementan su vulnerabilidad. En varias ocasiones, tales declaraciones sugieren que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colaboran con grupos disidentes armados, o proyectan campañas que atentan contra la seguridad del Estado o desprestigian la imagen internacional de los países”.

“Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos”.

“En otros casos, lo que se hace es iniciar procesos judiciales de tipo penal sin fundamentos de prueba con el objeto de hostigar a los miembros de las organizaciones, quienes deben asumir la carga psicológica y económica de afrontar una acusación penal. Estos procesos habitualmente comportan la imputación de los delitos de rebelión, atentado contra el orden público o la seguridad del Estado y la integración de grupos ilegales”.


4. AGRESIÓN A DIRIGENTE INDÍGENA

Human Rights Foundation-Bolivia repudia el salvaje flagelamiento del que fue víctima el dirigente indígena Marcial Fabricano, a manos de presuntos partidarios del presidente Evo Morales.
El ataque se inscribe en el marco de una beligerante campaña de persecusión a toda forma de disidencia, instigada por discursos de confrontación emitidos desde altas esferas de gobierno.
Nos sorprenden las declaraciones de dirigentes presumiblemente cooptados por el gobierno, como el Sr. Adolfo Chávez de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), quien ha justificado el violento castigo cuando éste claramente no forma parte de las prácticas culturales o ancestrales habituales en estos pueblos.
Convocamos a otras organizaciones de derechos humanos presentes en el país a acabar con el silencio que han mantenido en este caso y a pronunciarse debidamente.
Exhortamos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Relatoría Especial para los Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a promover la investigación de esta agresión, para acabar con la impunidad de los responsables e impedir que se repitan hechos de esta naturaleza.

Santa Cruz de la Sierra, 12 de mayo de 2009


ONG ALEMANA CUESTIONA AL GOBIERNO BOLIVIANO POR VIOLACIONES A LOS DDHH

Comunidad de Trabajo Internacional "Libertad y Democracia"
Alte Poststraße 35 - 685598 Baldham Löhleinstr. 47 – 14195 Berlín

Al Presidente de Bolivia Berlín, 10 de mayo de 2009
Sr. Evo Morales
Palacio de Gobierno
Plaza de Murillo
La Paz

Sr. Presidente:

La prensa internacional y numerosas organizaciones no gubernamentales han publicado informes sobre la política interior de su gobierno que constituyen motivo de honda preocupación ya que ellas manifiestan ostensiblemente el afán de consolidar su poder por procedimientos muy alejados a los que caracterizan a una sociedad libre y civilizada.
Usted subió al poder en base a elecciones impecables. Es lamentable que ahora desnaturalice ese título legítimo con medidas destinadas a concentrar dictatorialmente su poder y a mantenerse indefinidamente en el gobierno de la nación, cercenando las libertades fundamentales de toda sociedad democrática.
En esta carta queremos referirnos concretamente a los sangrientos sucesos de Pando en septiembre del 2008.
El informe de la comisión enviada por UNASUR llegó a la conclusión de que la responsabilidad de los luctuosos sucesos fue de la oposición, motivo por el cual su gobierno ordenó la prisión del Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. Como dicho informe ofrecía muchas dudas (comenzando por el insólito hecho de estar dirigida por el antiguo terrorista argentino Sr. Mattarrollo), algunas organizaciones no gubernamentales de distintos países de Hispanoamérica decidieron realizar amplias investigaciones sobre el terreno. El resultado de las mismas pone de manifiesto que fueron los órganos de seguridad de su gobierno los autores de las numerosas muertes. Los redactores del nuevo informe participan que en base a los documentos que poseen se proponen presentar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos una acusación de lesa humanidad en contra de su gobierno.
Si usted está convencido de que una acusación de tal naturaleza carece de fundamento y que no tiene nada que ocultar, la reacción normal debería haber sido esperar con toda tranquilidad el desarrollo del proceso judicial, presentando las pruebas que demuestran su inocencia. Desgraciadamente no ha sido así. Por el contrario, su gobierno ha desatado una campaña de criminalización y una feroz persecución de las organizaciones y personas que participaron en las investigaciones. Tal comportamiento es sumamente reprobable y, desde luego, muy sospechosa.
Seños Presidente: la erradicación de las numerosas barreras que impiden el desarrollo de Bolivia sólo puede llevarse a cabo con la cooperación de todos los ciudadanos, con el máximo respeto de los derechos de cada persona y de los grupos de la sociedad boliviana. Una política buena, racional y humana no debe asentarse en ningún caso en la violencia y en la opresión. Lamentablemente ésa no es la política que usted está impulsando y ella ya está llevando a graves confrontaciones. Aún está a tiempo de desandar este fatídico camino.
Le saludamos con los sentimientos de nuestra más distinguida consideración.

Prof. Dr. José Leopoldo Decamilli
Presidente

DERECHOS HUMANOS DEL URUGUAY SE PRONUNCIA SOBRE BOLIVIA

El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU) manifiesta su profundo rechazo ante la persecución y acoso de que están siendo objeto en Bolivia las personas y organizaciones civiles opositoras al Gobierno.
Resulta inadmisible que en un país que se dice democrático se estén violando no sólo los principios que atañen a la Democracia, sino también los derechos humanos de la ciudadanía que no es adicta al régimen de turno.
Exhortamos a la comunidad internacional a que observe con detenimiento la evolución de los avasallamientos comentados, expresando su repulsa a los mismos en los medios a su alcance.

Hugo Ferrari
Presidente

hugosalv@hotmail.com

REPORTE INSTITUCIONAL 2007-2009


DATOS GENERALES

Human Rights Foundation-Bolivia es una fundación nacional, creada el 20 de marzo de 2007 con el cometido de promover la protección de los derechos humanos en nuestro país. Desde sus inicios, la organización logró nuclear a prestigiosos juristas e intelectuales, que garantizan la idoneidad de su actuación institucional.

Human Rights Foundation-Bolivia sostiene como único accionar legítimo el diálogo democrático y el marco legal establecido por el Estado de Derecho, condenando toda forma de violencia política.

Coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que la une un convenio de colaboración. También coopera con una decena de ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica). Sin embargo, no recibe financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas sus acciones con el exclusivo aporte de sus miembros, en carácter de voluntariado.

PERSONERÍA Y REGISTRO

Cuenta con la debida personería jurídica, expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.

La inscripción en el Registro Único Nacional de ONGs no es obligatoria para cualquier clase de fundación o asociación civil, sino para cierto tipo específico de organizaciones. El Decreto Supremo 22409 del 11 de enero de 1990, que estableció la creación de dicho Registro, estipula en su Artículo 1 que “Se entiende por organizaciones no gubernamentales (ONGs), a los efectos del presente decreto, a las instituciones privadas o personas jurídicas, sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico que realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación externa en el territorio nacional”. Claramente, Human Rights Foundation-Bolivia no realiza funciones de desarrollo y/o asistenciales, ni tampoco recibe fondos del Estado ni de la cooperación externa.

GESTIÓN

Desde su creación, Human Rights Foundation-Bolivia ha realizado una intensa labor de monitoreo y observatorio sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, elaborando 13 informes sobre casos específicos, aportando datos para los informes de Human Rights Foundation (NY) y emitiendo comunicados y llamados de alerta ante diversas situaciones de emergencia que implicaron violaciones a los derechos y garantías fundamentales.

De particular relevancia fue el documento presentado por HRF-Bolivia ante la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea Constituyente en mayo de 2007, con una propuesta para la protección de los DDHH en el nuevo texto constitucional.

En dicho documento se proponía constitucionalizar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es signataria; preservar y fortalecer el control independiente de constitucionalidad; sujetar la justicia comunitaria a la apelación ante los órganos superiores del Poder Judicial; evitar la creación de un “suprapoder” y prohibir la delegación de poderes del Legislativo al Ejecutivo.

Human Rights Foundation-Bolivia también participó en diversas actividades académicas ligadas a la temática de los derechos humanos y realizó tareas de Observación Electoral en varias consultas ciudadanas.

INFORMES

- Detención del periodista de El Nuevo Día José Antonio Quisbert.
- Ataque a huelguistas de hambre en la Iglesia de San Francisco (agresión al escritor Juan Claudio Lechín, el ex presidente de CAINCO Gabriel Dabdoub, el dirigente del Movimiento Sin Tierra Ángel Durán y otros).
- Amedrentamiento a la Red PAT (amenazas al analista Roberto Barbery Anaya).
- Agresión moral y psicológica contra mujeres en huelga de hambre (Comité Cívico Femenino).
- Detención de manifestante en el aeropuerto de Cochabamba (caso Jéssica Echeverría).
- Manifestantes emboscados y agredidos en San Julián.
- Agresiones a periodistas y toma de radios en San Julián.
- Detención del refugiado político Amauris Samartino.
- Represión a manifestantes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
- Militarización del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
- Represión policial en Sucre (noviembre de 2007).
- Detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval.
- Secuestro de jóvenes activistas en el Plan 3.000.

Aporte de datos al Informe sobre Justicia Comunitaria elaborado por Human Rights Foundation (NY).

ALERTAS Y COMUNICADOS

- Llamado de alerta por el uso excesivo de fuerza pública en las manifestaciones de Sucre (septiembre de 2007).
- Cronología: muertes por violencia política.
- Llamado al Defensor del Pueblo.
- Llamado urgente a la ONU y OEA sobre amenaza de intervención militar en Bolivia.
- Llamado para que cesen los crímenes de lesa humanidad contra la población de Sucre.
- Política de “justicia comunitaria” alienta linchamientos raciales.
- Agresiones durante el cerco al Congreso de febrero de 2008.
- Alarmante violencia por acción u omisión gubernamental.
- Exhortación a la Corte Nacional Electoral en defensa del control de constitucionalidad.
- “No más muertos” (comunicado del 8 de agosto, ante nuevos decesos en enfrentamientos politicos).
- Exhortación urgente al gobierno: la solución a los conflictos es el diálogo, no la represión (septiembre de 2008).
- Alerta internacional: muertos y heridos en conflictos civiles.
- Medidas gubernamentales pueden desatar guerra civil.
- Paz para el diálogo.
- La Defensoría del Pueblo debe precautelar la paz.
- 21 presos políticos en Bolivia.
- Comunicado sobre la detención del periodista Jorge Melgar.
- Irregularidades electorales (enero de 2009).
- HRF-Bolivia denuncia persecusión a opositores (detenciones en Pando y toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas).
- Por una Bolivia sin presos políticos (en apoyo al movimiento Liberen la Verdad).
- Agresión a activista en Santa Cruz (caso Diana Román Mauthe).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- Exposición sobre “Violaciones a los DDHH en la ciudad de Sucre” (10 de abril de 2008).
- Participación en el panel “Diagnóstico de los DDHH en Bolivia” (marzo de 2009).
- Conferencia sobre el proceso constituyente y la situación de los derechos humanos en Bolivia (Montevideo- Círculo de la Prensa del Uruguay, mayo de 2009).

OBSERVATORIO ELECTORAL

- Human Rights Foundation (NY) y la Human Rights Foundation-Bolivia realizaron tareas de monitoreo y observatorio en el Referéndum Departamental Ratificatorio del Estatuto Autonómico en Santa Cruz (4 de mayo de 2008).
- Human Rights Foundation-Bolivia realizó tareas de observatorio electoral en los referendos autonómicos de Beni, Pando y Tarija (mayo-junio de 2008).
- HRF-Bolivia realiza trabajos de monitoreo en el Referéndum Constitucional Ratificatorio y el Referéndum Dirimidor (enero de 2009).

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

Todos y cada uno de los documentos emitidos, disponibles en el blog http://hrfbolivia.blogspot.com, así como la totalidad del accionar institucional de Human Rights Foundation-Bolivia, tienen como eje la promoción del diálogo y de la paz, la defensa de las garantías y libertades, el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como la solución no violenta de los conflictos sociales.
Por esta razón, nos alarma el hecho de que nuestra institución pretenda ser vinculada por funcionarios de gobierno con un presunto grupo irregular. Sobre el particular, subrayamos lo manifestado por varios integrantes de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados, que desmienten de manera categorica cualquier vínculo entre nuestra institución y la presunta célula irregular:

“En la investigación no se encontró evidencia de que la fundación HRF haya apoyado económicamente a extranjeros y bolivianos para ejecutar el supuesto plan contra el jefe de Estado” (diputado Pablo Banegas).

Sobre las acusaciones vertidas en este mismo sentido contra el presidente saliente de nuestra institución, Dr. Hugo Achá Melgar, el directorio de Human Rights Foundation-Bolivia reitera la confianza en su idoneidad personal y profesional.

Como garantías para un completo esclarecimiento de la verdad, pedimos la descontaminación política del proceso de investigación, el pleno respeto a los principios del debido proceso y el accionar independiente de la justicia.

Todo nuestro trabajo responde al ideal de un país donde se respeten los derechos de las personas, que son finalmente el corazón de la sociedad. En un sistema democrático, no debería haber razón para que un gobierno se sienta afectado por la labor de ciudadanos que vigilan la protección de esos derechos fundamentales.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA DESMIENTE AL VICEMINISTRO LLORENTI



Reiteradamente, personeros del gobierno de Bolivia han vertido información inexacta sobre las organizaciones protectoras de los derechos humanos.

En días pasados, en directa alusión a Human Rights Foundation-Bolivia, el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, afirmó que "Averiguadas las cosas, esta fundación no tiene registro en el país ni permiso de funcionamiento por las instancias llamadas por ley".

La afirmación del Viceministro es incorrecta, ya que Human Rights Foundation-Bolivia cuenta con la debida personería jurídica, expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.

Exhortamos al viceministro Llorenti a informarse de manera más cuidadosa antes de emitir declaraciones que pueden afectar el prestigio de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Santa Cruz de la Sierra, 4 de mayo de 2009

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DIGITALIZADA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

Cc.

Human Rights Foundation
Amnesty International
Human Rights Watch
Sociedad Interamericana de Prensa
Reporteros Sin Fronteras
Representante Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos
Front Line Protection of Human Rights Defenders
Committee to Aid Human Rights Activists
Parlamento Europeo- Human Rights Unit
Parlamento Eropeo- Subcommittee on Human Rights
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos
Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos-Polonia
Human Rights First

Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay
Internacional Society for Human Rights
Tribunal Russell
Alliance for Freedom and Dignity - AFD Europe
Fundación Andrei Sajarov

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua
Comité Cubano para los Derechos Humanos
Observatorio de derechos humanos del Uruguay
Freedom Forum
Unión de Organizaciones Democráticas de América
Fundación Verdad Colombia
Fundación Defensa Patria
Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana
Movimiento por la Verdadera Historia-Argentina
Farol de la Democracia Representativa-Brasil
Foundation for Investigation of Communist Crimes

Parlamento del Reino Unido - House of Lords
Comisión Internacional de Juristas
Memorial-Rusia
Fundación Círculo de Montevideo
Club de Madrid
PEN International
PEN American Center
Liberpress
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba

ALGO SENCILLO QUE TODOS PODEMOS HACER PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA

Si estás en desacuerdo con la persecución iniciada por el gobierno de Evo Morales contra los defensores de los derechos humanos, envía una nota de queja al e-mail de la Presidencia de la República (correo@presidencia.gov.bo) o a los correos de la Cancillería boliviana (mreuno@rree.gov.bo y dgcr@rree.gov.bo).
No hace falta que escribas una carta, sólo unas cuantas líneas asentando tu protesta por esa medida antidemocrática.
También sería útil que hagas llegar tu nota a las organizaciones de derechos humanos de otros países.
Aquí va una lista de varias:
info@thehrf.org, info@es.amnesty.org, hrwnyc@hrw.org, berlin@hrw.org, hrwbe@hrw.org, chicago@hrw.org, hrwgva@hrw.org, hrwuk@hrw.org, hrwlasb@hrw.org, paris@hrw.org, hrwsf@hrw.org, tokyo@hrw.org, hrwdc@hrw.org, hrwpress@hrw.org, Eleanor.Hevey@hrw.org, info@communistcrimes.org, rsf@rsf.org, xp-droi@europarl.europa.eu, l.kraszynski@hfhrpol.waw.pl, info@frontlinedefenders.org, euoffice@frontlinedefenders.org, infopoint@coe.int, bureau.paris@coe.int, bureau.bruxelles@coe.int, info@icj.org, feedback@humanrightsfirst.org, tb-petitions@ohchr.org, 1503@ohchr.org, cidhoea@oas.org, corteidh@corteidh.or.cr, info@ishr.org, info@afdbelgium.com, rodolfo@ccpdh.org, news@freedomforum.org, secretaria@circulodemontevideo.com, clubmadrid@clubmadrid.org, pen@pen.org, cubaexilio@cahra.org, liberpress@gmail.com, caitrionarice@frontlinedefenders.org, acutangulo@yahoo.com, alek@thehrf.org, residentesorientales@arofl.org
PODÉS HACER LA DIFERENCIA ENTRE DICTADURA Y DEMOCRACIA

LLAMADO URGENTE A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS/URGENT CALL TO HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS

El gobierno boliviano está llevando a cabo una feroz persecución contra activistas de derechos humanos en Bolivia y en Argentina.Esto se debe a que, en marzo de este año, ONGs de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, junto con el capítulo boliviano de la Human Rights Foundation, iniciaron una investigación sobre la “Masacre de Pando”, ejecutada en septiembre de 2009.
Luego de un exhaustivo análisis, la investigación concluye que el gobierno de Evo Morales planificó y ejecutó la masacre, inculpando luego a la oposición.Por este motivo, en los próximos días, se presentará una acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad.
Para impedir que la verdad sea conocida, el gobierno de Evo Morales comenzó una brutal campaña de desprestigio y de criminalización -basada en mentiras y calumnias- contra los miembros de la Human Rights Foundation y demás activistas de derechos humanos que participaron en esta investigación, lo cual pone en riesgo la integridad e incluso la vida de estas personas.
La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, hace un llamado urgente a todas las organizaciones de derechos humanos para que emitan un alerta internacional sobre esta situación, y para que se pronuncien públicamente, escribiendo a las autoridades bolivianas (gobierno, embajadas y consulados), exigiendo el respeto a los derechos de estos activistas.
The Bolivian government is carrying out a fierce persecution against human rights activists in Bolivia and Argentina. This is because in March of this year, human rights NGOs from Argentina, Colombia, Uruguay and Venezuela, together with the Bolivian chapter of the Human Rights Foundation, initiated an investigation on the "Slaughter of Pando", executed in September 2009. After an exhaustive analysis, the research concludes that the government of Evo Morales planned and executed the slaughter, and latter falsely accused the opposition. For this reason, in the coming days, the Bolivian government will be sued in the Inter-American Court of Human Rights for crimes against humanity. To prevent this action, the government of Evo Morales began a brutal campaign of vilification and criminalization -based on lies and slander- against the Human Rights Foundation members and other human rights activists who participated in this investigation, something which endangers the integrity and even the lives of these people. UnoAmérica makes an urgent appeal to all human rights organizations to issue an international alert about this situation, to speak out publicly, and even write to the Bolivian authorities (government, embassies and consulates), demanding the enforcement of necessary measures to protect the rights of this human rights activists.
Alejandro Peña Esclusa
Caracas - Venezuela

HRF INTERNACIONAL DESMIENTE A EVO MORALES

Declaración de Sarah Wasserman, Directora General de Operaciones de la Human Rights Foundation ante las amenazas del presidente de Bolivia en su discurso del 1-5-2009.
Nueva York, 2 de mayo de 2009 - El gobierno del presidente Evo Morales está empeñado en descalificar a los defensores de derechos humanos en Bolivia y amenazó con cárcel, al personal de HRF-Bolivia, y con expulsión, a los que no siendo bolivianos laboramos en la protección de los derechos de los bolivianos. En los últimos días, funcionarios del gobierno boliviano han intentado vincular a cualquier costo el accionar de la HRF Bolivia con actividades de una supuesta organización delictiva que planeaba un acto de magnicidio. Inicialmente, el Presidente de la HRF-Bolivia, Hugo Acha, fue denunciado públicamente por las autoridades de gobierno de estar involucrado con la supuesta organización delictiva. Días después, los mismos funcionarios afirmaron que el Sr. Acha era “el financiador” de la organización delictiva. Finalmente, el gobierno secuestró violentamente, trasladó a La Paz y torturó a una persona, que terminó diciendo que el Sr. Acha era un “contacto” de la organización. Estas acusaciones tienen como objetivo el crear una cortina de humo para invalidar las investigaciones de la HRF y vilipendiar la reputación de la institución. Rechazamos categóricamente los señalamientos del gobierno boliviano y le damos la bienvenida a una investigación transparente y exhaustiva a estos asuntos. En el día de ayer, los ataques furibundos del presidente Morales han sido dirigidos contra la HRF internacional, que parece ser el objetivo principal de la campaña de desprestigio encabezada por el mandatario boliviano. La HRF internacional ha realizado un sinnúmero de informes y denuncias internacionales contra la destrucción de las instituciones democráticas y las graduales violaciones a los derechos humanos en Bolivia. La HRF ha denunciado ante la OEA el creciente carácter antidemocrático del gobierno de Morales, y ha realizado un informe que concluye que el gobierno de Morales incita abiertamente la violencia política y el odio racial en ese país, situación gravísima que ya ha provocado más de 40 bolivianos muertos, trescientos heridos y mutilados, y decenas de personas arbitrariamente detenidas y presas sin el mínimo respeto a sus garantías constitucionales.Desde la fundación de la HRF-Bolivia en 2007, los miembros de su directorio han venido sufriendo todo tipo de amenazas, amedrentamiento, agresiones y actos violentos. Este tipo de acciones no son nuevas contra funcionarios de nuestra organización en el continente. En Colombia somos fuertemente atacados por criticar al gobierno del presidente Alvaro Uribe. En Venezuela en enero de 2008, la directora de investigación en Venezuela de la HRF fue víctima de un intento de homicidio en Caracas. En Ecuador, el gobierno viene impidiendo desde el año pasado las actividades y registro de HRF-Ecuador.HRF-Bolivia ha desarrollado una labor extraordinaria en la denuncia de la violación de los derechos humanos en ese país. Esta labor ha incluido trabajos de investigación, documentación y análisis, de violaciones a los derechos humanos sufridas por los ciudadanos bolivianos en los dos últimos años. Los informes, denuncias y comunicados de prensa a cargo de la HRF Bolivia están publicados en su blog en internet: hrfbolivia.blogspot.com.

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIA REPRESALIAS DEL GOBIERNO

La Fundación de Derechos Humanos de Bolivia (Human Rights Foundation-Bolivia) desmiente enérgicamente las acusaciones vertidas en su contra por el presidente Evo Morales y denuncia ante la comunidad internacional la persecución emprendida por el gobierno boliviano contra los defensores de los derechos humanos.

Rechazamos cualquier sindicación en contra de la institución por presuntas vinculaciones con grupos irregulares, ya que Human Rights Foundation-Bolivia sostiene como único accionar legítimo la no violencia, el diálogo democrático y el marco legal establecido por el Estado de Derecho, condenando toda forma de terrorismo o de violencia política.

Entendemos que el verdadero móvil de la persecución gubernamental es el de ejercer represalias por las reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que ha hecho públicas nuestra organización, como consta en la dirección http://hrfbolivia.blogspot.com/

Estas denuncias, debidamente documentadas y puestas a buen recaudo ante organizaciones de derechos humanos de distintos países, verifican las agresiones contra periodistas, acciones violentas de milicias gubernamentales y diversos atropellos a la legalidad registrados en la actual gestión de gobierno.

De particular relevancia para comprender esta acción de represalia es la investigación independiente que inició nuestra Fundación sobre las muertes del 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir (departamento de Pando, norte de Bolivia). Los resultados preliminares de esta investigación, dados a conocer a la prensa en el pasado mes de marzo, contradicen seriamente la versión oficial de los hechos, al comprobarse que existió una instigación deliberada del enfrentamiento desde el Ministerio de la Presidencia.

A raíz de estos resultados, nuestra fundación, junto a una red de ONG´s de Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y El Salvador (nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América), anunció que sentaría una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Evo Morales, por crímenes de lesa humanidad.

Para su debida protección, Human Rights Foundation-Bolivia ha emitido una alerta internacional a más de 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos en todo el mundo, varias de las cuales ya están realizando las acciones correspondientes para precautelar nuestras garantías.

Aclaramos al Sr. Presidente Evo Morales que no está facultado legalmente para expulsar a nuestra organización del territorio nacional, por tratarse de una Fundación con personería jurídica boliviana. Nuestra organización coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que nos une un convenio de colaboración. Sin embargo, no recibimos financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas las acciones con el exclusivo aporte de nuestros miembros.

Señalamos que la presunta actividad de un supuesto grupo irregular no puede ni debe constituirse en excusa para implementar desde el Estado una persecución contra personas, organizaciones o instituciones que hubieran cuestionado el accionar del gobierno.

Rechazamos cualquier sindicación contra nuestra institución que pudiera provenir de testigos sometidos a torturas por tratarse de testimonios sin credibilidad. Recordamos al gobierno que Bolivia es signataria de la Convención Internacional contra la Tortura y que por lo tanto estas prácticas inhumanas deben ser evitadas y sancionadas drásticamente.

Deploramos el evidente giro hacia el autoritarismo del gobierno boliviano que incluye el ataque contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y alertamos que, como ha sucedido en otras latitudes, la pretendida “guerra al terrorismo” puede convertirse en excusa para un grave recorte de las libertades ciudadanas.

Santa Cruz de la Sierra, 1º de mayo de 2009


Links relacionados:

Detenciones sin garantías en Bolivia

EnOriente.com - Acusarán a Evo Morales por delitos de Lesa Humanidad

Acusarán a Evo Morales por delitos de Lesa Humanidad


Cc.Human Rights Foundation
Amnesty International
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Sociedad Interamericana de Prensa
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Representante Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos
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GOBIERNO DE BOLIVIA PERSIGUE A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con el pretexto de desarticular una presunta “red terrorista” el gobierno de Evo Morales ha desatado una intensa persecución contra los críticos y disidentes de su régimen.
La caza de brujas también afecta a los defensores de los derechos humanos, como en el caso de la Dra. Centa Reck, integrante del directorio de Human Rights Foundation-Bolivia y directora del diario La Estrella del Oriente, a quien el gobierno acusa infundadamente de estar vinculada a esa supuesta red.
El móvil real de la persecución parece ser la participación de la Dra. Reck en una investigación independiente sobre los hechos de violencia sucedidos en el departamento de Pando en septiembre del 2008, cuyos resultados preliminares contradicen seriamente la versión gubernamental.
Como ha sucedido en otras latitudes, la pretendida “guerra al terrorismo” puede convertirse en excusa para un grave recorte de las libertades individuales.
Human Rights Foundation-Bolivia pide a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que se manifiesten en contra de esta campaña persecutoria y en resguardo a la protección de las garantías fundamentales en este país.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de abril de 2009

Cc.
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POR UNA BOLIVIA SIN PRESOS POLÍTICOS



La Fundación de Derechos Humanos de Bolivia (Human Rights Foundation-Bolivia) manifiesta su solidaridad con los familiares de los presos políticos y acompaña las movilizaciones ciudadanas realizadas bajo la consigna “Liberen la Verdad” en varias ciudades del país y del exterior.

Reiteramos nuestra enérgica condena a las detenciones irregulares llevadas a cabo por el gobierno de Evo Morales Ayma y manifestamos una vez más a la comunidad internacional nuestra alarma por el grave deterioro de la protección a los derechos humanos en Bolivia.

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, a los gobiernos y organizaciones, que actualmente son decenas de ciudadanos los que sufren un encarcelamiento indebido por razones políticas, sin que su procesamiento haya respetado las normas del debido proceso.

Durante su arresto y encarcelamiento estos ciudadanos han sufrido y aún sufren diversos tipos de abusos y arbitrariedades, que configuran flagrantes violaciones a sus garantías fundamentales.

La inconsistencia de los cargos levantados en su contra permiten afirmar que se trata de presos de conciencia, privados de su libertad por profesar opiniones contrarias al actual gobierno o por participar en medidas de protesta.

Rechazamos esta persecución contra opositores, así como la injerencia gubernamental en el Poder Judicial, especialmente en lo referido a la violación de la jurisdicción territorial de las Fiscalías Departamentales y al principio del juez natural.

En el caso específico del prefecto de Pando, Sr. Leopoldo Fernández, Human Rights Foundation-Bolivia acompaña las acciones planteadas por su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realizará un seguimiento detallado del proceso en ese organismo internacional.

Alertamos también sobre la grave situación en que se encuentran trescientas personas asiladas en la localidad fronteriza de Brasilea (Brasil), viviendo de la caridad y sin poder retornar al país debido a las persecuciones políticas desatadas a simple acusación, sin que sus casos hayan sido debidamente investigados.

Demandamos un juicio justo para todos los detenidos y una Bolivia sin presos políticos ni exiliados.

Santa Cruz de la Sierra, 16 de marzo de 2009

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA DENUNCIA PERSECUCIÓN A OPOSITORES

Ante la creciente intolerancia demostrada por el gobierno de Evo Morales Ayma contra opositores políticos y cívicos, manifestada recientemente en persecuciones judiciales, detenciones irregulares y agresiones violentas ejecutadas por militantes del partido oficial, comunicamos a los organismos internacionales de derechos humanos nuestra alarma por esta preocupante situación y los convocamos a realizar las acciones necesarias para contribuir a proteger las garantías fundamentales de los bolivianos.

Varias detenciones de activistas cívicos en los departamentos de Pando y Santa Cruz han obviado las normas más elementales, siendo realizadas en muchos casos por efectivos militares, en altas horas de la noche e incluyendo la violación de domicilios.

La nítida injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público ha ocasionado el frecuente traslado de detenidos a la ciudad de La Paz, donde son puestos a disposición de fiscales y jueces que no son los naturales, desconociendo la jurisdicción de las Fiscalías Departamentales y vulnerando garantías civiles y políticas consagradas en los tratados internacionales de los cuales Bolivia es signataria.

La ruptura de los principios del Debido Proceso han llevado a que una veintena de ciudadanos se encuentren actualmente privados de su libertad en calidad de presos políticos, sin que cuenten con la posibilidad de un juicio justo.
Estos hechos se suman a los casos del Sr. Leopoldo Fernández, Prefecto electo y ratificado del departamento de Pando, el periodista Jorge Melgar y otros ciudadanos ya irregularmente detenidos y retenidos.

Las agresiones contra dirigentes de oposición alcanzaron un nuevo nivel de intensidad el día de ayer, con la quema de la casa del ex Vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas en la localidad de Huatajata, a manos de partidarios del Presidente Evo Morales, quienes también atacaron a su esposa e hijos.

El hecho cobra mayor gravedad aún por cuanto el Ministerio de Gobierno había sido informado en varias ocasiones anteriores por el ex Vicepresidente sobre las amenazas e intentos de agresión sufridos por él y su familia, sin que se hubiese registrado acción alguna de parte de esa cartera ministerial, lo que podría configurar un caso de omisión de funciones.

Condenamos estos hechos de violencia y pedimos a la Fiscalía General de la República la apertura inmediata de una investigación sobre esta agresión. Simultáneamente, reiteramos nuestra exhortación y exigencia al Gobierno Nacional para cesar las violaciones a los derechos y garantías ciudadanas y reestablecer su plena vigencia.

Santa Cruz de la Sierra, 7 de marzo de 2009

Cc.
Parlamento Europeo- Human Rights Unit
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos
Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Unión de Organizaciones Democráticas de América (Unoamérica)
Verdad Colombia
Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos
Bertrand Russell Peace Foundation
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua
Comité Cubano para los Derechos Humanos
Parlamento del Reino Unido - House of Lords

IRREGULARIDADES ELECTORALES VIOLAN DERECHOS POLÍTICOS DE LOS BOLIVIANOS

Ante las flagrantes irregularidades constatadas en el proceso de votación del Referéndum Constitucional, la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia (Human Rights Foundation-Bolivia) manifiesta su alarma por estas preocupantes distorsiones de la transparencia electoral, que suponen una violación a los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos.
En el transcurso de la jornada de hoy, numerosas denuncias dieron cuenta a las Cortes Departamentales Electorales sobre la deficiencia de la tinta indeleble utilizada en las mesas de votación, tinta que es aplicada en uno de los dedos de los votantes y que sirve para evitar la duplicación del sufragio.
Como pudo ser comprobado personalmente por varios integrantes del directorio de nuestra Fundación, así como en demostraciones realizadas en varias mesas ante las cámaras de diversos canales de televisión, la tinta era borrada fácilmente, incluso sin que mediara un lavado de manos.
A pesar de que la deficiencia de esta tinta supuestamente indeleble había sido advertida previamente, la Corte Nacional Electoral decidió mantenerla, obviando el riesgo que esto suponía para la transparencia de la votación.
Dicho riesgo se amplía al existir múltiples denuncias y pruebas documentales sobre irregularidades en la identificación de los votantes, habiéndose constatado muchos casos de personas que poseen más de un carnet de identidad, y que por lo tanto estarían habilitadas ilegalmente para sufragar varias veces.
Adicionalmente, se registraron numerosas quejas de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto, ya fuera porque habían sido indebidamente depurados del Padrón Electoral o porque otra persona votó con su nombre y número de documento de identidad.
Otra de las denuncias que ha llegado a nuestra Fundación, realizada por la Dra. Norma Piérola, informa que en Cochabamba fue encontrado un camión que transportaba una gran cantidad de papeletas marcadas con el SÍ, hecho descubierto a raíz de un accidente de tránsito sucedido en la carretera al Chapare.
Asimismo, según denuncia del presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, John Cava, en recintos de varias provincias de ese departamento no se permitió el ingreso a los delegados del NO, impidiéndose de esa manera un control electoral transparente.
A los observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y Organización de Estados Americanos (OEA), quienes ya han sido debidamente notificados sobre estos hechos, les recordamos su responsabilidad de emitir un informe verdaderamente imparcial y desprovisto de todo sesgo político, recogiendo estas denuncias y evidencias contundentes de irregularidades.

Santa Cruz de la Sierra, 25 de enero de 2009

Cc.
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea
Parlamento Europeo- Human Rights Unit
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos
Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Unión de Organizaciones Democráticas de América (Unoamérica)
Verdad Colombia
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Sociedad Internacional para los Derechos Humanos
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Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua
Comité Cubano para los Derechos Humanos
Parlamento del Reino Unido - House of Lords

LIBEREN A JORGE MELGAR



HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda la inmediata liberación del periodista Jorge Melgar Quete, secuestrado por funcionarios del Ministerio de Gobierno.
La detención irregular, que incumplió todas las garantías constitucionales del debido proceso, se produjo en la localidad de Riberalta (Beni) a las 4:15 de la madrugada de ayer, por encapuchados vestidos de negro que se movilizaban en dos vehículos con vidrios oscuros. De acuerdo al testimonio de las hijas de Jorge Melgar, el operativo fue violento e incluyó golpizas contra el periodista, su esposa, hermana e hijos. Los familiares fueron enmanillados y una niña de diez meses fue amordazada para acallar su llanto.
A través del viceministro de gobierno, Rubén Gamarra, el Poder Ejecutivo admitió haber detenido a Jorge Melgar bajo la acusación de terrorismo, aduciendo que éste habría participado en las manifestaciones de pobladores riberalteños que tomaron instituciones públicas entre los meses de agosto y septiembre.
Contrariamente, testimonios de los familiares señalan que Melgar había denunciado y mostrado imágenes de cómo el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, reclutó y pagó a pobladores de Riberalta para trasladarlos a Pando, en días previos a los trágicos enfrentamientos que tuvieron lugar en ese departamento el pasado 11 de septiembre.
HRF-BOLIVIA manifiesta su alarma por el deterioro de la protección a los derechos humanos en el país, particularmente de las garantías al debido proceso y a la libertad de prensa, y exhorta a la comunidad internacional a un pronto repudio de esta grave situación.

Links de prensa:

Amordazaron a periodista que denunció "plan del Gobierno"
Fuerzas de seguridad secuestran a periodista
Gobierno sigue con la “cacería” y captura a un periodista en Riberalta

21 PRESOS POLÍTICOS EN BOLIVIA



La crisis de derechos humanos en el país se ha agravado y ya son 21 los ciudadanos detenidos de manera irregular en las últimas semanas por el gobierno de Evo Morales Ayma.

Estas detenciones se producen por razones políticas, tratándose en la mayoría de los casos de dirigentes o militantes de los movimientos cívicos regionales:

· 14 confinados a raíz de la declaración de Estado de Sitio en el departamento de Pando: Leopoldo Fernández, Hugo Apaza Salonero, Gualberto Paz Mugro, Felipe Brigabriel Villarroel, Gabriel Delgadillo Vargas, José Salinas Bazán, Rubén Franco Tuno, Mirtha Sosa del Chalar (foto), Adhemar Herrera Guerra, Claudio Franco Égüez, Osvaldo Valdivia, Néstor da Silva Rivero, Agapito Vira y Willam Misuko. Estos confinamientos no cumplen con las mínimas normas del debido proceso, tratándose claramente de situaciones de prisión política. La mayoría de los confinados se encuentran incomunicados y los pocos que han logrado hablar denunciaron graves violaciones a sus derechos fundamentales, como torturas, saqueos, amenazas de muerte y, en el caso de la suboficial de policía Mirtha Sosa, abusos sexuales reiterados. La Suprema Corte de Justicia ha demandado al Poder Ejecutivo el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a la capital de la república, Sucre, para proceder al correspondiente caso de corte. El gobierno ha desobedecido el mandato judicial y mantiene al prefecto pandino confinado en la ciudad de La Paz, obstruyendo la justicia e impidiendo el esclarecimiento imparcial de los enfrentamientos violentos sucedidos en la localidad de El Porvenir.

· 7 detenciones ilegales en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Cinco jóvenes cruceños (Luis Márquez, Lisandro Pérez, Raúl Vargas Valdivia, Fermín P. R. y Ricardo P. M.), varios de ellos militantes autonomistas, fueron detenidos sin presencia de fiscal y violando sus domicilios en horas de la noche. En un inicio fueron acusados de haber agredido al ex Comandante Departamental de Policía, Wilge Obleas, pero posteriormente la acusación varió a delitos de hurto. El móvil real de estas detenciones indebidas parecería ser la participación de algunos de ellos en la toma de instituciones públicas, en protesta por la confiscación a las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En Tarija, un grupo de encapuchados que se identificaron como agentes del Ministerio de Gobierno secuestraron al militante cívico Juan Carlos Ríos, quien habría sido trasladado a la ciudad de La Paz. La última detención ilegal es la del dirigente cívico del Chaco, José Vaca, también remitido de manera irregular a la sede de gobierno, sin tener en cuenta la jurisdicción de la Fiscalía de Distrito de Tarija.

A estos casos debe agregarse el intento de secuestro de la alcaldesa de Boyuibe, Alejandrina Vacaflor, 500 exiliados pandinos refugiados en el Brasil y la confirmación por autoridades policiales de la existencia de una lista de 24 detenciones por realizar: Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez, David Sejas, Alfredo Saucedo, Ana Melena, Ricardo Shimokawa, José Luis Sánchez, Irán Arab, Danilo Huari, Abel Janco, Ignacio Janco, Fermín Terrazas, Luis Alberto Rojas, José Luis Forero, Julio Villalobos, Édgar Manú, Javier Vaca, Alan Davis, Vestí Muñoz, Wálter Sobrino, Tony Gómez, Franz Elvis, Asquis Franco y “Lilico” Apuri.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA manifiesta su repudio a las persecuciones políticas y demanda las garantías del debido proceso para todos los detenidos, el levantamiento del Estado de Sitio en Pando, el fin inmediato de los confinamientos y una investigación realmente imparcial de los hechos de El Porvenir.

Dirigimos una exhortación urgente a los observadores internacionales presentes en Bolivia para que presten atención a estas violaciones al ordenamiento jurídico y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2 de octubre de 2008

Links de prensa:

Mujer policía confinada dice que teme por su vida

“Los militares me golpearon sin piedad”

Investigarán abusos contra los confinados

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEBE PRECAUTELAR LA PAZ


La movilización de milicias armadas hacia Santa Cruz de la Sierra implica un gravísimo riesgo para la protección de los derechos humanos. Ante los serios indicios de complicidad de varios poderes públicos con estas marchas violentas, incluida la promoción de las mismas desde el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y el incumplimiento de funciones de la Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda de manera urgente la intervención de la Defensoría del Pueblo, en el marco de las atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley 1818 de creación de esa institución.

Según la normativa, el Defensor del Pueblo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes” (Art. 1).

El artículo 11 de la Ley faculta a la Defensoría a “Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos” y a “Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas, a todos los órganos de la administración pública”.

Igualmente, el artículo 25 establece la obligación de colaboración de “todos los Poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos” con las acciones que emprenda la Defensoría.

En ese marco, demandamos al Defensor del Pueblo dirigir las comunicaciones necesarias a las respectivas reparticiones estatales, para cesar toda colaboración con las milicias armadas y para que las fuerzas del orden cumplan con el debido resguardo a la seguridad pública.

De la misma forma y en base a la atribución de “Ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos” (Art. 11, inciso 13), solicitamos al Defensor del Pueblo realizar urgentes gestiones de pacificación y desarme ante los dirigentes de los sectores movilizados.

23 de septiembre de 2008

PAZ PARA EL DIÁLOGO


Con gran pesar por los sucesos de violencia que enlutaron al país en los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA se dirige al gobierno de Evo Morales Ayma y a los observadores internacionales que acompañan el proceso de diálogo en la ciudad de Cochabamba, para hacer las siguientes precisiones y exhortaciones:

* El avance del diálogo nacional requiere de un correspondiente clima de paz, que haga posible el desarrollo de conversaciones sin chantajes ni presiones de ninguna de las partes. En ese marco, consideramos prioritaria la desmovilización inmediata de las milicias sindicales afines al partido de gobierno, que amenazan tanto el escenario de diálogo en El Manantial como a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

* Demandamos al Poder Ejecutivo el levantamiento inmediato del Estado de Sitio en el departamento de Pando, toda vez que esta medida represiva ha causado una grave crisis de derechos humanos en esa región, ocasionando la suspensión de las garantías constitucionales, el exilio de 400 pandinos al Brasil, secuestros nocturnos por fuerzas militares y la trágica ejecución del pastor evangélico Luis Antonio Rivero en el aeropuerto de Cobija, ametrallado por efectivos de las Fuerzas Armadas.

* La investigación imparcial de los hechos de violencia de Pando, así como las garantías para el debido proceso de los imputados, son bases inequívocas para la justicia y la pacificación. En ese sentido, pedimos el cese de todos los confinamientos y el correspondiente caso de corte para el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

* Igualmente, pedimos al Senado de la República que investigue las responsabilidades del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, en el traslado de milicias armadas desde La Paz y El Alto hasta la localidad de El Porvenir en el departamento de Pando, en las jornadas previas a los enfrentamientos del 12 de septiembre.

* Solicitamos también al Ministerio Público una investigación urgente sobre el homicidio del joven Edson Ruiz, victimado en el departamento de Santa Cruz por grupos de choque del Movimiento Al Socialismo.

* Exigimos al presidente de la república, Evo Morales Ayma, el debido respeto por los observadores y facilitadores del proceso de diálogo, tras su lamentable ataque al cardenal Julio Terrazas, exabrupto que podría entorpecer el normal desenvolvimiento de las conversaciones.

* A los observadores internacionales les pedimos la debida imparcialidad en la consideración de las circunstancias bolivianas y una comunicación ecuánime con todos los actores de las negociaciones.

20 de septiembre de 2008


MEDIDAS DE EVO MORALES PUEDEN DESATAR GUERRA CIVIL














En los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA ha dirigido varios comunicados urgentes exhortando al presidente de la república, Evo Morales Ayma, a desactivar la espiral de violencia y confrontación mediante la vía del diálogo, la desmovilización de los grupos de choque y evitando medidas represivas como la militarización o el Estado de Sitio.

Haciendo oídos sordos a éstos y otros llamados, el gobierno de Bolivia se ha empeñado en polarizar al país utilizando un lenguaje de confrontación, movilizando a grupos violentos, reprimiendo a la población civil, instruyendo la persecución judicial de líderes de oposición y callando ante la amenaza de intervención militar del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Esta política de terror derivó en 16 muertos y un centenar de heridos, además de un número no confirmado de desaparecidos, y continuó el viernes 12 de septiembre con la declaración de Estado de Sitio en Pando, que ocasionó la suspensión de las garantías constitucionales y produjo el fallecimiento de otro compatriota, ametrallado por fuerzas militares en el aeropuerto de Cobija, capital de ese departamento.

La declaración de Estado de Sitio se produjo en momentos en que el gobernador de Tarija, Mario Cossío, llegaba a la sede de gobierno en representación del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), para concertar con el Poder Ejecutivo una agenda de diálogo. Traicionando las esperanzas de reconciliación que ese encuentro había despertado entre los bolivianos, el gobierno central decidió utilizar nuevamente el recurso de la violencia.

Posteriormente, el gobierno central ha agravado la situación al impedir la llegada de una comisión de observadores de la Unión Europea y de ayuda humanitaria hasta Cobija. De igual manera, los oficiales militares a cargo del Estado Sitio se han negado a recibir a comisiones de pobladores de esa ciudad, que buscaban entablar conversaciones para impedir cualquier choque entre las Fuerzas Armadas y la población civil.

HRF-BOLIVIA alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre los efectos que podrían tener estas medidas represivas, que lejos de pacificar al país pueden enardecer aún más los ánimos y desencadenar un enfrentamiento civil generalizado, con gravísimas consecuencias.

Al presidente de la república, Evo Morales Ayma, le recordamos que es suya la principal responsabilidad por el derramamiento de sangre vivido en los días pasados y en los eventuales hechos de violencia que pudieran desatarse en las jornadas por venir. Asimismo, le indicamos que esa responsabilidad podría ocasionar su juzgamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Expresamos nuestro rotundo repudio a expresiones vertidas por el primer mandatario y por el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Sacha Llorenti, quienes señalaron que la prioridad para el gobierno es la recuperación de las instituciones públicas tomadas por manifestantes autonomistas en varios departamentos. Muy por el contrario, consideramos que la prioridad absoluta en esta y cualquier otra circunstancia es la preservación de la vida humana.

A la ONU, OEA, Unión Europea y muy especialmente a la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) a reunirse el próximo lunes en Santiago de Chile, les recordamos la responsabilidad internacional que les compete en la protección de los derechos humanos, les demandamos imparcialidad y comunicación con todos los actores del conflicto, y los exhortamos a realizar un firme llamado al gobierno boliviano para que éste retorne al camino del diálogo, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional.

Santa Cruz, 13 de septiembre de 2008

cc.

Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)

Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)

Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)

Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)

Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Louise Arbour)

Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)

Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)

Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)

Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)

Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

ALERTA INTERNACIONAL

9 MUERTOS Y 60 HERIDOS
EN CONFLICTOS CIVILES

AMENAZA DE INTERVENCIÓN
MILITAR VENEZOLANA

La espiral de conflictos desatada por la decisión del gobierno de Evo Morales Ayma de imponer una Constitución sin consenso y con un contenido racista, así como la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondiente a las regiones, derivó en la jornada de hoy en enfrentamientos entre las tropas de choque del partido oficialista (MAS), por una parte, e integrantes del Comité Cívico de Pando y funcionarios de la Prefectura de ese departamento.
El saldo trágico fueron 9 muertos y 60 heridos, que se suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la presente gestión de gobierno.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA dirige a la comunidad internacional una alerta urgente con los siguientes cometidos:

1). Solicitar a los organismos supranacionales que hagan un firme llamado al gobierno boliviano, para que éste inicie a la brevedad un diálogo verdadero con las regiones, que permita superar el actual estado de división nacional y un eventual conato de guerra civil.

2). Reiterar nuestra exhortación al gobierno de Evo Morales Ayma, para que desmovilice a sus tropas de choque y se abstenga de imponer medidas represivas a la población civil.

3). Alertar sobre la intención manifiesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de intervenir militarmente en Bolivia, como consta en declaraciones vertidas por ese mandatario a diversos medios y agencias internacionales.

Santa Cruz, 11 de septiembre de 2008

cc.
Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

Links de prensa:
http://www.infobae.com/contenidos/402765-0-0-Ya-hay-9-muertos-la-crisis-la-Bolivia-Evo
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN1144514820080911

EXHORTACIÓN URGENTE AL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA












LA SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS
ES EL DIÁLOGO, NO LA REPRESIÓN

Ante los hechos de violencia sucedidos el martes 9 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que incluyeron lamentables abusos de fuerza por parte de la Policía Militar y Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA se dirige al presidente Evo Morales Ayma para:

* Expresar nuestra preocupación y condena por el uso de medios represivos utilizados por su gobierno en los conflictos sociales que se desarrollan en cinco departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija).

* Recordarle que, en democracia, la concertación es la vía para la resolución de dichos conflictos, y demandar que su gobierno dé claras señales conducentes a un diálogo verdadero, que desactive el clima de confrontación y violencia que sacude al país.

* Condenar la militarización de cuatro departamentos, que derivó en la jornada citada en enfrentamientos con la población civil, con el saldo de múltiples heridos por balines, granadas de gas disparadas a quemarropa e intoxicaciones por gas lacrimógeno. Estos actos de brutal represión afectaron, nuevamente, a varios discapacitados.

* Denunciar públicamente el caso de un efectivo policial encapuchado, quien realizó disparos con una pistola de 9 milímetros contra la multitud en inmediaciones de Impuestos Internos de Santa Cruz (imágenes emitidas por varios canales de televisión), y pedir al Ministerio Público la investigación urgente de este delito.

* Comunicar a la opinión pública que 16 francotiradores provistos de armas largas, integrantes de la Policía Militar y Policía Nacional, fueron desarmados por la población civil en el techo del Hotel La Paz, luego de que éstos huyeran de los techos de Impuestos Internos.

* Transmitir nuestra protesta por el hecho de que dos aviones cazas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobrevolaron las residencias del centro de la ciudad, desde las 12:00 hasta las 15:30 horas, con el evidente propósito de amedrentar a la población civil.

* Lamentar la ratificación como Ministro de Gobierno del Sr. Alfredo Rada, sobre quien pesan serios indicios de responsabilidad en los homicidios de Herman Ruiz Torres (Villamontes); Osmar Flores Torres (Cochabamba); Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo (Sucre); y Hernán Montero Claros y Roberto Cáceres (Oruro), perpetrados por fuerzas militares y policiales durante su gestión.

* Exhortar a la comunidad internacional, especialmente a los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, a enfocar su atención en Bolivia y a condenar enérgicamente los abusos de la fuerza pública.

Santa Cruz de la Sierra, 9 de septiembre de 2008

cc.
Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

SECUESTROS Y TORTURAS POR GRUPO PARAMILITAR EN EL PLAN 3.000

















I. Descripción de los hechos

El día martes 19 de agosto de 2008, en horas del mediodía, se produjo un enfrentamiento callejero entre grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS, partido oficialista de Bolivia) y jóvenes autonomistas en el Plan 3.000, barrio periférico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La confrontación tuvo lugar en medio del paro cívico convocado por el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija, en reclamo contra la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos o IDH a las regiones, realizada por el gobierno central.
En esa circunstancia, grupos del MAS del Plan 3.000 y otros trasladados desde San Julián, Yapacaní y El Chapare, se concentraron en las cercanías de la Casa Autonómica de dicho barrio, con la intención declarada de incendiar ese local.
Los jóvenes autonomistas convocaron para la defensa del local a integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3.000 y unionistas de otros puntos de la ciudad, así como a miembros de Acción Joven, Grigotanos, Asociación de Comparsas Carnavaleras Cruceñas y Federación de Fraternidades.
A las 12:30 horas se desató una batalla campal, donde ambos bandos se agredieron con palos y piedras, con un saldo de varios heridos. También se registró el caso de un militante del MAS armado con dinamita. La Policía envió al lugar un reducido contingente de 100 efectivos, que se limitaron a gasificar la zona central del conflicto.
Hacia las 13:00 horas y según su propio testimonio, los hermanos Luis Pablo Lucía Lichtmann (22 años) y Julio Manuel Lucía Lichtmann (18) salieron de su domicilio en la Urbanización Josefson del Plan 3.000 junto a su amigo Carlos Gutiérrez Burgos, con la intención de acudir al lugar del conflicto en defensa de la Casa Autonómica. Luis Pablo Lucía Lichtmann portaba una camisa color caqui del grupo Grigotanos.
Habiendo caminado unos 50 metros desde su domicilio y encontrándose entre el Colegio Buenas Nuevas y el Colegio Cervantino, pasó junto a ellos en sentido contrario una ambulancia azul y negra. De acuerdo al testimonio de Luis Pablo Lucía Lichtmann, las personas que iban en la cabina de la ambulancia los habrían observado con detenimiento. Los jóvenes continuaron su marcha, pero instantes después la ambulancia se detuvo violentamente junto a ellos. La puerta corrediza se abrió y dos sujetos jalaron hacia el interior a Luis Pablo Lucía Lichtmann, quien se encontraba dos metros detrás de sus acompañantes. Acto seguido, éstos también fueron forzados a ingresar al vehículo.
En el interior fueron encañonados por un sujeto que se encontraba sentado en el asiento delantero, junto al conductor. El testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann indica que el arma utilizada fue un revólver calibre 22 y que el sujeto que lo portaba tenía un corte de pelo militar. Éste les habría amenazado de muerte, diciendo: “A mí no me pesa un plomazo (balazo), porque soy del F-10” (cuerpo de élite del Ejército boliviano, cuyos integrantes prestan servicio en la Guardia Presidencial). El testimonio de los secuestrados indica que el chofer de la ambulancia tenía acento argentino, mientras que los restantes pasajeros (7) tenían acento del Occidente de Bolivia.
Los secuestradores procedieron a golpear a los tres jóvenes y un sujeto bajo, delgado y moreno colocó el cañón de una segunda arma en la boca de Luis Pablo Lucía Lichtmann, entre nuevas amenazas de muerte. A continuación, les colocaron a los secuestrados capuchas improvisadas con banderas que llevaban los plagiadores, de color verde con una estrella roja, presumiblemente pertenecientes al Grupo Luis Espinal, organización de choque del MAS.
Pocos minutos después, el vehículo se detuvo y los secuestrados fueron bajados a empujones, en medio de una nueva serie de golpes, mientras les quitaban sus pertenencias (billeteras, celulares y zapatos). Luis Pablo Lucía Lichtmann fue despojado de su camisa, que quedó echa jirones por el forcejeo. Al caer al suelo por efecto de los golpes, Luis Pablo Lucía Lichtmann se habría aflojado la capucha, permitiéndole una visión parcial de un ojo. De esa manera pudo ver la fachada del lugar al que estaban por ingresarlos, un galpón que él identifica como el local Universo, sitio utilizado para los eventos sociales de los gremialistas del Plan 3.000, ubicado sobre la Avenida del Mechero, a cuatro cuadras de la rotonda.
Al ingresarlos al local fueron golpeados nuevamente, con cachazos en la cabeza y en la frente. A Luis Pablo Lucía Lichtmann le patearon la cara y le quebraron el tabique nasal, así como varios dientes. Luego fueron sentados en un banco y amarrados entre sí, momento en que se acercó una enfermera con uniforme blanco y un botiquín, quien pidió a los secuestradores que ya no los golpearan. Instantes después, ingresó en el galpón una joven que informó a la enfermera sobre un herido y ambas salieron (esta parte del testimonio permite deducir que el lugar era utilizado como centro de asistencia para los integrantes de los grupos de choque del MAS que resultaban heridos en la refriega).
Otras dos mujeres entraron en el galpón y golpearon a Julio Manuel Lucía Lichtmann y a Carlos Gutiérrez Burgos. Una de las atacantes era de pelo crespo y complexión robusta, acento del Occidente de Bolivia y tez blanca. Acto seguido, un hombre con acento venezolano que impartía instrucciones indicó que los secuestrados debían ser trasladados a un cuarto para interrogarlos. Los tres secuestrados fueron amarrados con una soga al cuello por el sujeto que afirmó ser del F-10, quien los llevó a empellones mientras amenazaba: “Ahora es cuando van a declarar”.
En el cuarto de interrogatorio les rociaron los pies con tinner y gasolina, entre amenazas de prenderles fuego. Carlos Gutiérrez Burgos sufrió quemaduras de cigarros en la espalda y fue golpeado con un palo en la pierna derecha. Los secuestrados escucharon la voz de otro sujeto, de acento cubano, quien ordenaba: “Hacelos declarar y después hacemos entrar a la prensa”.
El sujeto identificado como integrante del F-10 fue quien procedió al interrogatorio, golpeando a los secuestrados y efectuando un disparo al piso para obligarlos a afirmar que estaban armados.
De acuerdo al testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, a continuación el sujeto habría dicho: “Lo mismo que declararon ahora lo van a decir a canal 7” (canal estatal manejado por el gobierno). A través de su capucha removida, Luis Pablo Lucía Lichtmann vio ingresar a un camarógrafo de complexión robusta, joven, de pelo negro, pantalón negro y camisa blanca, de estatura mediana.
Después de golpearlos nuevamente, los captores les informaron que debían declarar ante cámaras que pertenecían a la Unión Juvenil Cruceñista y que portaban armas de fuego. También les advirtieron que debían mantener la vista baja, mirando hacia el suelo, cuando les quitaran las capuchas.
Realizada la filmación, el sujeto de acento venezolano habría afirmado “ahora hay que buscar adonde llevarlos”. Otra vez encapuchados, fueron conducidos al interior de la ambulancia y llevados al destacamento de policía del Plan 3.000 (DP3). Los bajaron del vehículo con las capuchas puestas y los entregaron a los policías presentes en el lugar, con quienes, de acuerdo al testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, parecían tener cierta familiaridad, ya que uno de los efectivos habría preguntado a los secuestradores: “¿Qué querés que hagamos con ellos? Son un problema para nosotros”.
Inicialmente, los encargados del DP3 se negaron a recibirlos y señalaron a los secuestradores que debían llevar a los jóvenes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En momentos en que estaban subiéndolos nuevamente a la ambulancia, un coronel habría salido de la comisaría ordenando que los bajaran.
Eran las 14:30 y Luis Pablo Lucía Lichtmann preguntó a los efectivos si los estaban deteniendo, a lo que les respondieron que no, pero que todavía no podían retirarse debido a los enfrentamientos que tenían lugar en la zona. Los hermanos Lucía Lichtmann también preguntaron a los efectivos si habían anotado la placa de la ambulancia, a lo que uno de ellos respondió que “no, porque el que los trajo era un delegado policial”.
Después de varias horas y tras una llamada del coronel a alguien a quien se dirigía como “mi general”, en la que consultó sobre los pasos a seguir en el caso de los jóvenes, los hermanos Lucía Lichtmann y Carlos Gutiérrez Burgos fueron escoltados a las 17:00 hasta sus domicilios.

II. Víctimas

Luis Pablo Lucía Lichtmann, Julio Manuel Lucía Lichtmann y Carlos Gutiérrez Burgos.
El informe forense certifica que Luis Pablo Lucía Lichtmann sufrió por efectos de las torturas recibidas una contusión encéfalo-craneana, presentando además hematoma en la zona parietal derecha, contusión en arco superciliar derecho, fractura de tabique nasal, hematoma en el pómulo izquierdo, lesión muscular en el área cervical, hematomas en toda la región dorso-lumbar y hematomas en la región abdominal (varias de estas lesiones pueden apreciarse en las fotografías adjuntas).
El informe médico dental de Luis Pablo Lichtmann muestra fractura del tercio medio incisal en cuatro piezas y fisura longitudinal en dos piezas.
El informe forense también certifica que Julio Manuel Lucía Lichtmann presenta una herida contuso-cortante en la zona frontal, contusión encéfalo-craneana, hematoma en el pómulo izquierdo, hematomas en la región abdominal, lesiones en el área cervical, escoriaciones en hombro y muñeca izquierdas y hematomas en el muslo y rodilla derechos.
El informe médico dental de Julio Manuel Lichtmann indica que éste presenta fractura del tercio medio incisal en cinco piezas.
En el caso de Carlos Gutiérrez Burgos, el mismo sufrió quemaduras en la espalda producidas por cigarro, fisura de clavícula derecha, hematomas en el muslo derecho, contusiones encéfalo-craneanas, lesión en el tobillo derecho y hematomas en la región dorso-lumbar.

III. Responsables

El testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, brindado a representantes de Human Rights Foundation-Bolivia el 20 de agosto de 2008, muestra varios indicios de responsabilidad por parte de funcionarios públicos: 1) la participación de un integrante del F-10, cuerpo de élite del Ejército nacional, cuyos miembros prestan servicios en la Guardia Presidencial; 2) participación de un equipo del canal de televisión estatal en la sesión de interrogatorio; y 3) el proceder irregular de los efectivos policiales del DP3, quienes parecen haber solapado la actuación del grupo paramilitar que secuestró y torturó a estos tres jóvenes en el Plan 3.000. El uso de una ambulancia para estas tareas represivas también sugiere que existiría responsabilidad por parte de funcionarios de alguna de las postas sanitarias implementadas por el gobierno central con personal cubano y venezolano.

IV. Reacción del Estado y otras reacciones

No existen declaraciones de condena a estos hechos por parte de funcionarios gubernamentales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió la denuncia hecha por los afectados, a través de su oficina en Santa Cruz, pero no se ha expedido sobre el particular. También se conoce que la Sra. María Andrea Echazú, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, estuvo la tarde del 19 de agosto en el lugar de los enfrentamientos en el Plan 3.000, pero tampoco se ha expedido sobre el caso de secuestro y torturas a los hermanos Lucía Lichtmann y a Carlos Gutiérrez Burgos.

Links de prensa:
http://elnuevodia.info/versiones/20080909_007573/nota_247_667336.htm
http://elnuevodia.info/versiones/20080909_007573/nota_247_667337.htm