HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA

RENUNCIA DE DIRECTORES DE HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA

2009-06-03T10:14:00.000-07:00

Al crearse en marzo de 2007, Human Rights Foundation-Bolivia estableció un Directorio ad hoc presidido por el Dr. Hugo Achá, que debía tener vigencia de algunos meses hasta tanto se lograra la obtención de su personería jurídica. Tal trámite acabó extendiéndose por espacio de 1 año debido a inconvenientes burocráticos en la Prefectura de Santa Cruz, siendo finalmente expedida la personería en marzo de 2008.

Sin embargo, no se produjo entonces la correspondiente convocatoria por parte del presidente ad hoc para elegir al nuevo Directorio titular, prolongándose una situación irregular por espacio de todo el 2008 y comienzos del 2009, periodo en el que el Dr. Achá (al igual que en el 2007) no convocó al directorio a reuniones en forma regular.

Es decir, que durante toda la gestión presidencial del Dr. Achá los demás integrantes del Directorio no tuvimos un conocimiento de sus actividades.

Esta situación llegó a motivar reiteradas reclamaciones por parte de miembros del directorio, quienes pidieron un funcionamiento institucional transparente y democrático a través de varias comunicaciones debidamente registradas, así como se solicitó que sean facilitados a los miembros los Estatutos para su lectura, sin que hubiera nunca una respuesta positiva.

En marzo del corriente año, los directores preocupados se apersonaron en la Notaría de Fe Pública para lograr copias de los Estatutos. En el análisis jurídico de los Estatutos quedó claro que el periodo del presidente fenecía el 12 de abril del corriente año. Eso, tomando el periodo correspondiente a un presidente titular.

Tocado el tema de los Estatutos, el Dr. Achá indicó que según los mismos “los miembros fundadores debían permanecer en sus cargos indefinidamente”, a lo que se le explicó que según los Estatutos la gestión duraba dos años indefectiblemente.

En esta circunstancia se produjo la investigación sobre el supuesto caso de terrorismo en el que el Dr Hugo Achá fue implicado, situación que coincidió con un viaje del Dr Achá para atender asuntos familiares y un problema de salud.

Frente a esta circunstancia el directorio de la Human Rights Foundation Bolivia decidió reorganizarse en cumplimiento de los Estatutos, situación que fue duramente criticada por el Dr. Achá quien planteaba seguir indefinidamente en su cargo de Presidente. El directorio se configuró ajustándose a los Estatutos y considerando que era un momento propicio para que la fundación retome su carácter democrático y transparente.

Pese a todos los esfuerzos por mantener una actividad normal y responsable del trabajo de la fundación, nos encontramos con una serie de dificultades y trabas que vuelven a provocar un funcionamiento paralelo de la fundación con citaciones vía prensa para reuniones, que el directorio colegiado formado por Alejandra Barbery, Fernando Cuellar, Emilio Martinez y Centa Reck no han convocado.

Aclaramos que la reestructuración fue hecha en forma legítima ya que correspondía reglamentariamente una renovación de directiva.

En conclusión, la reorganización de la directiva colegiada se apegó en todo a las normas estatutarias, empero al subsistir situaciones que se prestan a confusiones en donde subsiste el déficit de comunicación y transparencia de parte del ex-presidente hacia los miembros del directorio de la fundación, es que presentamos renuncia irrevocable al directorio de la Human Rights Foundation por los serios desacuerdos existentes al interior de la misma.

Firman su renuncia irrevocable, los siguientes directores:

Fernando Cuéllar Nuñez, Centa Rek L., Emilio Martínez y Alejandra Barbery.

Santa Cruz de la Sierra, 04 de junio de 2009

ACLARACIÓN DEL DIRECTORIO DE HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA

2009-06-03T10:12:00.000-07:00

Declaraciones realizadas al diario El Deber por la Dra. Alejandra Barbery, en representación del Directorio de Human Rights Foundation-Bolivia.

¿QUIÉN PUBLICÓ ESTO?

2009-06-03T10:05:00.000-07:00

El día 2 de mayo del corriente año, este aviso salió publicado en las páginas clasificadas del diario El Deber, sin que la convocatoria a la que se alude en el texto hubiese sido realizada por el Directorio de Human Rights Foundation-Bolivia ni comunicada al mismo. Hechas las investigaciones correspondientes, se comprobó que el aviso fue colocado por Wilson Díaz, un miembro de la fundación que accedió a la misma invitado por el ex presidente Hugo Achá, pero quien sin embargo no integra el Directorio de Human Rights Foundation-Bolivia de acuerdo a Estatutos. Adicionalmente, la convocatoria ni siquiera respeta la sede legal de la fundación, sino que inserta como sitio de la reunión la oficina personal del Sr. Díaz. Denunciamos este lamentable intento de paralelismo institucional.

HRF-BOLIVIA SE REESTRUCTURA Y REPUDIA AGRESIÓN A DIRIGENTE INDÍGENA

2009-05-12T13:44:00.000-07:00

A pesar del evidente hostigamiento e intento de descalificación, Human Rights Foundation-Bolivia continuará realizando su labor de monitoreo de los derechos humanos con normalidad, para lo cual se reestructura institucionalmente con una nueva dirección colegiada integrada por Alejandra Barbery, Centa Reck, Emilio Martínez y Fernando Cuéllar.

Human Rights Foundation-Bolivia aclara que cuenta con su personería jurídica en regla y no tiene que inscribirse ante la Cancillería por ser una fundación nacional. Tampoco debe inscribirse en el Registro Único de ONGs, que está destinado a organizaciones de desarrollo y asistenciales.

HRF-Bolivia informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre los “controles administrativos arbitrarios” como uno de los mecanismos habituales utilizados por gobiernos con tendencias autoritarias para hostigar a las organizaciones de derechos humanos. También alerta la CIDH sobre los intentos gubernamentales de descalificar a los organismos de DDHH en base a acusaciones de estar vinculados a supuestos grupos irregulares.

HRF-Bolivia repudia la salvaje agresión de la que fue objeto el dirigente indígena Marcial Fabricano, a manos de presuntos partidarios del presidente Evo Morales.

1. REESTRUCTURA

A pesar del evidente hostigamiento e intento de descalificación del que ha sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales, Human Rights Foundation-Bolivia continuará realizando su labor de monitoreo de los derechos humanos con normalidad, para lo cual se reestructura con una nueva directiva colegiada integrada por Alejandra Barbery, Centa Reck, Emilio Martínez y Fernando Cuéllar.

Esta dirección colegiada tendrá el cometido principal de fortalecer institucionalmente a la fundación y ampliar los contactos con organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, para una mejor salvaguarda de las garantías fundamentales de los bolivianos.

2. SITUACIÓN LEGAL

Ante reiteradas declaraciones de voceros de gobierno en las que se pretende arrojar dudas sobre la situación legal de Human Rights Foundation-Bolivia, informamos a la opinion pública que nuestra Fundación ha cumplido con todos los requisitos jurídicos para el debido funcionamiento, contando con la correspondiente personería jurídica expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.

Igualmente, indicamos que en nuestro caso no procede el registro ante la Cancillería, por tratarse de una fundación nacional con personería boliviana. En este marco autónomo, HRF-Bolivia coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que la une un convenio de colaboración, al igual que con una decena de ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (Unoamérica). Sin embargo, no recibe financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas sus acciones con el exclusivo aporte de sus miembros, en carácter de voluntariado.

De la misma forma, informamos que no es procedente la inscripción ante el Registro Único Nacional de ONGs, ya que éste ha sido destinado por el decreto supremo 22409 a las instituciones “que realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación externa en el territorio nacional”. Claramente, Human Rights Foundation-Bolivia no realiza funciones de desarrollo o asistenciales, ni tampoco recibe fondos del Estado ni de la cooperación externa.

3. LA OPINIÓN DE LA CIDH

Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha advertido en su “Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas” (http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensorescap5.htm) acerca de los controles administrativos arbitrarios contra las organizaciones de DDHH, como uno de los mecanismos habituales utilizados por gobiernos con tendencias autoritarias para silenciar a quienes denuncias los atropellos a las garantías fundamentales.

La CIDH ha observado las “políticas o prácticas que restringen o limitan el ejercicio de las organizaciones de derechos humanos mediante controles administrativos, tributarios y fiscales abusivos”. Al respecto, la Representante Especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las “crecientes restricciones que imponen los Estados, mediante artificios legales, para limitar la libertad de asociación, y por el hecho de que los Estados recurran cada vez más al ordenamiento jurídico para hostigar a los defensores de los derechos humanos y obstaculizar su labor”.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advierte sobre la práctica de los gobiernos antidemocráticos de descalificar y hostigar a las organizaciones de DDHH mediante acusaciones de estar vinculadas a “grupos disidentes armados”.

El citado documento condena las “Campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales que menoscaban el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos”.

La CIDH indica que:

“El trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos también se ve limitado por las expresiones de altos funcionarios públicos que desacreditan su labor y que generan o agravan un contexto adverso para la defensa de los derechos. Igualmente, la Comisión nota que en algunos casos las defensoras y defensores son hostigados por los Estados mediante la apertura de procedimientos penales que buscan impedir el libre ejercicio de la defensa de intereses legítimos”.

“La Comisión ha tenido conocimiento que en algunos Estados americanos las defensoras y defensores de derechos humanos han visto menoscabada su labor por discursos que descalifican su trabajo. En declaraciones públicas, agentes del Estado han identificado la labor desarrollada por defensoras y defensores como ilegal, o se les ha acusado públicamente como delincuentes, subversivos o terroristas”.

“La Comisión observa que esas declaraciones deslegitiman y desacreditan la labor de estos actores sociales e incrementan su vulnerabilidad. En varias ocasiones, tales declaraciones sugieren que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colaboran con grupos disidentes armados, o proyectan campañas que atentan contra la seguridad del Estado o desprestigian la imagen internacional de los países”.

“Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos”.

“En otros casos, lo que se hace es iniciar procesos judiciales de tipo penal sin fundamentos de prueba con el objeto de hostigar a los miembros de las organizaciones, quienes deben asumir la carga psicológica y económica de afrontar una acusación penal. Estos procesos habitualmente comportan la imputación de los delitos de rebelión, atentado contra el orden público o la seguridad del Estado y la integración de grupos ilegales”.

4. AGRESIÓN A DIRIGENTE INDÍGENA

Human Rights Foundation-Bolivia repudia el salvaje flagelamiento del que fue víctima el dirigente indígena Marcial Fabricano, a manos de presuntos partidarios del presidente Evo Morales.
El ataque se inscribe en el marco de una beligerante campaña de persecusión a toda forma de disidencia, instigada por discursos de confrontación emitidos desde altas esferas de gobierno.
Nos sorprenden las declaraciones de dirigentes presumiblemente cooptados por el gobierno, como el Sr. Adolfo Chávez de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), quien ha justificado el violento castigo cuando éste claramente no forma parte de las prácticas culturales o ancestrales habituales en estos pueblos.
Convocamos a otras organizaciones de derechos humanos presentes en el país a acabar con el silencio que han mantenido en este caso y a pronunciarse debidamente.

Exhortamos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Relatoría Especial para los Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a promover la investigación de esta agresión, para acabar con la impunidad de los responsables e impedir que se repitan hechos de esta naturaleza.

Santa Cruz de la Sierra, 12 de mayo de 2009

ONG ALEMANA CUESTIONA AL GOBIERNO BOLIVIANO POR VIOLACIONES A LOS DDHH

2009-05-10T07:38:00.000-07:00

Comunidad de Trabajo Internacional "Libertad y Democracia"
Alte Poststraße 35 - 685598 Baldham Löhleinstr. 47 – 14195 Berlín

Al Presidente de Bolivia Berlín, 10 de mayo de 2009
Sr. Evo Morales
Palacio de Gobierno
Plaza de Murillo
La Paz

Sr. Presidente:

La prensa internacional y numerosas organizaciones no gubernamentales han publicado informes sobre la política interior de su gobierno que constituyen motivo de honda preocupación ya que ellas manifiestan ostensiblemente el afán de consolidar su poder por procedimientos muy alejados a los que caracterizan a una sociedad libre y civilizada.
Usted subió al poder en base a elecciones impecables. Es lamentable que ahora desnaturalice ese título legítimo con medidas destinadas a concentrar dictatorialmente su poder y a mantenerse indefinidamente en el gobierno de la nación, cercenando las libertades fundamentales de toda sociedad democrática.
En esta carta queremos referirnos concretamente a los sangrientos sucesos de Pando en septiembre del 2008.
El informe de la comisión enviada por UNASUR llegó a la conclusión de que la responsabilidad de los luctuosos sucesos fue de la oposición, motivo por el cual su gobierno ordenó la prisión del Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. Como dicho informe ofrecía muchas dudas (comenzando por el insólito hecho de estar dirigida por el antiguo terrorista argentino Sr. Mattarrollo), algunas organizaciones no gubernamentales de distintos países de Hispanoamérica decidieron realizar amplias investigaciones sobre el terreno. El resultado de las mismas pone de manifiesto que fueron los órganos de seguridad de su gobierno los autores de las numerosas muertes. Los redactores del nuevo informe participan que en base a los documentos que poseen se proponen presentar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos una acusación de lesa humanidad en contra de su gobierno.
Si usted está convencido de que una acusación de tal naturaleza carece de fundamento y que no tiene nada que ocultar, la reacción normal debería haber sido esperar con toda tranquilidad el desarrollo del proceso judicial, presentando las pruebas que demuestran su inocencia. Desgraciadamente no ha sido así. Por el contrario, su gobierno ha desatado una campaña de criminalización y una feroz persecución de las organizaciones y personas que participaron en las investigaciones. Tal comportamiento es sumamente reprobable y, desde luego, muy sospechosa.
Seños Presidente: la erradicación de las numerosas barreras que impiden el desarrollo de Bolivia sólo puede llevarse a cabo con la cooperación de todos los ciudadanos, con el máximo respeto de los derechos de cada persona y de los grupos de la sociedad boliviana. Una política buena, racional y humana no debe asentarse en ningún caso en la violencia y en la opresión. Lamentablemente ésa no es la política que usted está impulsando y ella ya está llevando a graves confrontaciones. Aún está a tiempo de desandar este fatídico camino.
Le saludamos con los sentimientos de nuestra más distinguida consideración.

Prof. Dr. José Leopoldo Decamilli
Presidente

DERECHOS HUMANOS DEL URUGUAY SE PRONUNCIA SOBRE BOLIVIA

2009-05-07T14:43:00.000-07:00

El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU) manifiesta su profundo rechazo ante la persecución y acoso de que están siendo objeto en Bolivia las personas y organizaciones civiles opositoras al Gobierno.
Resulta inadmisible que en un país que se dice democrático se estén violando no sólo los principios que atañen a la Democracia, sino también los derechos humanos de la ciudadanía que no es adicta al régimen de turno.
Exhortamos a la comunidad internacional a que observe con detenimiento la evolución de los avasallamientos comentados, expresando su repulsa a los mismos en los medios a su alcance.

Hugo Ferrari
Presidente

hugosalv@hotmail.com

REPORTE INSTITUCIONAL 2007-2009

2009-05-07T13:04:00.000-07:00

DATOS GENERALES

Human Rights Foundation-Bolivia es una fundación nacional, creada el 20 de marzo de 2007 con el cometido de promover la protección de los derechos humanos en nuestro país. Desde sus inicios, la organización logró nuclear a prestigiosos juristas e intelectuales, que garantizan la idoneidad de su actuación institucional.

Human Rights Foundation-Bolivia sostiene como único accionar legítimo el diálogo democrático y el marco legal establecido por el Estado de Derecho, condenando toda forma de violencia política.

Coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que la une un convenio de colaboración. También coopera con una decena de ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica). Sin embargo, no recibe financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas sus acciones con el exclusivo aporte de sus miembros, en carácter de voluntariado.

PERSONERÍA Y REGISTRO

Cuenta con la debida personería jurídica, expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.

La inscripción en el Registro Único Nacional de ONGs no es obligatoria para cualquier clase de fundación o asociación civil, sino para cierto tipo específico de organizaciones. El Decreto Supremo 22409 del 11 de enero de 1990, que estableció la creación de dicho Registro, estipula en su Artículo 1 que “Se entiende por organizaciones no gubernamentales (ONGs), a los efectos del presente decreto, a las instituciones privadas o personas jurídicas, sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico que realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación externa en el territorio nacional”. Claramente, Human Rights Foundation-Bolivia no realiza funciones de desarrollo y/o asistenciales, ni tampoco recibe fondos del Estado ni de la cooperación externa.

GESTIÓN

Desde su creación, Human Rights Foundation-Bolivia ha realizado una intensa labor de monitoreo y observatorio sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, elaborando 13 informes sobre casos específicos, aportando datos para los informes de Human Rights Foundation (NY) y emitiendo comunicados y llamados de alerta ante diversas situaciones de emergencia que implicaron violaciones a los derechos y garantías fundamentales.

De particular relevancia fue el documento presentado por HRF-Bolivia ante la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea Constituyente en mayo de 2007, con una propuesta para la protección de los DDHH en el nuevo texto constitucional.

En dicho documento se proponía constitucionalizar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es signataria; preservar y fortalecer el control independiente de constitucionalidad; sujetar la justicia comunitaria a la apelación ante los órganos superiores del Poder Judicial; evitar la creación de un “suprapoder” y prohibir la delegación de poderes del Legislativo al Ejecutivo.

Human Rights Foundation-Bolivia también participó en diversas actividades académicas ligadas a la temática de los derechos humanos y realizó tareas de Observación Electoral en varias consultas ciudadanas.

INFORMES

- Detención del periodista de El Nuevo Día José Antonio Quisbert.
- Ataque a huelguistas de hambre en la Iglesia de San Francisco (agresión al escritor Juan Claudio Lechín, el ex presidente de CAINCO Gabriel Dabdoub, el dirigente del Movimiento Sin Tierra Ángel Durán y otros).
- Amedrentamiento a la Red PAT (amenazas al analista Roberto Barbery Anaya).
- Agresión moral y psicológica contra mujeres en huelga de hambre (Comité Cívico Femenino).
- Detención de manifestante en el aeropuerto de Cochabamba (caso Jéssica Echeverría).
- Manifestantes emboscados y agredidos en San Julián.
- Agresiones a periodistas y toma de radios en San Julián.
- Detención del refugiado político Amauris Samartino.
- Represión a manifestantes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
- Militarización del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
- Represión policial en Sucre (noviembre de 2007).
- Detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval.
- Secuestro de jóvenes activistas en el Plan 3.000.

Aporte de datos al Informe sobre Justicia Comunitaria elaborado por Human Rights Foundation (NY).

ALERTAS Y COMUNICADOS

- Llamado de alerta por el uso excesivo de fuerza pública en las manifestaciones de Sucre (septiembre de 2007).
- Cronología: muertes por violencia política.
- Llamado al Defensor del Pueblo.
- Llamado urgente a la ONU y OEA sobre amenaza de intervención militar en Bolivia.
- Llamado para que cesen los crímenes de lesa humanidad contra la población de Sucre.
- Política de “justicia comunitaria” alienta linchamientos raciales.
- Agresiones durante el cerco al Congreso de febrero de 2008.
- Alarmante violencia por acción u omisión gubernamental.
- Exhortación a la Corte Nacional Electoral en defensa del control de constitucionalidad.
- “No más muertos” (comunicado del 8 de agosto, ante nuevos decesos en enfrentamientos politicos).
- Exhortación urgente al gobierno: la solución a los conflictos es el diálogo, no la represión (septiembre de 2008).
- Alerta internacional: muertos y heridos en conflictos civiles.
- Medidas gubernamentales pueden desatar guerra civil.
- Paz para el diálogo.
- La Defensoría del Pueblo debe precautelar la paz.
- 21 presos políticos en Bolivia.
- Comunicado sobre la detención del periodista Jorge Melgar.
- Irregularidades electorales (enero de 2009).
- HRF-Bolivia denuncia persecusión a opositores (detenciones en Pando y toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas).
- Por una Bolivia sin presos políticos (en apoyo al movimiento Liberen la Verdad).
- Agresión a activista en Santa Cruz (caso Diana Román Mauthe).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- Exposición sobre “Violaciones a los DDHH en la ciudad de Sucre” (10 de abril de 2008).
- Participación en el panel “Diagnóstico de los DDHH en Bolivia” (marzo de 2009).
- Conferencia sobre el proceso constituyente y la situación de los derechos humanos en Bolivia (Montevideo- Círculo de la Prensa del Uruguay, mayo de 2009).

OBSERVATORIO ELECTORAL

- Human Rights Foundation (NY) y la Human Rights Foundation-Bolivia realizaron tareas de monitoreo y observatorio en el Referéndum Departamental Ratificatorio del Estatuto Autonómico en Santa Cruz (4 de mayo de 2008).
- Human Rights Foundation-Bolivia realizó tareas de observatorio electoral en los referendos autonómicos de Beni, Pando y Tarija (mayo-junio de 2008).
- HRF-Bolivia realiza trabajos de monitoreo en el Referéndum Constitucional Ratificatorio y el Referéndum Dirimidor (enero de 2009).

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

Todos y cada uno de los documentos emitidos, disponibles en el blog http://hrfbolivia.blogspot.com, así como la totalidad del accionar institucional de Human Rights Foundation-Bolivia, tienen como eje la promoción del diálogo y de la paz, la defensa de las garantías y libertades, el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como la solución no violenta de los conflictos sociales.
Por esta razón, nos alarma el hecho de que nuestra institución pretenda ser vinculada por funcionarios de gobierno con un presunto grupo irregular. Sobre el particular, subrayamos lo manifestado por varios integrantes de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados, que desmienten de manera categorica cualquier vínculo entre nuestra institución y la presunta célula irregular:

“En la investigación no se encontró evidencia de que la fundación HRF haya apoyado económicamente a extranjeros y bolivianos para ejecutar el supuesto plan contra el jefe de Estado” (diputado Pablo Banegas).

Sobre las acusaciones vertidas en este mismo sentido contra el presidente saliente de nuestra institución, Dr. Hugo Achá Melgar, el directorio de Human Rights Foundation-Bolivia reitera la confianza en su idoneidad personal y profesional.

Como garantías para un completo esclarecimiento de la verdad, pedimos la descontaminación política del proceso de investigación, el pleno respeto a los principios del debido proceso y el accionar independiente de la justicia.

Todo nuestro trabajo responde al ideal de un país donde se respeten los derechos de las personas, que son finalmente el corazón de la sociedad. En un sistema democrático, no debería haber razón para que un gobierno se sienta afectado por la labor de ciudadanos que vigilan la protección de esos derechos fundamentales.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA DESMIENTE AL VICEMINISTRO LLORENTI

2009-05-04T15:31:00.000-07:00

Reiteradamente, personeros del gobierno de Bolivia han vertido información inexacta sobre las organizaciones protectoras de los derechos humanos.

En días pasados, en directa alusión a Human Rights Foundation-Bolivia, el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, afirmó que "Averiguadas las cosas, esta fundación no tiene registro en el país ni permiso de funcionamiento por las instancias llamadas por ley".

La afirmación del Viceministro es incorrecta, ya que Human Rights Foundation-Bolivia cuenta con la debida personería jurídica, expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.

Exhortamos al viceministro Llorenti a informarse de manera más cuidadosa antes de emitir declaraciones que pueden afectar el prestigio de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Santa Cruz de la Sierra, 4 de mayo de 2009

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DIGITALIZADA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

Cc.

Human Rights Foundation

Amnesty International

Human Rights Watch

Sociedad Interamericana de Prensa

Reporteros Sin Fronteras

Representante Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos

Front Line Protection of Human Rights Defenders

Committee to Aid Human Rights Activists

Parlamento Europeo- Human Rights Unit

Parlamento Eropeo- Subcommittee on Human Rights

Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos

Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos-Polonia
Human Rights First

Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay

Internacional Society for Human Rights

Tribunal Russell
Alliance for Freedom and Dignity - AFD Europe
Fundación Andrei Sajarov

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua

Comité Cubano para los Derechos Humanos
Observatorio de derechos humanos del Uruguay
Freedom Forum
Unión de Organizaciones Democráticas de América
Fundación Verdad Colombia
Fundación Defensa Patria
Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana
Movimiento por la Verdadera Historia-Argentina
Farol de la Democracia Representativa-Brasil
Foundation for Investigation of Communist Crimes

Parlamento del Reino Unido - House of Lords
Comisión Internacional de Juristas
Memorial-Rusia
Fundación Círculo de Montevideo
Club de Madrid
PEN International
PEN American Center
Liberpress
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba

ALGO SENCILLO QUE TODOS PODEMOS HACER PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA

2009-05-02T21:41:00.000-07:00

Si estás en desacuerdo con la persecución iniciada por el gobierno de Evo Morales contra los defensores de los derechos humanos, envía una nota de queja al e-mail de la Presidencia de la República (correo@presidencia.gov.bo) o a los correos de la Cancillería boliviana (mreuno@rree.gov.bo y dgcr@rree.gov.bo).

No hace falta que escribas una carta, sólo unas cuantas líneas asentando tu protesta por esa medida antidemocrática.

También sería útil que hagas llegar tu nota a las organizaciones de derechos humanos de otros países.

Aquí va una lista de varias:

info@thehrf.org, info@es.amnesty.org, hrwnyc@hrw.org, berlin@hrw.org, hrwbe@hrw.org, chicago@hrw.org, hrwgva@hrw.org, hrwuk@hrw.org, hrwlasb@hrw.org, paris@hrw.org, hrwsf@hrw.org, tokyo@hrw.org, hrwdc@hrw.org, hrwpress@hrw.org, Eleanor.Hevey@hrw.org, info@communistcrimes.org, rsf@rsf.org, xp-droi@europarl.europa.eu, l.kraszynski@hfhrpol.waw.pl, info@frontlinedefenders.org, euoffice@frontlinedefenders.org, infopoint@coe.int, bureau.paris@coe.int, bureau.bruxelles@coe.int, info@icj.org, feedback@humanrightsfirst.org, tb-petitions@ohchr.org, 1503@ohchr.org, cidhoea@oas.org, corteidh@corteidh.or.cr, info@ishr.org, info@afdbelgium.com, rodolfo@ccpdh.org, news@freedomforum.org, secretaria@circulodemontevideo.com, clubmadrid@clubmadrid.org, pen@pen.org, cubaexilio@cahra.org, liberpress@gmail.com, caitrionarice@frontlinedefenders.org, acutangulo@yahoo.com, alek@thehrf.org, residentesorientales@arofl.org

PODÉS HACER LA DIFERENCIA ENTRE DICTADURA Y DEMOCRACIA

LLAMADO URGENTE A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS/URGENT CALL TO HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS

2009-05-02T21:38:00.000-07:00

El gobierno boliviano está llevando a cabo una feroz persecución contra activistas de derechos humanos en Bolivia y en Argentina.Esto se debe a que, en marzo de este año, ONGs de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, junto con el capítulo boliviano de la Human Rights Foundation, iniciaron una investigación sobre la “Masacre de Pando”, ejecutada en septiembre de 2009.

Luego de un exhaustivo análisis, la investigación concluye que el gobierno de Evo Morales planificó y ejecutó la masacre, inculpando luego a la oposición.Por este motivo, en los próximos días, se presentará una acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad.

Para impedir que la verdad sea conocida, el gobierno de Evo Morales comenzó una brutal campaña de desprestigio y de criminalización -basada en mentiras y calumnias- contra los miembros de la Human Rights Foundation y demás activistas de derechos humanos que participaron en esta investigación, lo cual pone en riesgo la integridad e incluso la vida de estas personas.

La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, hace un llamado urgente a todas las organizaciones de derechos humanos para que emitan un alerta internacional sobre esta situación, y para que se pronuncien públicamente, escribiendo a las autoridades bolivianas (gobierno, embajadas y consulados), exigiendo el respeto a los derechos de estos activistas.

The Bolivian government is carrying out a fierce persecution against human rights activists in Bolivia and Argentina. This is because in March of this year, human rights NGOs from Argentina, Colombia, Uruguay and Venezuela, together with the Bolivian chapter of the Human Rights Foundation, initiated an investigation on the "Slaughter of Pando", executed in September 2009. After an exhaustive analysis, the research concludes that the government of Evo Morales planned and executed the slaughter, and latter falsely accused the opposition. For this reason, in the coming days, the Bolivian government will be sued in the Inter-American Court of Human Rights for crimes against humanity. To prevent this action, the government of Evo Morales began a brutal campaign of vilification and criminalization -based on lies and slander- against the Human Rights Foundation members and other human rights activists who participated in this investigation, something which endangers the integrity and even the lives of these people. UnoAmérica makes an urgent appeal to all human rights organizations to issue an international alert about this situation, to speak out publicly, and even write to the Bolivian authorities (government, embassies and consulates), demanding the enforcement of necessary measures to protect the rights of this human rights activists.

Alejandro Peña Esclusa

Caracas - Venezuela

www.unoamerica.org
Info@unoamerica.org

HRF INTERNACIONAL DESMIENTE A EVO MORALES

2009-05-02T21:35:00.000-07:00

Declaración de Sarah Wasserman, Directora General de Operaciones de la Human Rights Foundation ante las amenazas del presidente de Bolivia en su discurso del 1-5-2009.

Nueva York, 2 de mayo de 2009 - El gobierno del presidente Evo Morales está empeñado en descalificar a los defensores de derechos humanos en Bolivia y amenazó con cárcel, al personal de HRF-Bolivia, y con expulsión, a los que no siendo bolivianos laboramos en la protección de los derechos de los bolivianos. En los últimos días, funcionarios del gobierno boliviano han intentado vincular a cualquier costo el accionar de la HRF Bolivia con actividades de una supuesta organización delictiva que planeaba un acto de magnicidio. Inicialmente, el Presidente de la HRF-Bolivia, Hugo Acha, fue denunciado públicamente por las autoridades de gobierno de estar involucrado con la supuesta organización delictiva. Días después, los mismos funcionarios afirmaron que el Sr. Acha era “el financiador” de la organización delictiva. Finalmente, el gobierno secuestró violentamente, trasladó a La Paz y torturó a una persona, que terminó diciendo que el Sr. Acha era un “contacto” de la organización. Estas acusaciones tienen como objetivo el crear una cortina de humo para invalidar las investigaciones de la HRF y vilipendiar la reputación de la institución. Rechazamos categóricamente los señalamientos del gobierno boliviano y le damos la bienvenida a una investigación transparente y exhaustiva a estos asuntos. En el día de ayer, los ataques furibundos del presidente Morales han sido dirigidos contra la HRF internacional, que parece ser el objetivo principal de la campaña de desprestigio encabezada por el mandatario boliviano. La HRF internacional ha realizado un sinnúmero de informes y denuncias internacionales contra la destrucción de las instituciones democráticas y las graduales violaciones a los derechos humanos en Bolivia. La HRF ha denunciado ante la OEA el creciente carácter antidemocrático del gobierno de Morales, y ha realizado un informe que concluye que el gobierno de Morales incita abiertamente la violencia política y el odio racial en ese país, situación gravísima que ya ha provocado más de 40 bolivianos muertos, trescientos heridos y mutilados, y decenas de personas arbitrariamente detenidas y presas sin el mínimo respeto a sus garantías constitucionales.Desde la fundación de la HRF-Bolivia en 2007, los miembros de su directorio han venido sufriendo todo tipo de amenazas, amedrentamiento, agresiones y actos violentos. Este tipo de acciones no son nuevas contra funcionarios de nuestra organización en el continente. En Colombia somos fuertemente atacados por criticar al gobierno del presidente Alvaro Uribe. En Venezuela en enero de 2008, la directora de investigación en Venezuela de la HRF fue víctima de un intento de homicidio en Caracas. En Ecuador, el gobierno viene impidiendo desde el año pasado las actividades y registro de HRF-Ecuador.HRF-Bolivia ha desarrollado una labor extraordinaria en la denuncia de la violación de los derechos humanos en ese país. Esta labor ha incluido trabajos de investigación, documentación y análisis, de violaciones a los derechos humanos sufridas por los ciudadanos bolivianos en los dos últimos años. Los informes, denuncias y comunicados de prensa a cargo de la HRF Bolivia están publicados en su blog en internet: hrfbolivia.blogspot.com.

www.lahrf.org

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIA REPRESALIAS DEL GOBIERNO

2009-05-01T18:01:00.000-07:00

La Fundación de Derechos Humanos de Bolivia (Human Rights Foundation-Bolivia) desmiente enérgicamente las acusaciones vertidas en su contra por el presidente Evo Morales y denuncia ante la comunidad internacional la persecución emprendida por el gobierno boliviano contra los defensores de los derechos humanos.

Rechazamos cualquier sindicación en contra de la institución por presuntas vinculaciones con grupos irregulares, ya que Human Rights Foundation-Bolivia sostiene como único accionar legítimo la no violencia, el diálogo democrático y el marco legal establecido por el Estado de Derecho, condenando toda forma de terrorismo o de violencia política.

Entendemos que el verdadero móvil de la persecución gubernamental es el de ejercer represalias por las reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que ha hecho públicas nuestra organización, como consta en la dirección http://hrfbolivia.blogspot.com/

Estas denuncias, debidamente documentadas y puestas a buen recaudo ante organizaciones de derechos humanos de distintos países, verifican las agresiones contra periodistas, acciones violentas de milicias gubernamentales y diversos atropellos a la legalidad registrados en la actual gestión de gobierno.

De particular relevancia para comprender esta acción de represalia es la investigación independiente que inició nuestra Fundación sobre las muertes del 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir (departamento de Pando, norte de Bolivia). Los resultados preliminares de esta investigación, dados a conocer a la prensa en el pasado mes de marzo, contradicen seriamente la versión oficial de los hechos, al comprobarse que existió una instigación deliberada del enfrentamiento desde el Ministerio de la Presidencia.

A raíz de estos resultados, nuestra fundación, junto a una red de ONG´s de Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y El Salvador (nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América), anunció que sentaría una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Evo Morales, por crímenes de lesa humanidad.

Para su debida protección, Human Rights Foundation-Bolivia ha emitido una alerta internacional a más de 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos en todo el mundo, varias de las cuales ya están realizando las acciones correspondientes para precautelar nuestras garantías.

Aclaramos al Sr. Presidente Evo Morales que no está facultado legalmente para expulsar a nuestra organización del territorio nacional, por tratarse de una Fundación con personería jurídica boliviana. Nuestra organización coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que nos une un convenio de colaboración. Sin embargo, no recibimos financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas las acciones con el exclusivo aporte de nuestros miembros.

Señalamos que la presunta actividad de un supuesto grupo irregular no puede ni debe constituirse en excusa para implementar desde el Estado una persecución contra personas, organizaciones o instituciones que hubieran cuestionado el accionar del gobierno.

Rechazamos cualquier sindicación contra nuestra institución que pudiera provenir de testigos sometidos a torturas por tratarse de testimonios sin credibilidad. Recordamos al gobierno que Bolivia es signataria de la Convención Internacional contra la Tortura y que por lo tanto estas prácticas inhumanas deben ser evitadas y sancionadas drásticamente.

Deploramos el evidente giro hacia el autoritarismo del gobierno boliviano que incluye el ataque contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y alertamos que, como ha sucedido en otras latitudes, la pretendida “guerra al terrorismo” puede convertirse en excusa para un grave recorte de las libertades ciudadanas.

Santa Cruz de la Sierra, 1º de mayo de 2009

Links relacionados:

Detenciones sin garantías en Bolivia

EnOriente.com - Acusarán a Evo Morales por delitos de Lesa Humanidad

Acusarán a Evo Morales por delitos de Lesa Humanidad

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GOBIERNO DE BOLIVIA PERSIGUE A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

2009-04-29T21:37:00.000-07:00

Con el pretexto de desarticular una presunta “red terrorista” el gobierno de Evo Morales ha desatado una intensa persecución contra los críticos y disidentes de su régimen.
La caza de brujas también afecta a los defensores de los derechos humanos, como en el caso de la Dra. Centa Reck, integrante del directorio de Human Rights Foundation-Bolivia y directora del diario La Estrella del Oriente, a quien el gobierno acusa infundadamente de estar vinculada a esa supuesta red.
El móvil real de la persecución parece ser la participación de la Dra. Reck en una investigación independiente sobre los hechos de violencia sucedidos en el departamento de Pando en septiembre del 2008, cuyos resultados preliminares contradicen seriamente la versión gubernamental.
Como ha sucedido en otras latitudes, la pretendida “guerra al terrorismo” puede convertirse en excusa para un grave recorte de las libertades individuales.
Human Rights Foundation-Bolivia pide a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que se manifiesten en contra de esta campaña persecutoria y en resguardo a la protección de las garantías fundamentales en este país.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de abril de 2009

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POR UNA BOLIVIA SIN PRESOS POLÍTICOS

2009-03-15T18:08:00.000-07:00

La Fundación de Derechos Humanos de Bolivia (Human Rights Foundation-Bolivia) manifiesta su solidaridad con los familiares de los presos políticos y acompaña las movilizaciones ciudadanas realizadas bajo la consigna “Liberen la Verdad” en varias ciudades del país y del exterior.

Reiteramos nuestra enérgica condena a las detenciones irregulares llevadas a cabo por el gobierno de Evo Morales Ayma y manifestamos una vez más a la comunidad internacional nuestra alarma por el grave deterioro de la protección a los derechos humanos en Bolivia.

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, a los gobiernos y organizaciones, que actualmente son decenas de ciudadanos los que sufren un encarcelamiento indebido por razones políticas, sin que su procesamiento haya respetado las normas del debido proceso.

Durante su arresto y encarcelamiento estos ciudadanos han sufrido y aún sufren diversos tipos de abusos y arbitrariedades, que configuran flagrantes violaciones a sus garantías fundamentales.

La inconsistencia de los cargos levantados en su contra permiten afirmar que se trata de presos de conciencia, privados de su libertad por profesar opiniones contrarias al actual gobierno o por participar en medidas de protesta.

Rechazamos esta persecución contra opositores, así como la injerencia gubernamental en el Poder Judicial, especialmente en lo referido a la violación de la jurisdicción territorial de las Fiscalías Departamentales y al principio del juez natural.

En el caso específico del prefecto de Pando, Sr. Leopoldo Fernández, Human Rights Foundation-Bolivia acompaña las acciones planteadas por su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realizará un seguimiento detallado del proceso en ese organismo internacional.

Alertamos también sobre la grave situación en que se encuentran trescientas personas asiladas en la localidad fronteriza de Brasilea (Brasil), viviendo de la caridad y sin poder retornar al país debido a las persecuciones políticas desatadas a simple acusación, sin que sus casos hayan sido debidamente investigados.

Demandamos un juicio justo para todos los detenidos y una Bolivia sin presos políticos ni exiliados.

Santa Cruz de la Sierra, 16 de marzo de 2009

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA DENUNCIA PERSECUCIÓN A OPOSITORES

2009-03-07T16:10:00.000-08:00

Ante la creciente intolerancia demostrada por el gobierno de Evo Morales Ayma contra opositores políticos y cívicos, manifestada recientemente en persecuciones judiciales, detenciones irregulares y agresiones violentas ejecutadas por militantes del partido oficial, comunicamos a los organismos internacionales de derechos humanos nuestra alarma por esta preocupante situación y los convocamos a realizar las acciones necesarias para contribuir a proteger las garantías fundamentales de los bolivianos.

Varias detenciones de activistas cívicos en los departamentos de Pando y Santa Cruz han obviado las normas más elementales, siendo realizadas en muchos casos por efectivos militares, en altas horas de la noche e incluyendo la violación de domicilios.

La nítida injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público ha ocasionado el frecuente traslado de detenidos a la ciudad de La Paz, donde son puestos a disposición de fiscales y jueces que no son los naturales, desconociendo la jurisdicción de las Fiscalías Departamentales y vulnerando garantías civiles y políticas consagradas en los tratados internacionales de los cuales Bolivia es signataria.

La ruptura de los principios del Debido Proceso han llevado a que una veintena de ciudadanos se encuentren actualmente privados de su libertad en calidad de presos políticos, sin que cuenten con la posibilidad de un juicio justo.

Estos hechos se suman a los casos del Sr. Leopoldo Fernández, Prefecto electo y ratificado del departamento de Pando, el periodista Jorge Melgar y otros ciudadanos ya irregularmente detenidos y retenidos.

Las agresiones contra dirigentes de oposición alcanzaron un nuevo nivel de intensidad el día de ayer, con la quema de la casa del ex Vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas en la localidad de Huatajata, a manos de partidarios del Presidente Evo Morales, quienes también atacaron a su esposa e hijos.

El hecho cobra mayor gravedad aún por cuanto el Ministerio de Gobierno había sido informado en varias ocasiones anteriores por el ex Vicepresidente sobre las amenazas e intentos de agresión sufridos por él y su familia, sin que se hubiese registrado acción alguna de parte de esa cartera ministerial, lo que podría configurar un caso de omisión de funciones.

Condenamos estos hechos de violencia y pedimos a la Fiscalía General de la República la apertura inmediata de una investigación sobre esta agresión. Simultáneamente, reiteramos nuestra exhortación y exigencia al Gobierno Nacional para cesar las violaciones a los derechos y garantías ciudadanas y reestablecer su plena vigencia.

Santa Cruz de la Sierra, 7 de marzo de 2009

Cc.
Parlamento Europeo- Human Rights Unit
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
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IRREGULARIDADES ELECTORALES VIOLAN DERECHOS POLÍTICOS DE LOS BOLIVIANOS

2009-01-25T14:04:00.000-08:00

Ante las flagrantes irregularidades constatadas en el proceso de votación del Referéndum Constitucional, la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia (Human Rights Foundation-Bolivia) manifiesta su alarma por estas preocupantes distorsiones de la transparencia electoral, que suponen una violación a los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos.
En el transcurso de la jornada de hoy, numerosas denuncias dieron cuenta a las Cortes Departamentales Electorales sobre la deficiencia de la tinta indeleble utilizada en las mesas de votación, tinta que es aplicada en uno de los dedos de los votantes y que sirve para evitar la duplicación del sufragio.
Como pudo ser comprobado personalmente por varios integrantes del directorio de nuestra Fundación, así como en demostraciones realizadas en varias mesas ante las cámaras de diversos canales de televisión, la tinta era borrada fácilmente, incluso sin que mediara un lavado de manos.
A pesar de que la deficiencia de esta tinta supuestamente indeleble había sido advertida previamente, la Corte Nacional Electoral decidió mantenerla, obviando el riesgo que esto suponía para la transparencia de la votación.
Dicho riesgo se amplía al existir múltiples denuncias y pruebas documentales sobre irregularidades en la identificación de los votantes, habiéndose constatado muchos casos de personas que poseen más de un carnet de identidad, y que por lo tanto estarían habilitadas ilegalmente para sufragar varias veces.
Adicionalmente, se registraron numerosas quejas de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto, ya fuera porque habían sido indebidamente depurados del Padrón Electoral o porque otra persona votó con su nombre y número de documento de identidad.
Otra de las denuncias que ha llegado a nuestra Fundación, realizada por la Dra. Norma Piérola, informa que en Cochabamba fue encontrado un camión que transportaba una gran cantidad de papeletas marcadas con el SÍ, hecho descubierto a raíz de un accidente de tránsito sucedido en la carretera al Chapare.
Asimismo, según denuncia del presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, John Cava, en recintos de varias provincias de ese departamento no se permitió el ingreso a los delegados del NO, impidiéndose de esa manera un control electoral transparente.
A los observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y Organización de Estados Americanos (OEA), quienes ya han sido debidamente notificados sobre estos hechos, les recordamos su responsabilidad de emitir un informe verdaderamente imparcial y desprovisto de todo sesgo político, recogiendo estas denuncias y evidencias contundentes de irregularidades.

Santa Cruz de la Sierra, 25 de enero de 2009

Cc.
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea
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LIBEREN A JORGE MELGAR

2008-10-13T23:29:00.000-07:00

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda la inmediata liberación del periodista Jorge Melgar Quete, secuestrado por funcionarios del Ministerio de Gobierno.
La detención irregular, que incumplió todas las garantías constitucionales del debido proceso, se produjo en la localidad de Riberalta (Beni) a las 4:15 de la madrugada de ayer, por encapuchados vestidos de negro que se movilizaban en dos vehículos con vidrios oscuros. De acuerdo al testimonio de las hijas de Jorge Melgar, el operativo fue violento e incluyó golpizas contra el periodista, su esposa, hermana e hijos. Los familiares fueron enmanillados y una niña de diez meses fue amordazada para acallar su llanto.
A través del viceministro de gobierno, Rubén Gamarra, el Poder Ejecutivo admitió haber detenido a Jorge Melgar bajo la acusación de terrorismo, aduciendo que éste habría participado en las manifestaciones de pobladores riberalteños que tomaron instituciones públicas entre los meses de agosto y septiembre.
Contrariamente, testimonios de los familiares señalan que Melgar había denunciado y mostrado imágenes de cómo el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, reclutó y pagó a pobladores de Riberalta para trasladarlos a Pando, en días previos a los trágicos enfrentamientos que tuvieron lugar en ese departamento el pasado 11 de septiembre.
HRF-BOLIVIA manifiesta su alarma por el deterioro de la protección a los derechos humanos en el país, particularmente de las garantías al debido proceso y a la libertad de prensa, y exhorta a la comunidad internacional a un pronto repudio de esta grave situación.

Links de prensa:

Amordazaron a periodista que denunció "plan del Gobierno"
Fuerzas de seguridad secuestran a periodista
Gobierno sigue con la “cacería” y captura a un periodista en Riberalta

21 PRESOS POLÍTICOS EN BOLIVIA

2008-10-02T18:34:00.000-07:00

La crisis de derechos humanos en el país se ha agravado y ya son 21 los ciudadanos detenidos de manera irregular en las últimas semanas por el gobierno de Evo Morales Ayma.

Estas detenciones se producen por razones políticas, tratándose en la mayoría de los casos de dirigentes o militantes de los movimientos cívicos regionales:

· 14 confinados a raíz de la declaración de Estado de Sitio en el departamento de Pando: Leopoldo Fernández, Hugo Apaza Salonero, Gualberto Paz Mugro, Felipe Brigabriel Villarroel, Gabriel Delgadillo Vargas, José Salinas Bazán, Rubén Franco Tuno, Mirtha Sosa del Chalar (foto), Adhemar Herrera Guerra, Claudio Franco Égüez, Osvaldo Valdivia, Néstor da Silva Rivero, Agapito Vira y Willam Misuko. Estos confinamientos no cumplen con las mínimas normas del debido proceso, tratándose claramente de situaciones de prisión política. La mayoría de los confinados se encuentran incomunicados y los pocos que han logrado hablar denunciaron graves violaciones a sus derechos fundamentales, como torturas, saqueos, amenazas de muerte y, en el caso de la suboficial de policía Mirtha Sosa, abusos sexuales reiterados. La Suprema Corte de Justicia ha demandado al Poder Ejecutivo el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a la capital de la república, Sucre, para proceder al correspondiente caso de corte. El gobierno ha desobedecido el mandato judicial y mantiene al prefecto pandino confinado en la ciudad de La Paz, obstruyendo la justicia e impidiendo el esclarecimiento imparcial de los enfrentamientos violentos sucedidos en la localidad de El Porvenir.

· 7 detenciones ilegales en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Cinco jóvenes cruceños (Luis Márquez, Lisandro Pérez, Raúl Vargas Valdivia, Fermín P. R. y Ricardo P. M.), varios de ellos militantes autonomistas, fueron detenidos sin presencia de fiscal y violando sus domicilios en horas de la noche. En un inicio fueron acusados de haber agredido al ex Comandante Departamental de Policía, Wilge Obleas, pero posteriormente la acusación varió a delitos de hurto. El móvil real de estas detenciones indebidas parecería ser la participación de algunos de ellos en la toma de instituciones públicas, en protesta por la confiscación a las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En Tarija, un grupo de encapuchados que se identificaron como agentes del Ministerio de Gobierno secuestraron al militante cívico Juan Carlos Ríos, quien habría sido trasladado a la ciudad de La Paz. La última detención ilegal es la del dirigente cívico del Chaco, José Vaca, también remitido de manera irregular a la sede de gobierno, sin tener en cuenta la jurisdicción de la Fiscalía de Distrito de Tarija.

A estos casos debe agregarse el intento de secuestro de la alcaldesa de Boyuibe, Alejandrina Vacaflor, 500 exiliados pandinos refugiados en el Brasil y la confirmación por autoridades policiales de la existencia de una lista de 24 detenciones por realizar: Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez, David Sejas, Alfredo Saucedo, Ana Melena, Ricardo Shimokawa, José Luis Sánchez, Irán Arab, Danilo Huari, Abel Janco, Ignacio Janco, Fermín Terrazas, Luis Alberto Rojas, José Luis Forero, Julio Villalobos, Édgar Manú, Javier Vaca, Alan Davis, Vestí Muñoz, Wálter Sobrino, Tony Gómez, Franz Elvis, Asquis Franco y “Lilico” Apuri.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA manifiesta su repudio a las persecuciones políticas y demanda las garantías del debido proceso para todos los detenidos, el levantamiento del Estado de Sitio en Pando, el fin inmediato de los confinamientos y una investigación realmente imparcial de los hechos de El Porvenir.

Dirigimos una exhortación urgente a los observadores internacionales presentes en Bolivia para que presten atención a estas violaciones al ordenamiento jurídico y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2 de octubre de 2008

Links de prensa:

Mujer policía confinada dice que teme por su vida

“Los militares me golpearon sin piedad”

Investigarán abusos contra los confinados

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEBE PRECAUTELAR LA PAZ

2008-09-22T23:05:00.000-07:00

La movilización de milicias armadas hacia Santa Cruz de la Sierra implica un gravísimo riesgo para la protección de los derechos humanos. Ante los serios indicios de complicidad de varios poderes públicos con estas marchas violentas, incluida la promoción de las mismas desde el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y el incumplimiento de funciones de la Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda de manera urgente la intervención de la Defensoría del Pueblo, en el marco de las atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley 1818 de creación de esa institución.

Según la normativa, el Defensor del Pueblo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes” (Art. 1).

El artículo 11 de la Ley faculta a la Defensoría a “Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos” y a “Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas, a todos los órganos de la administración pública”.

Igualmente, el artículo 25 establece la obligación de colaboración de “todos los Poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos” con las acciones que emprenda la Defensoría.

En ese marco, demandamos al Defensor del Pueblo dirigir las comunicaciones necesarias a las respectivas reparticiones estatales, para cesar toda colaboración con las milicias armadas y para que las fuerzas del orden cumplan con el debido resguardo a la seguridad pública.

De la misma forma y en base a la atribución de “Ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos” (Art. 11, inciso 13), solicitamos al Defensor del Pueblo realizar urgentes gestiones de pacificación y desarme ante los dirigentes de los sectores movilizados.

23 de septiembre de 2008

PAZ PARA EL DIÁLOGO

2008-09-19T15:54:00.000-07:00

Con gran pesar por los sucesos de violencia que enlutaron al país en los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA se dirige al gobierno de Evo Morales Ayma y a los observadores internacionales que acompañan el proceso de diálogo en la ciudad de Cochabamba, para hacer las siguientes precisiones y exhortaciones:

* El avance del diálogo nacional requiere de un correspondiente clima de paz, que haga posible el desarrollo de conversaciones sin chantajes ni presiones de ninguna de las partes. En ese marco, consideramos prioritaria la desmovilización inmediata de las milicias sindicales afines al partido de gobierno, que amenazan tanto el escenario de diálogo en El Manantial como a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

* Demandamos al Poder Ejecutivo el levantamiento inmediato del Estado de Sitio en el departamento de Pando, toda vez que esta medida represiva ha causado una grave crisis de derechos humanos en esa región, ocasionando la suspensión de las garantías constitucionales, el exilio de 400 pandinos al Brasil, secuestros nocturnos por fuerzas militares y la trágica ejecución del pastor evangélico Luis Antonio Rivero en el aeropuerto de Cobija, ametrallado por efectivos de las Fuerzas Armadas.

* La investigación imparcial de los hechos de violencia de Pando, así como las garantías para el debido proceso de los imputados, son bases inequívocas para la justicia y la pacificación. En ese sentido, pedimos el cese de todos los confinamientos y el correspondiente caso de corte para el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

* Igualmente, pedimos al Senado de la República que investigue las responsabilidades del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, en el traslado de milicias armadas desde La Paz y El Alto hasta la localidad de El Porvenir en el departamento de Pando, en las jornadas previas a los enfrentamientos del 12 de septiembre.

* Solicitamos también al Ministerio Público una investigación urgente sobre el homicidio del joven Edson Ruiz, victimado en el departamento de Santa Cruz por grupos de choque del Movimiento Al Socialismo.

* Exigimos al presidente de la república, Evo Morales Ayma, el debido respeto por los observadores y facilitadores del proceso de diálogo, tras su lamentable ataque al cardenal Julio Terrazas, exabrupto que podría entorpecer el normal desenvolvimiento de las conversaciones.

* A los observadores internacionales les pedimos la debida imparcialidad en la consideración de las circunstancias bolivianas y una comunicación ecuánime con todos los actores de las negociaciones.

20 de septiembre de 2008

MEDIDAS DE EVO MORALES PUEDEN DESATAR GUERRA CIVIL

2008-09-13T17:53:00.000-07:00

En los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA ha dirigido varios comunicados urgentes exhortando al presidente de la república, Evo Morales Ayma, a desactivar la espiral de violencia y confrontación mediante la vía del diálogo, la desmovilización de los grupos de choque y evitando medidas represivas como la militarización o el Estado de Sitio.

Haciendo oídos sordos a éstos y otros llamados, el gobierno de Bolivia se ha empeñado en polarizar al país utilizando un lenguaje de confrontación, movilizando a grupos violentos, reprimiendo a la población civil, instruyendo la persecución judicial de líderes de oposición y callando ante la amenaza de intervención militar del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Esta política de terror derivó en 16 muertos y un centenar de heridos, además de un número no confirmado de desaparecidos, y continuó el viernes 12 de septiembre con la declaración de Estado de Sitio en Pando, que ocasionó la suspensión de las garantías constitucionales y produjo el fallecimiento de otro compatriota, ametrallado por fuerzas militares en el aeropuerto de Cobija, capital de ese departamento.

La declaración de Estado de Sitio se produjo en momentos en que el gobernador de Tarija, Mario Cossío, llegaba a la sede de gobierno en representación del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), para concertar con el Poder Ejecutivo una agenda de diálogo. Traicionando las esperanzas de reconciliación que ese encuentro había despertado entre los bolivianos, el gobierno central decidió utilizar nuevamente el recurso de la violencia.

Posteriormente, el gobierno central ha agravado la situación al impedir la llegada de una comisión de observadores de la Unión Europea y de ayuda humanitaria hasta Cobija. De igual manera, los oficiales militares a cargo del Estado Sitio se han negado a recibir a comisiones de pobladores de esa ciudad, que buscaban entablar conversaciones para impedir cualquier choque entre las Fuerzas Armadas y la población civil.

HRF-BOLIVIA alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre los efectos que podrían tener estas medidas represivas, que lejos de pacificar al país pueden enardecer aún más los ánimos y desencadenar un enfrentamiento civil generalizado, con gravísimas consecuencias.

Al presidente de la república, Evo Morales Ayma, le recordamos que es suya la principal responsabilidad por el derramamiento de sangre vivido en los días pasados y en los eventuales hechos de violencia que pudieran desatarse en las jornadas por venir. Asimismo, le indicamos que esa responsabilidad podría ocasionar su juzgamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Expresamos nuestro rotundo repudio a expresiones vertidas por el primer mandatario y por el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Sacha Llorenti, quienes señalaron que la prioridad para el gobierno es la recuperación de las instituciones públicas tomadas por manifestantes autonomistas en varios departamentos. Muy por el contrario, consideramos que la prioridad absoluta en esta y cualquier otra circunstancia es la preservación de la vida humana.

A la ONU, OEA, Unión Europea y muy especialmente a la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) a reunirse el próximo lunes en Santiago de Chile, les recordamos la responsabilidad internacional que les compete en la protección de los derechos humanos, les demandamos imparcialidad y comunicación con todos los actores del conflicto, y los exhortamos a realizar un firme llamado al gobierno boliviano para que éste retorne al camino del diálogo, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional.

Santa Cruz, 13 de septiembre de 2008

cc.

Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)

Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)

Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)

Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)

Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Louise Arbour)

Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)

Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)

Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)

Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)

Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

ALERTA INTERNACIONAL

2008-09-11T19:49:00.000-07:00

9 MUERTOS Y 60 HERIDOS
EN CONFLICTOS CIVILES

AMENAZA DE INTERVENCIÓN
MILITAR VENEZOLANA

La espiral de conflictos desatada por la decisión del gobierno de Evo Morales Ayma de imponer una Constitución sin consenso y con un contenido racista, así como la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondiente a las regiones, derivó en la jornada de hoy en enfrentamientos entre las tropas de choque del partido oficialista (MAS), por una parte, e integrantes del Comité Cívico de Pando y funcionarios de la Prefectura de ese departamento.
El saldo trágico fueron 9 muertos y 60 heridos, que se suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la presente gestión de gobierno.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA dirige a la comunidad internacional una alerta urgente con los siguientes cometidos:

1). Solicitar a los organismos supranacionales que hagan un firme llamado al gobierno boliviano, para que éste inicie a la brevedad un diálogo verdadero con las regiones, que permita superar el actual estado de división nacional y un eventual conato de guerra civil.

2). Reiterar nuestra exhortación al gobierno de Evo Morales Ayma, para que desmovilice a sus tropas de choque y se abstenga de imponer medidas represivas a la población civil.

3). Alertar sobre la intención manifiesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de intervenir militarmente en Bolivia, como consta en declaraciones vertidas por ese mandatario a diversos medios y agencias internacionales.

Santa Cruz, 11 de septiembre de 2008

cc.
Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

Links de prensa:
http://www.infobae.com/contenidos/402765-0-0-Ya-hay-9-muertos-la-crisis-la-Bolivia-Evo
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN1144514820080911

EXHORTACIÓN URGENTE AL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA

2008-09-09T19:48:00.000-07:00

LA SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS
ES EL DIÁLOGO, NO LA REPRESIÓN

Ante los hechos de violencia sucedidos el martes 9 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que incluyeron lamentables abusos de fuerza por parte de la Policía Militar y Policía Nacional, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA se dirige al presidente Evo Morales Ayma para:

* Expresar nuestra preocupación y condena por el uso de medios represivos utilizados por su gobierno en los conflictos sociales que se desarrollan en cinco departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija).

* Recordarle que, en democracia, la concertación es la vía para la resolución de dichos conflictos, y demandar que su gobierno dé claras señales conducentes a un diálogo verdadero, que desactive el clima de confrontación y violencia que sacude al país.

* Condenar la militarización de cuatro departamentos, que derivó en la jornada citada en enfrentamientos con la población civil, con el saldo de múltiples heridos por balines, granadas de gas disparadas a quemarropa e intoxicaciones por gas lacrimógeno. Estos actos de brutal represión afectaron, nuevamente, a varios discapacitados.

* Denunciar públicamente el caso de un efectivo policial encapuchado, quien realizó disparos con una pistola de 9 milímetros contra la multitud en inmediaciones de Impuestos Internos de Santa Cruz (imágenes emitidas por varios canales de televisión), y pedir al Ministerio Público la investigación urgente de este delito.

* Comunicar a la opinión pública que 16 francotiradores provistos de armas largas, integrantes de la Policía Militar y Policía Nacional, fueron desarmados por la población civil en el techo del Hotel La Paz, luego de que éstos huyeran de los techos de Impuestos Internos.

* Transmitir nuestra protesta por el hecho de que dos aviones cazas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobrevolaron las residencias del centro de la ciudad, desde las 12:00 hasta las 15:30 horas, con el evidente propósito de amedrentar a la población civil.

* Lamentar la ratificación como Ministro de Gobierno del Sr. Alfredo Rada, sobre quien pesan serios indicios de responsabilidad en los homicidios de Herman Ruiz Torres (Villamontes); Osmar Flores Torres (Cochabamba); Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo (Sucre); y Hernán Montero Claros y Roberto Cáceres (Oruro), perpetrados por fuerzas militares y policiales durante su gestión.

* Exhortar a la comunidad internacional, especialmente a los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, a enfocar su atención en Bolivia y a condenar enérgicamente los abusos de la fuerza pública.

Santa Cruz de la Sierra, 9 de septiembre de 2008

cc.

Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)

Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)

Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)

Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)

Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Louise Arbour)

Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)

Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)

Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)

Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)

Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

SECUESTROS Y TORTURAS POR GRUPO PARAMILITAR EN EL PLAN 3.000

2008-09-09T19:34:00.000-07:00

I. Descripción de los hechos

El día martes 19 de agosto de 2008, en horas del mediodía, se produjo un enfrentamiento callejero entre grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS, partido oficialista de Bolivia) y jóvenes autonomistas en el Plan 3.000, barrio periférico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La confrontación tuvo lugar en medio del paro cívico convocado por el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija, en reclamo contra la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos o IDH a las regiones, realizada por el gobierno central.
En esa circunstancia, grupos del MAS del Plan 3.000 y otros trasladados desde San Julián, Yapacaní y El Chapare, se concentraron en las cercanías de la Casa Autonómica de dicho barrio, con la intención declarada de incendiar ese local.
Los jóvenes autonomistas convocaron para la defensa del local a integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3.000 y unionistas de otros puntos de la ciudad, así como a miembros de Acción Joven, Grigotanos, Asociación de Comparsas Carnavaleras Cruceñas y Federación de Fraternidades.
A las 12:30 horas se desató una batalla campal, donde ambos bandos se agredieron con palos y piedras, con un saldo de varios heridos. También se registró el caso de un militante del MAS armado con dinamita. La Policía envió al lugar un reducido contingente de 100 efectivos, que se limitaron a gasificar la zona central del conflicto.
Hacia las 13:00 horas y según su propio testimonio, los hermanos Luis Pablo Lucía Lichtmann (22 años) y Julio Manuel Lucía Lichtmann (18) salieron de su domicilio en la Urbanización Josefson del Plan 3.000 junto a su amigo Carlos Gutiérrez Burgos, con la intención de acudir al lugar del conflicto en defensa de la Casa Autonómica. Luis Pablo Lucía Lichtmann portaba una camisa color caqui del grupo Grigotanos.
Habiendo caminado unos 50 metros desde su domicilio y encontrándose entre el Colegio Buenas Nuevas y el Colegio Cervantino, pasó junto a ellos en sentido contrario una ambulancia azul y negra. De acuerdo al testimonio de Luis Pablo Lucía Lichtmann, las personas que iban en la cabina de la ambulancia los habrían observado con detenimiento. Los jóvenes continuaron su marcha, pero instantes después la ambulancia se detuvo violentamente junto a ellos. La puerta corrediza se abrió y dos sujetos jalaron hacia el interior a Luis Pablo Lucía Lichtmann, quien se encontraba dos metros detrás de sus acompañantes. Acto seguido, éstos también fueron forzados a ingresar al vehículo.
En el interior fueron encañonados por un sujeto que se encontraba sentado en el asiento delantero, junto al conductor. El testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann indica que el arma utilizada fue un revólver calibre 22 y que el sujeto que lo portaba tenía un corte de pelo militar. Éste les habría amenazado de muerte, diciendo: “A mí no me pesa un plomazo (balazo), porque soy del F-10” (cuerpo de élite del Ejército boliviano, cuyos integrantes prestan servicio en la Guardia Presidencial). El testimonio de los secuestrados indica que el chofer de la ambulancia tenía acento argentino, mientras que los restantes pasajeros (7) tenían acento del Occidente de Bolivia.
Los secuestradores procedieron a golpear a los tres jóvenes y un sujeto bajo, delgado y moreno colocó el cañón de una segunda arma en la boca de Luis Pablo Lucía Lichtmann, entre nuevas amenazas de muerte. A continuación, les colocaron a los secuestrados capuchas improvisadas con banderas que llevaban los plagiadores, de color verde con una estrella roja, presumiblemente pertenecientes al Grupo Luis Espinal, organización de choque del MAS.
Pocos minutos después, el vehículo se detuvo y los secuestrados fueron bajados a empujones, en medio de una nueva serie de golpes, mientras les quitaban sus pertenencias (billeteras, celulares y zapatos). Luis Pablo Lucía Lichtmann fue despojado de su camisa, que quedó echa jirones por el forcejeo. Al caer al suelo por efecto de los golpes, Luis Pablo Lucía Lichtmann se habría aflojado la capucha, permitiéndole una visión parcial de un ojo. De esa manera pudo ver la fachada del lugar al que estaban por ingresarlos, un galpón que él identifica como el local Universo, sitio utilizado para los eventos sociales de los gremialistas del Plan 3.000, ubicado sobre la Avenida del Mechero, a cuatro cuadras de la rotonda.
Al ingresarlos al local fueron golpeados nuevamente, con cachazos en la cabeza y en la frente. A Luis Pablo Lucía Lichtmann le patearon la cara y le quebraron el tabique nasal, así como varios dientes. Luego fueron sentados en un banco y amarrados entre sí, momento en que se acercó una enfermera con uniforme blanco y un botiquín, quien pidió a los secuestradores que ya no los golpearan. Instantes después, ingresó en el galpón una joven que informó a la enfermera sobre un herido y ambas salieron (esta parte del testimonio permite deducir que el lugar era utilizado como centro de asistencia para los integrantes de los grupos de choque del MAS que resultaban heridos en la refriega).
Otras dos mujeres entraron en el galpón y golpearon a Julio Manuel Lucía Lichtmann y a Carlos Gutiérrez Burgos. Una de las atacantes era de pelo crespo y complexión robusta, acento del Occidente de Bolivia y tez blanca. Acto seguido, un hombre con acento venezolano que impartía instrucciones indicó que los secuestrados debían ser trasladados a un cuarto para interrogarlos. Los tres secuestrados fueron amarrados con una soga al cuello por el sujeto que afirmó ser del F-10, quien los llevó a empellones mientras amenazaba: “Ahora es cuando van a declarar”.
En el cuarto de interrogatorio les rociaron los pies con tinner y gasolina, entre amenazas de prenderles fuego. Carlos Gutiérrez Burgos sufrió quemaduras de cigarros en la espalda y fue golpeado con un palo en la pierna derecha. Los secuestrados escucharon la voz de otro sujeto, de acento cubano, quien ordenaba: “Hacelos declarar y después hacemos entrar a la prensa”.
El sujeto identificado como integrante del F-10 fue quien procedió al interrogatorio, golpeando a los secuestrados y efectuando un disparo al piso para obligarlos a afirmar que estaban armados.
De acuerdo al testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, a continuación el sujeto habría dicho: “Lo mismo que declararon ahora lo van a decir a canal 7” (canal estatal manejado por el gobierno). A través de su capucha removida, Luis Pablo Lucía Lichtmann vio ingresar a un camarógrafo de complexión robusta, joven, de pelo negro, pantalón negro y camisa blanca, de estatura mediana.
Después de golpearlos nuevamente, los captores les informaron que debían declarar ante cámaras que pertenecían a la Unión Juvenil Cruceñista y que portaban armas de fuego. También les advirtieron que debían mantener la vista baja, mirando hacia el suelo, cuando les quitaran las capuchas.
Realizada la filmación, el sujeto de acento venezolano habría afirmado “ahora hay que buscar adonde llevarlos”. Otra vez encapuchados, fueron conducidos al interior de la ambulancia y llevados al destacamento de policía del Plan 3.000 (DP3). Los bajaron del vehículo con las capuchas puestas y los entregaron a los policías presentes en el lugar, con quienes, de acuerdo al testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, parecían tener cierta familiaridad, ya que uno de los efectivos habría preguntado a los secuestradores: “¿Qué querés que hagamos con ellos? Son un problema para nosotros”.
Inicialmente, los encargados del DP3 se negaron a recibirlos y señalaron a los secuestradores que debían llevar a los jóvenes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En momentos en que estaban subiéndolos nuevamente a la ambulancia, un coronel habría salido de la comisaría ordenando que los bajaran.
Eran las 14:30 y Luis Pablo Lucía Lichtmann preguntó a los efectivos si los estaban deteniendo, a lo que les respondieron que no, pero que todavía no podían retirarse debido a los enfrentamientos que tenían lugar en la zona. Los hermanos Lucía Lichtmann también preguntaron a los efectivos si habían anotado la placa de la ambulancia, a lo que uno de ellos respondió que “no, porque el que los trajo era un delegado policial”.
Después de varias horas y tras una llamada del coronel a alguien a quien se dirigía como “mi general”, en la que consultó sobre los pasos a seguir en el caso de los jóvenes, los hermanos Lucía Lichtmann y Carlos Gutiérrez Burgos fueron escoltados a las 17:00 hasta sus domicilios.

II. Víctimas

Luis Pablo Lucía Lichtmann, Julio Manuel Lucía Lichtmann y Carlos Gutiérrez Burgos.
El informe forense certifica que Luis Pablo Lucía Lichtmann sufrió por efectos de las torturas recibidas una contusión encéfalo-craneana, presentando además hematoma en la zona parietal derecha, contusión en arco superciliar derecho, fractura de tabique nasal, hematoma en el pómulo izquierdo, lesión muscular en el área cervical, hematomas en toda la región dorso-lumbar y hematomas en la región abdominal (varias de estas lesiones pueden apreciarse en las fotografías adjuntas).
El informe médico dental de Luis Pablo Lichtmann muestra fractura del tercio medio incisal en cuatro piezas y fisura longitudinal en dos piezas.
El informe forense también certifica que Julio Manuel Lucía Lichtmann presenta una herida contuso-cortante en la zona frontal, contusión encéfalo-craneana, hematoma en el pómulo izquierdo, hematomas en la región abdominal, lesiones en el área cervical, escoriaciones en hombro y muñeca izquierdas y hematomas en el muslo y rodilla derechos.
El informe médico dental de Julio Manuel Lichtmann indica que éste presenta fractura del tercio medio incisal en cinco piezas.
En el caso de Carlos Gutiérrez Burgos, el mismo sufrió quemaduras en la espalda producidas por cigarro, fisura de clavícula derecha, hematomas en el muslo derecho, contusiones encéfalo-craneanas, lesión en el tobillo derecho y hematomas en la región dorso-lumbar.

III. Responsables

El testimonio de los hermanos Lucía Lichtmann, brindado a representantes de Human Rights Foundation-Bolivia el 20 de agosto de 2008, muestra varios indicios de responsabilidad por parte de funcionarios públicos: 1) la participación de un integrante del F-10, cuerpo de élite del Ejército nacional, cuyos miembros prestan servicios en la Guardia Presidencial; 2) participación de un equipo del canal de televisión estatal en la sesión de interrogatorio; y 3) el proceder irregular de los efectivos policiales del DP3, quienes parecen haber solapado la actuación del grupo paramilitar que secuestró y torturó a estos tres jóvenes en el Plan 3.000. El uso de una ambulancia para estas tareas represivas también sugiere que existiría responsabilidad por parte de funcionarios de alguna de las postas sanitarias implementadas por el gobierno central con personal cubano y venezolano.

IV. Reacción del Estado y otras reacciones

No existen declaraciones de condena a estos hechos por parte de funcionarios gubernamentales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió la denuncia hecha por los afectados, a través de su oficina en Santa Cruz, pero no se ha expedido sobre el particular. También se conoce que la Sra. María Andrea Echazú, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, estuvo la tarde del 19 de agosto en el lugar de los enfrentamientos en el Plan 3.000, pero tampoco se ha expedido sobre el caso de secuestro y torturas a los hermanos Lucía Lichtmann y a Carlos Gutiérrez Burgos.

Links de prensa:
http://elnuevodia.info/versiones/20080909_007573/nota_247_667336.htm
http://elnuevodia.info/versiones/20080909_007573/nota_247_667337.htm

NO MAS MUERTOS

2008-08-09T17:38:00.000-07:00

Ante la alarmante cantidad de muertes y el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Bolivia, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA dirige esta comunicación urgente al presidente Evo Morales Ayma, exigiéndole que, en su calidad de Jefe Máximo de la Policía Nacional y Capitán General de las Fuerzas Armadas, ordene el cese inmediato y permanente de la represión política en el país, que se refleja, algunas veces, en la omisión de acción por parte de la fuerza pública para amparar ataques a cargo de los partidarios de su Gobierno, y las otras, en el brutal uso de la fuerza contra ciudadanos que no son partidarios de su Gobierno.

La muerte de dos personas el pasado 5 de agosto en el área de Caihuasi, Oruro, evidencia que Bolivia vive su peor crisis de derechos humanos desde octubre de 2003. La HRF-Bolivia quiere recordar al Presidente de la República que los ataques contra la población civil constituyen crímenes de lesa humanidad en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Bolivia es Estado Parte desde el 1° de agosto de 2002, y que los Jefes de Estado que cometen crímenes de lesa humanidad son perseguidos mundialmente y caen dentro de la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional.

La intolerancia política ya ha provocado más de 30 muertos y más de 400 heridos y mutilados desde la asunción a la presidencia del Presidente Morales. La lista completa de las muertes documentadas, durante la actual gestión de gobierno, es la siguiente:

9 de junio de 2006: Santiago Orocondo, integrante del Movimiento Sin Techo, cae abatido por una bala de uso militar en Papelpampa, departamento de Oruro. De acuerdo a las declaraciones del Prefecto de Oruro (perteneciente al partido oficialista) la represión fue ordenada por el Ministerio de Gobierno.

29 de septiembre de 2006: Los cocaleros Rember Guzmán y Celestino Ricaldes mueren en un enfrentamiento con policías y militares erradicadores de coca en los Yungas de Vandiola, departamento de Cochabamba.

5 y 6 de octubre del 2006: En el cerro Posokoni en Huanuni, departamento de Potosí, doce personas pierden la vida: Julián Condori, Javier Escóbar Choque, Javier Salvatierra Acerico, Juan Carlos Condori Crispín, Juan Carlos Flores Ururi, Braulio Díaz Balcázar, José Luis Zárate, Johnny Tejada Poma, Pedro Mamani Plaza, Edwin Choque Antonio, Luis Alberto Choque y Maribel Arroyo Encinas. La causa de los decesos es el choque violento entre mineros asalariados y cooperativistas. Dirigentes de la Central Obrera advirtieron con varias semanas de antelación de esta situación al Poder Ejecutivo, solicitando una intervención preventiva de la fuerza pública. Sin embargo, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desoyeron los pedidos.

12 de noviembre de 2006: El policía Juan Carlos Quenallata es herido al tratar de desbloquear una ruta en Caihuasi; producto de las heridas el uniformado falleció el lunes 13 de noviembre.

11 de enero del 2007: El joven Cristian Urresti Ferrel y el productor de coca Juan Ticacolque Machaca mueren durante los enfrentamientos suscitados en la ciudad de Cochabamba, tras el asalto a la Prefectura Departamental por organizaciones impulsadas por senadores y dirigentes del partido de gobierno.

25 de febrero del 2007: El cocalero Luciano Colque fallece producto de una herida de bala, impacto recibido en los enfrentamientos del 11 de enero en Cochabamba, tras permanecer en terapia intensiva durante casi 40 días.

17 de abril del 2007: Herman Ruiz Torres muere a causa de un impacto de bala, tras la intervención militar en Villamontes, departamento de Tarija.

28 de septiembre del 2007: La represión policial y militar contra estudiantes de la Normal Ismael Montes, ubicada en el municipio de Vacas, departamento de Cochabamba, causa la muerte de Osmar Flores Torres por un impacto de bala que le reventó la cara y que salió por la nuca.

24 de noviembre del 2007: Durante las protestas organizadas por los universitarios de Sucre contra la sesión ilegal de la Asamblea Constituyente en el recinto militar de “La Glorieta”, muere en la zona de La Calancha el abogado Gonzalo Durán, a causa de un disparo de arma de fuego que le perforó el pulmón derecho. El peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses demostró que el calibre de la bala es de 5.56 milímetros, compatible con los fusiles Galil, SA 80 y AUG que utilizan la unidad antiterrorista de la Policía Nacional y las Fuerzas Especiales del Ejército. Testigos presenciales afirman haber visto efectivos de élite operando en la zona de La Calancha.

25 de noviembre del 2007: En la tercera jornada de protestas en Sucre muere el universitario Juan Carlos Serrado, a causa de una granada de gas disparada a quemarropa que le perforó el tórax.

26 de noviembre del 2007: Fallece en el Hospital de Santa Bárbara, en la ciudad de Sucre, José Luis Cardozo, quien había sido internado dos días antes con una bala en la cabeza. Cardozo recibió el disparo cuando participaba de las protestas contra la sesión de “La Glorieta”.

16 de enero de 2008: Es linchado por cocaleros afines al partido de gobierno el estudiante Rolando Gira Meruvia, mismo que de acuerdo a los testimonios recogidos fue “devuelto” a sus torturadores por los mismos policías que lo habían rescatado previamente, tras recibir instrucciones desde la sede de gobierno. El testimonio de personas presentes en el hecho indica que la causa invocada por los cabecillas fue que “hablaba como camba” (acento del oriente de Bolivia). Gira, quien tenía 24 años, fue golpeado por los cocaleros, envuelto en una bolsa y enterrado vivo.

24 de marzo de 2008: En la zona de Santa María, divisa entre Oruro y Cochabamba, son asesinados por campesinos afines al partido de gobierno los Sres. Edwin Mollinedo Jaita y José Ordóñez. Según la investigación preliminar, el móvil parece haber sido premeditado, ya que el Sr. Mollinedo el era el padre del dirigente cooperativista minero, Boris Mollinedo.

5 de agosto de 2008: Mueren dos personas en la represión a trabajadores mineros en Oruro, en el área de Caihuasi. Los fallecidos (ambos por impacto de bala) son Hernán Montero Claros, de 26 años de edad y electricista de la mina Huanuni, y Roberto Cáceres.

8 de agosto: Fallece Freddy Siñani, uno de los discapacitados que hacían huelga de hambre en la ciudad de La Paz, protestando por el incumplimiento del gobierno en el pago de un bono de equidad prometido por Evo Morales en la campaña 2005. La salud de Siñani se deterioró gravemente desde el 4 de agosto, al contraer una pulmonía a causa del intenso frío. Los discapacitados fueron golpeados y gasificados en reiteradas ocasiones por la fuerza pública.

EXHORTACIÓN A LA CORTE NACIONAL ELECTORAL EN DEFENSA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

2008-07-28T18:08:00.002-07:00

En su calidad de organización defensora de los derechos humanos, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA considera de vital importancia la vigencia del control de constitucionalidad, entendiendo que el respeto a la Constitución Política del Estado es la garantía para los derechos fundamentales de las personas.

Ante las serias dudas sobre la constitucionalidad del Referéndum Revocatorio, que incluso violaría principios esenciales como el de igualdad ante la ley, recordamos que todo acto de los poderes públicos está sujeto al control del Tribunal Constitucional y que ése es el ámbito indicado para absolver dichas dudas, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, exhortamos a la CORTE NACIONAL ELECTORAL y muy en particular a su presidente, Lic. José Luis Exeni, a suspender el cronograma de realización del Referéndum Revocatorio, hasta que un Tribunal Constitucional debidamente integrado se haya expedido sobre la constitucionalidad de ese instrumento jurídico.

Consideramos que persistir en un hecho cuya validez y resultados, más allá del ejercicio ciudadano, estarán irremediablemente cuestionados, sólo contribuirá a profundizar la confrontación y provocar a la violencia.

De igual manera, convocamos a los organismos internacionales de derechos humanos a contribuir en la defensa del control de constitucionalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho.

cc.
Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Roberto Mignone)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)

“La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation-Bolivia, también pidió a la CNE la suspensión del calendario electoral hasta que el Tribunal esté integrado y se haya expedido sobre la constitucionalidad de la ley”.
http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=080728011707

DETENCIÓN ARBITRARIA DE ROBERTO LENIN SANDÓVAL, EL SEGUNDO PRESO POLÍTICO DE EVO MORALES

2008-06-09T18:21:00.000-07:00

I. Descripción de los hechos

El día lunes 2 de junio de 2008 a horas 07:45 en la ciudad de Sucre, cuando salía de su casa junto a su esposa para llevar a su hija de seis años al colegio, Roberto Lenin Sandóval López fue golpeado y luego secuestrado por seis personas vestidas de negro y plomo, algunas encapuchadas y armadas, que habían descendido de una vagoneta Cherokee y otro vehículo blanco.
Sandoval López, de 37 años, es jefe de logística de la campaña electoral de la candidata a prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar (candidata opositora del Gobierno de Evo Morales) y miembro de la “Juventud Conciencia de Chuquisaca”, organización cívico-regional opositora del Gobierno de Morales desde los asesinatos perpetrados por fuerzas militares contra la población civil de Sucre el 25 de noviembre de 2007 (http://hrfbolivia.blogspot.com/2007/11/no-mas-muertos.html).
Su esposa, Ninoska Daza, inmediatamente denunció el hecho ante la fiscal de Distrito de Chuquisaca, la sra. Ana María Lía, quien ordenó se realice una investigación sobre el caso. Durante el secuestro, la esposa de Sandóval había alcanzado a identificar la placa de circulación 1148-KSS de uno de los vehículos captores, la cual se supo correspondía a un vehículo del Ministerio de Gobierno.
A media tarde, el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Adolfo Espinoza, no aportó con más detalles del hecho y se limitó a decir que el hecho estaba siendo investigado. “Tenemos diferentes hipótesis, pero no queremos adelantarnos”, afirmó. Finalmente, a las 20:00 horas, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, reconoció la detención sin orden judicial de Roberto Lenin Sandóval López e informó que Sandoval estaba siendo trasladado por tierra desde Sucre a La Paz en los dos vehículos de ese ministerio enviados a la capital chuquisaqueña con efectivos de Inteligencia, quienes habían actuado de manera muy “eficiente” contra Sandóval, por cometer “intento de magnicidio”.
Según el ministro Rada, Sandóval López habría participado, en su calidad de activista de “Juventud Conciencia de Chuquisaca”, en las manifestaciones que se registraron en Sucre el pasado 6 de mayo, donde fueron agredidos verbalmente los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Justicia, Celima Torrico. En aquella oportunidad, los jóvenes opositores destruyeron también la ventana de un automóvil oficial, mientras que uno de los agentes de seguridad desenfundó su arma como medida de prevención, al ser asediado por los manifestantes.
Asimismo, Sandóval habría participado de los enfrentamientos del pasado 24 de mayo en la misma ciudad, cuando un grupo de jóvenes universitarios se enfrentó a militares, primero, y, luego, a campesinos seguidores del presidente Morales, a quienes condujeron a la plaza principal de la ciudad, donde los despojaron de sus ropas, los maltrataron y los obligaron a insultar al mandatario.
A su vez, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, afirmó que, al día siguiente de la detención, se imputaría formalmente a Sandóval López la comisión de seis delitos: sedición, desacato, terrorismo, organización criminal, tentativa de homicidio y atentado contra altos dignatarios de Estado.

II. Violaciones de derechos humanos
a) Violación de los derechos que precautelan la libertad física
La detención arbitraria y sin orden judicial del activista Roberto Lenin Sandóval López, por parte del Ministerio de Gobierno, viola los principales instrumentos internacionales de derechos humanos en el mundo. Así, por ejemplo, viola, entre otros, los artículos 9, 10, 11 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen:

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

De igual manera la detención arbitraria y sin orden judicial del activista Roberto Lenin Sandóval López, por parte del Ministerio de Gobierno de Bolivia, viola los artículos 9, 12, 14, 18, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen:

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

b) Violación del derecho a la libertad de expresión
Asimismo, la detención arbitraria por parte del Ministerio de Gobierno del activista opositor al Gobierno de Morales, Roberto Lenin Sandóval López, por haber participado de manifestaciones y protestas abiertamente opositoras al Gobierno, viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En ese sentido, la actuación del Ministerio de Gobierno también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.

Sobre esa misma línea de principios, la detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval López y la acusación de delitos como “sedición, desacato, organización criminal y atentado contra altos dignatarios de Estado”, típicos delitos de desacato, viola el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Asimismo, la detención denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la misma Declaración: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

III. Víctimas
La víctima directa de la violación de derechos humanos es el Roberto Lenin Sandóval López, de 37 años, jefe de logística de la campaña electoral de la candidata a prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar y miembro de la “Juventud Conciencia de Chuquisaca”, organización cívico-regional opositora del Gobierno de Morales. Por su parte, las víctimas indirectas son su esposa Ninoska Daza y su hija de 6 años que presenciaron las agresiones y consecuente detención arbitraria.

IV. Responsable
El responsable por la detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval López es el Ministerio de Gobierno en las personas del Ministro de Gobierno Alfredo Rada Vélez y del Viceministro de Régimen Interior Rubén Gamarra, quienes ordenaron la detención arbitraria.

V. Reacción del Estado y otras reacciones
El ministro Alfredo Rada sostuvo: “Se trata de un trabajo eficiente de los organismos de inteligencia de seguridad del Estado, que fue realizado en vehículos estatales que portaban matrículas de seguridad”. Posteriormente, explicó que Sandóval fue trasladado por vía terrestre hasta La Paz y luego conducido hasta las dependencias del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), con fines investigativos. El CEIP, dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia, inició las pesquisas con tres fiscales, cuyas identidades no fueron reveladas. El ministro Rada aseguró que los agentes del CEIP seguirán con el seguimiento y detenciones a otros sospechosos para dar con el paradero de los responsables de los bochornosos hechos de Sucre del mes pasado.
El viceministro Rubén Gamarra afirmó que Sandóval tiene antecedentes penales, es conocido con el alias de ‘Bebito’ y fue detenido en tres oportunidades en La Paz. La primera vez el 7 de junio de 1995 por tentativa de homicidio. Luego acusado de estafa y el 15 de enero de este año con fines de investigación.
(Fuente: http://www.eldeber.com.bo/2008/imprimir.php?id=080603004858)

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, sostuvo que el accionar contra Roberto Sandoval atenta los derechos de cualquier persona, sea quien sea. “A nadie se lo puede meter a un auto sin que haya una denuncia formal en su contra, un requerimiento formal para luego iniciar cualquier proceso”.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gonzalo Porcel, junto a tres diputados nacionales y la senadora Tomasa Yarhui, se presentaron en el Ministerio Público, donde denunciaron que el secuestro de Sandoval forma parte de varios hechos consecuentes de los incidentes del 24 de mayo, a través de los cuales, según Porcel, está el MAS.
El presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, denunció que todo lo que está sucediendo en Sucre está siendo digitado por instancias nacionales, y que si no se esclarece el hecho “podría desatarse una ola de violencia política antes de las elecciones prefecturales”.
La alcaldesa de Sucre, Haydeé Nava, dijo que el Gobierno continúa “trasgrediendo la norma de forma abrupta, porque sólo para algunos no existe la ley; para unos es permitido quemar ánforas, bloquear y secuestrar mientras que para nosotros no”.
(Fuente: http://www.lostiempos.com/noticias/03-06-08/03_06_08_nac8.php)

APRECIACIONES PRELIMINARES SOBRE EL REFERÉNDUM DEL 4 DE MAYO

2008-06-09T18:17:00.000-07:00

Santa Cruz, BOLIVIA (5 de mayo de 2008) -- Antes de emitir su Informe sobre el “Referéndum Autonómico 2008”, la Human Rights Foundation (HRF) comunica algunas apreciaciones preliminares.
La delegación de la HRF, encabezada por el Secretario General de su Directorio, Armando Valladares, y por su Presidente, Thor Halvorssen, participó en el proceso junto a un grupo de observadores internacionales de Argentina, Paraguay y otras dos organizaciones internacionales de los Estados Unidos. La delegación de la HRF incluyó la asistencia técnica de voluntarios procedentes de España y de miembros del staff y del directorio de HRF-Bolivia.
Los observadores internacionales fuimos invitados y acreditados por la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, quien nos informó que se nos permitiría el acceso irrestricto a todos los recintos electorales, a las salas de conteos de cada mesa electoral y a la lectura y suma de los resultados de las actas de escrutinio en la sede central de la Corte.
La HRF visitó más de trescientas (300) mesas electorales durante el periodo de votación, que comenzó a las 08:00 y concluyó poco después de las 16:00 del domingo 4 de mayo de 2008. Consecuentemente, la HRF presenció: la manera en que transcurrió el proceso de votación, el conteo de votos en la mayoría de los recintos visitados y la suma de los resultados de las actas de escrutinio en la sede central de la Corte.
La HRF pudo verificar el retraso de jurados electorales en varias mesas electorales. Sin embargo, la HRF observó la cooperación y apertura excepcionales del conjunto de jurados electorales en cada mesa de sufragio. Asimismo, la HRF destaca que, hasta el momento, ha existido una transparencia manifiesta durante el proceso de votación, conteo y suma de actas de escrutinio. Igualmente, se pudo verificar que los medios de comunicación nacionales e internacionales tuvieron acceso a los recintos electorales en los centros de votación observados.
La HRF fue informada por el Coronel Ramiro Valdivia, comandante de la policía en el barrio Plan 3000, que un grupo de individuos irrumpió en un recinto electoral, robó y quemó material electoral incluyendo ánforas. La HRF inmediatamente visitó otros recintos electorales en el Plan 3000 y fue testigo de la intimidación a los votantes a cargo de grupos de individuos que se oponían al referendo. Estos grupos exhibían, de manera ostentosa, garrotes y rocas, e impidieron que los votantes ingresasen a dos de los recintos electorales. En el mismo barrio, un individuo que se oponía al proceso refrendario fue golpeado por un grupo de personas que apoyaban al mismo.
En la ciudad de Montero, la HRF pudo verificar directamente agresiones para intimidar a los votantes, a través del empleo de gas lacrimógeno de uso policial y de dinamita, a cargo de individuos que se oponían al referendo. En el curso de estas agresiones, un votante fue herido en la pierna como producto de una explosión de dinamita. La víctima fue trasladada a un hospital. La violencia en Montero estuvo dirigida a persuadir a los votantes a que se retirasen de los recintos electorales. Por lo menos un recinto electoral fue cerrado y el material electoral (incluyendo papeletas de sufragio y ánforas) fue quemado. Otro recinto electoral apenas pudo mantenerse abierto debido a que un grupo de personas —principalmente, niños entre las edades de 9 y 14 años—lograron impedir la interrupción del normal curso de la votación al concentrarse masivamente en una intersección cercana al centro Unidad Educativa La Esperanza. La HRF recogió una gran cantidad de testimonios orales, fotografías, e incluso recogió un frasco vacío de gas lacrimógeno que había sido utilizado por quienes intimidaban a los votantes. La HRF observó que los recintos electorales de Montero carecían de presencia policial.
Otros pueblos donde los grupos que se oponían al referendo interrumpieron o sabotearon con violencia los recintos electorales incluyen San Julián, Yapacaní, Cuatro Cañadas y El Torno. Sin embargo, la votación solamente consiguió ser suspendida en San Julian y Yapacaní. HRF considera estos incidentes profundamente desconcertantes. Según la Corte Departamental Electoral esto representa menos del 4% del padrón electoral. La HRF estuvo en contacto constante tanto con el resto de los observadores internacionales como con los nacionales, así como con los funcionarios de la Corte Departamental Electoral. El primer boletín oficial preliminar fue hecho público a las 23:50 horas del 4 de mayo de 2008 y establecía que la opción “sí” en el Referendo, había conseguido 81,93% de los votos escrutados hasta ese momento. Los boletines oficiales pueden ser encontrados en el sitio web de la Corte Departamental Electoral: http://www.corteelectoralsc.com/.
Al final de la tarde, los medios de comunicación bolivianos anunciaron que un hombre había muerto de un ataque al corazón en el interior de su casa. El gobierno afirmo luego que la muerte había sido producida por la exposición excesiva a gas lacrimógeno. El gobierno ha dicho que va a investigar el incidente.
La HRF hace notar que la suma de las actas de escrutinio no ha concluido aún debido a que el material de alguna de las mesas electorales —donde el acceso geográfico es moroso— no ha llegado a la sede de la Corte Departamental Electoral. El gobierno de Bolivia ha provisto ya estadísticas insustanciales del nivel de abstención. Esta estadística es imposible de establecer hasta que los votos sean completamente escrutados.
El Informe final y exhaustivo de la HRF será hecho público a la conclusión del proceso de suma de votos de acuerdo a las actas de escrutinio que debería concluir en el transcurso de la presente semana.
Cobertura de la prensa sobre el papel de la HRF en el referendo:

El Deber: Observadores destacan el trabajo de la Corte

El Mundo: Veedores calificaron el proceso autonómico como legal, calmado y transparente

El Nuevo Día: Santa Cruz hace historia

La Crónica de Hoy: Un muerto, 22 heridos y cinco detenidos deja jornada en Bolivia

United Press International: Referéndum autonómico logra observadores nacionales e internacionales

ERBOL: Referéndum: Representante de una ONG de EE.UU. dice que será uno de los veedores

Opinión.com.bo: Observadores destacan la transparencia del proceso

LA HRF OBSERVA REFERENDOS EN BOLIVIA Y HACE UN LLAMADO A LA CALMA

2008-06-09T18:15:00.000-07:00

NUEVA YORK (2 de mayo de 2008) -- La Human Rights Foundation (HRF) ve con extrema preocupación el clima de tensión que se está generando en Bolivia, ante la celebración, el próximo 4 de mayo, de un referendo para decidir sobre el estatuto autonómico en el departamento de Santa Cruz. La HRF ha sido invitada a participar como observador internacional con la intención de supervisar el proceso.
El gobierno del presidente Evo Morales ha venido propulsando la democracia participativa a través de diversas consultas populares que resultaron en la creación y formación de una Asamblea Constituyente. Dicha Asamblea Constituyente se dio a la tarea de redactar una nueva constitución política del Estado boliviano, la cual fue aprobada sin el voto de los representantes de la oposición, bajo procesos de dudosa legalidad.
Por otro lado, el gobierno del presidente Evo Morales alega que los procesos electorales departamentales para refrendar los estatutos autonómicos, que buscan instaurar una relación de tipo federal con el Estado, al estilo de la de Brasil o la de Suiza, carecen de legitimidad y son ilegales.
La HRF desea recordarle a todos los actores políticos de Bolivia que la legitimidad de origen de ambos procesos deriva de la participación ciudadana. Pues si bien es cierto que millones de bolivianos refrendaron el proyecto político del presidente Evo Morales, también lo es que, a través de los cabildos, miles de bolivianos han venido reclamando descentralización y mayor autonomía en asuntos de su competencia. Cabe destacar que este movimiento popular que reclama descentralización y mayor autonomía se ha venido manifestando con anterioridad a la llegada al poder del presidente Evo Morales.
La HRF encuentra que la campaña de descrédito contra los estatutos autonómicos que el gobierno del presidente Evo Morales ha emprendido, lejos de buscar sentar las bases para un diálogo franco y productivo que lleve al entendimiento y al consenso entre las partes, ha adoptado una actitud que desdice mucho de su compromiso para con la democracia participativa. Visitas a Caracas, La Habana, el cabildeo ante la Organización de Estados Americanos con el objetivo de deslegitimar y publicitar la naturaleza supuestamente ilegal del referendo a celebrarse en Santa Cruz, demuestran un claro antagonismo y oposición a expresiones democráticas, cuando éstas no se pliegan a los deseos oficiales. La pretensión de que el proceso autonómico es ilegítimo carece de sentido y de sustento legal alguno.
Por ello, la HRF le recuerda al presidente Morales, y a todos los funcionarios de su gobierno, que la responsabilidad del establecimiento de un clima de respeto, en el cual pueda alcanzarse el consenso, recae sobre sus hombros. Asimismo, es del conocimiento de la HRF que el proceso por el que atraviesa el departamento de Santa Cruz no es un hecho aislado; muy por el contrario, en 6 de los 9 departamentos que forman Bolivia, es decir Pando, Beni, el referido Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, se están adelantando gestiones para llevar a cabo referendos similares. Tal situación representa una oportunidad extraordinaria para la consolidación de la democracia participativa en todo el territorio boliviano, y así debe percibirse, se apruebe o no dicho estatuto.
Para concluir, la HRF le recuerda al gobierno de Bolivia el contenido del artículo 7 de la constitución propuesta por el presidente Morales y por la Asamblea Constituyente de Bolivia: “La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa; es inalienable, inembargable, indivisible, imprescriptible e indelegable, y de ella emanan las funciones y atribuciones del poder público”.

EXPOSICIÓN SOBRE "VIOLACIONES A LOS DDHH EN LA CIUDAD DE SUCRE"

2008-04-09T18:57:00.000-07:00

El jueves 10 de abril de 2008 se llevó a cabo la exposición “Violaciones a los Derechos Humanos en la ciudad de Sucre en noviembre de 2007”, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (Santa Cruz-Bolivia). El evento fue organizado por HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA y la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAGRM.

ALARMANTE VIOLENCIA POR ACCIÓN Y OMISIÓN GUBERNAMENTAL

2008-03-29T16:42:00.000-07:00

Ante el evidente abuso de fuerza cometido por fuerzas militares en la población de Camiri, ordenado por el gobierno de Evo Morales Ayma y que derivó en enfrentamientos con un saldo de 30 heridos, y ante la negligencia demostrada por la misma administración en el tratamiento del conflicto entre sectores mineros de Oruro, que generó 4 muertos, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA expresa su condena a este accionar violatorio de los derechos humanos.
La intervención para el desbloqueo de caminos en las cercanías de Camiri incluyó la gasificación de viviendas y de periodistas, efectivos militares apuntándole a niños, ancianos heridos, civiles con el rostro destrozado por balines, manifestantes con el estómago perforado y heridos de gravedad, uno de ellos en estado de coma.
Consideramos que, de acuerdo a todos los parámetros internacionales de uso de la fuerza pública, se cometieron excesos injustificables ante un conflicto social que debería haber sido solucionado mediante el diálogo.
Respecto al conflicto entre sectores mineros en la frontera entre los departamentos de Oruro y Cochabamba, lamentamos que se haya repetido la trágica experiencia de Huanuni, de un enfrentamiento largamente anunciado y ante el cual el gobierno central hizo oídos sordos, sin tomar las medidas preventivas necesarias para desactivarlo.
Igualmente, nos preocupa sobremanera la pobre actuación del Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien ante la violencia desatada por las tropas en Camiri procedió a minimizar la gravedad de lo sucedido con una serie de expresiones desafortunadas e impropias de su cargo: "Yo pensé que había un muerto, porque de haber sido así le hubiese dado otra connotación al problema", "el conflicto salió barato", etc.
Exhortamos al Congreso Nacional a conformar a la brevedad posible una comisión investigadora sobre estos lamentables sucesos. De igual manera, demandamos al gobierno central que se abstenga de utilizar la fuerza para la resolución de conflictos sociales, y que proceda a una pronta indemnización a los heridos y a los familiares de los fallecidos.
Una vez más, elevamos nuestra alarma a la comunidad internacional por las continuas prácticas violatorias a los derechos humanos realizadas por el gobierno boliviano, al tiempo de recordar que el silencio ante estos crímenes equivale a la complicidad.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de marzo de 2008

ASALTO AL CONGRESO ROMPE LA DEMOCRACIA

2008-02-28T17:59:00.000-08:00

Tras la violenta toma del Parlamento Nacional por milicias del partido de gobierno, grupos que fueron acompañados y contaron con la aprobación del mismo presidente Evo Morales, situación que redundó en una nueva ruptura del Estado de Derecho, a través de una sesión ilegal del Congreso que sancionó de manera irregular tres normas sin valor jurídico, Human Rights Foundation-Bolivia denuncia ante la sociedad civil y la comunidad internacional:

1. El cerco de las milicias sindicales al edificio del Congreso realizado durante varios días, que impidió el ingreso de varios parlamentarios de la oposición así como la salida de otros de estos legisladores, constituyéndose en una auténtica toma de rehenes.

2. La omisión de funciones por parte del Ministerio de Gobierno, a raíz del retiro del resguardo policial del Parlamento.

3. Las agresiones físicas contra la diputada Ninoska Lazarte, cuyos derechos fueron violentados por los integrantes de aquellas organizaciones.

4. El asalto y toma violenta del edificio del Parlamento por dichas milicias que portaban cachorros de dinamita.

5. La sesión ilegal desarrollada en esas condiciones irregulares, con parlamentarios rehenes y legisladores cuyo derecho al ingreso fue conculcado, y sin contar con el quórum correspondiente en el Senado.

6. El carácter ilegal de la sesión del Congreso determina que todas las normas sancionadas durante la misma carezcan de validez jurídica y se conviertan en un acto violatorio a la Constitución y a un Poder del Estado.

Ante esta situación, que configura un grave caso de desprotección de las garantías constitucionales y un atentado a los derechos humanos de toda la población, así como una flagrante violación a las normas jurídicas vigentes que puede desencadenar hechos de violencia, demandamos a la Organización de Estados Americanos la pronta aplicación de la Carta Democrática Interamericana y solicitamos a la Unión Europea el envío inmediato de observadores internacionales.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de febrero de 2008

CARTA EN RESPUESTA AL VICEMINISTRO SACHA LLORENTI

2008-01-31T13:42:00.000-08:00

31 de enero de 2008

Señor
Sacha Sergio Llorenti Solis
Viceministro de coordinación de movimientos sociales y sociedad civil
Ministerio de la Presidencia
La Paz, Bolivia

Re: En respuesta a la carta recibida el 29 de enero de 2008

Excelentísimo Señor Llorenti Solis,

Por medio de la presente, manifestamos nuestro especial beneplácito por la respuesta que ha sido enviada a la Human Rights Foundation (HRF) con ocasión de la carta dirigida al presidente Evo Morales el 24 de enero del corriente año 2008, en el entendido de que durante el pasado año 2007 le fueron remitidas varias misivas nuestras al presidente Morales, exhortándolo a velar por la paz social, por el respeto a las instituciones, al principio de separación e independencia de los poderes públicos y sobre todo, por la garantía al ejercicio de los derechos humanos de todos los bolivianos -a quienes debe su mandato- con ocasión de las violaciones a los derechos humanos que arrojaban nuestras investigaciones, cartas que nunca fueron respondidas.

A tal virtud, Señor Viceministro, resulta de imperiosa necesidad enfatizar sobre algunos aspectos que deberían ser objeto de revisión por el gobierno boliviano del cual usted forma parte y que con el más amplio respeto pasamos a exponer:

1. Cómo es que expresamente sostiene en su escrito de respuesta que “El proceso de elaboración de la Nueva Constitución Política del Estado ha sido amplio, plural y participativo”, cuando un significativo número de delegados a la Asamblea Constituyente fue excluido de las sesiones, dando origen a un fracasado proceso de diálogo y negociación que impidió la aprobación del texto constitucional por una mayoría de las 2/3 partes y que fuese producto de un profundo debate como es de garantizarse en todo estado democrático, lo cual se configura en violación al derecho a la participación política, al tiempo que crea serias dudas sobre la legalidad y legitimidad del texto que usted denomina “Nueva Constitución” y que preferimos llamar “Proyecto Oficial de Constitución” por las razones antes expuestas.

2. Cómo es que su carta señala en relación con la justicia comunitaria: “…considero que confundir, sin ningún fundamento, la aplicación de este sistema de resolución de controversias con los linchamientos es una manera reduccionista y discriminatoria de ver nuestra realidad”, cuando una de las causas de alarma para la HRF ha sido la distorsión de las prácticas de “justicia comunitaria” en varias localidades de Bolivia, más allá de sus claros enunciados como un medio de resolución alternativo de conflictos (artículo 171 de la Constitución vigente) . Justamente porque la HRF considera que los linchamientos no deben ser parte de las prácticas de “justicia comunitaria” es que el texto que será sometido a referéndum debería establecer claramente la sujeción de la “justicia comunitaria” a los derechos humanos y la existencia de instancias de apelación de esta ante el sistema de justicia ordinaria, lo cual no está así concebido en el Proyecto Oficial de Constitución. En adición a esto, el “Proyecto de Ley de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas-Originarios y Comunidades Campesinas” establece que los fallos de la “justicia comunitaria” deberán ser acatados “por toda persona”, de lo cual sólo puede entenderse la obligatoriedad para cualquier persona que se encuentre en un territorio considerado indígena de someterse a dicha justicia, planteándose entonces no como un medio alternativo de resolución de conflictos sino como un medio de sujeción obligatoria. Los hechos demuestran de la manera más contundente cómo las instituciones pueden ser desnaturalizadas en la práctica, incluso las de origen ancestral como lo es la “justicia comunitaria”, por lo que se requiere de un Estado que haga cumplir la ley en garantía siempre de la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Por citar sólo un caso en lo que esto puede patentizarse, tenemos que en junio de 2004 un grupo de indígenas secuestró en La Paz al alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano. Luego de ser secuestrado, Altamirano fue trasladado por la turba a Ayo Ayo siendo linchado, apedreado, colgado y finalmente quemado vivo. La muerte de Altamirano causó conmoción en la prensa local e internacional debido a la manera cruenta y brutal en la que fue tratado. Miembros de la comunidad de Ayo Ayo habían presentado acusaciones de malversación en contra del alcalde por ante el sistema de justicia ordinario de Bolivia, en el cual nunca se demostró su culpabilidad. No obstante, las prácticas en las que la distorsión de la justicia comunitaria ha degenerado, cobró la vida de Altamirano. En este sentido lo invitamos a revisar los documentos relacionados en nuestra página web en español: www.laHRF.com.

3. Lamentamos que no obstante la majestad del cargo que detenta y la responsabilidad que ello comporta ante el pueblo boliviano, usted haya hecho pública a través de una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal (canal 7) y reproducida por algunos medios de comunicación, afirmaciones absolutamente erradas sobre la HRF y para lo cual requerimos de su pública e inmediata corrección, señalando: “Esta ONG tiene una clara filiación derechista y entre sus miembros aparece el hijo de Vargas Llosa”. Con el mayor de los respetos le sugerimos Señor Viceministro, revisar sin prejuicios la calidad y pluralidad del Consejo Internacional de HRF en el que encontrará a personalidades como el ganador del premio Nobel, Elie Wiesel, por citar sólo alguno, quien estuvo preso en un campo de concentración nazi. Para la Human Rights Foundation los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son enteramente derechos humanos y como tales deben ser respetados, protegidos y garantizados por todos los estados democráticos, independientemente de la ideología política de sus gobernantes. A mayor abundamiento es preciso destacar que los integrantes de la HRF no ocupan altos cargos en ningún gobierno, aspecto que no cabría en una organización de derechos humanos que se precie de ser independiente.

4. Finalmente Viceministro Llorenti Solis, la HRF agradecería el envío de la última versión publicada del texto de Proyecto Oficial de Constitución, pues parece que ante diversas versiones que existen de él pudimos haber cometido algún error numérico o de aspecto formal en la carta enviada al Señor Presidente Evo Morales el 24 de enero del corriente año 2008. En su escrito de respuesta ampliamente mencionado con anterioridad, señala: “Adjunto a la presente me permito hacerles llegar la versión publicada oficialmente”, permítanos informarle que para el día de hoy, esto aún no ha ocurrido, lo que nos ha hecho llamar a su digno despacho en diversas oportunidades. Para no molestar de nuevo a la Señorita Mildred Pozadas, quien amablemente nos ha atendido vía telefónica, preferimos confiar en sus palabras y quedamos entonces a la espera de su envío.

Sin embargo; más allá de cualquier aspecto formal y cumpliendo con nuestro deber de promover y defender los derechos humanos en el continente americano, es por lo que resulta de obligada referencia reseñarle el registro de casos que la HRF ha documentado sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia y para lo cual requerimos de su atención inmediata:

9 de junio de 2006

Santiago Orocondo, policía integrante del Movimiento Sin Techo, cae abatido por una bala de uso militar en Papelpampa, departamento de Oruro. Además del deceso de Orocondo, hubo 15 personas heridas. De acuerdo con las declaraciones del Prefecto de Oruro (perteneciente al partido oficialista) la represión fue ordenada por el Ministerio de Gobierno. El calibre de la bala asesina (5.56 milímetros) es similar al de las utilizadas en Sucre en noviembre de 2007.

5 y 6 de octubre de 2006

En el cerro Posokoni en Huanuni, departamento de Potosí, doce personas pierden la vida: Julián Condori, Javier Escóbar Choque, Javier Salvatierra Acerico, Juan Carlos Condori Crispín, Juan Carlos Flores Ururi, Braulio Díaz Balcázar, José Luis Zárate, Johnny Tejada Poma, Pedro Mamani Plaza, Edwin Choque Antonio, Luis Alberto Choque y Maribel Arroyo Encinas. Además, por lo menos 65 resultan heridas. La causa de los decesos y los heridos es el choque violento entre mineros asalariados y cooperativistas, estos últimos alineados con el entonces Ministro de Minería, Walter Villarroel. Dirigentes de la Central Obrera advirtieron con varias semanas de antelación de esta situación al Poder Ejecutivo, solicitando una intervención preventiva de la fuerza pública. Sin embargo, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y el inistro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desoyeron los pedidos.

11 de enero de 2007

El joven Christian Urresti Ferrel y el productor de coca Juan Ticacolque Machaca mueren durante los enfrentamientos suscitados en la ciudad de Cochabamba, tras el asalto a la Prefectura Departamental por organizaciones impulsadas por senadores y dirigentes del partido de gobierno. El homicidio del segundo fue rápidamente esclarecido por la justicia, pero el de Urresti aún permanece impune.

17 de abril de 2007

Herman Ruiz Torres muere a causa de un impacto de bala, tras la intervención militar en Villamontes, departamento de Tarija. El ministro de gobierno, Alfredo Rada, dirigía personalmente los operativos en el lugar de los hechos.

28 de septiembre de 2007

La represión policial y militar contra estudiantes de la Normal Ismael Montes, ubicada en el municipio de Vacas, departamento de Cochabamba, causa la muerte de Osmar Flores Torres por un impacto de bala que le destrozó el cerebro y que salió por la nuca.

24 de noviembre de 2007
Durante las protestas organizadas por los universitarios de Sucre, contra la sesión ilegal de la Asamblea Constituyente en el recinto militar de "La Glorieta", muere en la zona de La Calancha el abogado Gonzalo Durán, a causa de un disparo de arma de fuego que le perforó el pulmón derecho. El peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses demostró que el calibre de la bala es de 5.56 milímetros, compatible con los fusiles Galil que utiliza la unidad antiterrorista de la Policía Nacional, anteriormente denominada Grupo de Acción Inmediata (GAI) y hoy llamada Fuerza Delta. Testigos presenciales afirman haber visto efectivos de esa unidad de élite operando en la zona de La Calancha.

25 de noviembre de 2007
En la tercera jornada de protestas en Sucre, muere a causa de un disparo de arma de fuego el universitario Juan Carlos Serrudo. La bala, también de calibre 5.56 milímetros, le perforó el tórax.

26 de noviembre de 2007
Fallece en el Hospital de Santa Bárbara, en la ciudad de Sucre, José Luis Cardozo, quien había sido internado dos días antes con una bala en la cabeza. Cardozo recibió el disparo cuando participaba de las protestas contra la sesión de "La Glorieta".

29 de enero de 2008
Ante la carta enviada por el Comité pro Santa Cruz y diversa documentación proveniente de otras fuentes bolivianas, nos informan sobre una presunta campaña de espionaje y persecución por los servicios de inteligencia policiales y en el que las víctimas están siendo sacerdotes católicos, periodistas, prefectos, dirigentes cívicos y opositores. Cabe destacar al respecto que la HRF comenzará de inmediato sus investigaciones al respecto por las flagrantes violaciones a los derechos humanos que esto pudiera significar.

Agradecidos de antemano por su pronta respuesta y sin otro particular a que hacer referencia,

Atentamente,

Thor Halvorssen Armando Valladares
Presidente Secretario General

cc.
Presidencia de la República de Bolivia (Evo Morales)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)
Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Louise Arbour)
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Roberto Mignone)
Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)
Asociación Democrática Costarricense (Orlando Castro Murillo)
Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)
Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)
Embajada de Bolivia, Washington DC (Mario Gustavo Guzmán Saldaña)
Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas (Javier Loayza Barea).

CARTA A EVO MORALES, PRESIDENTE DE BOLIVIA

2008-01-28T08:29:00.000-08:00

Human Rights Foundation
350 Fifth Avenue, Suite 809 • New York, NY 10118
Ph: (212) 246-8486 • Fax: (212) 643-4278
www.humanrightsfoundation.org • info@humanrightsfoundation.org

Señor Juan Evo Morales Ayma
Presidente de la República de Bolivia
La Paz – Bolivia

Re: Cambios constitucionales propuestos por su gobierno

Estimado Presidente Morales:

Desde la Human Rights Foundation nos dirigimos a Usted en la oportunidad de expresarle nuestra profunda preocupación por los cambios constitucionales que han sido propuestos por su gobierno. Al respecto cabe destacar que la materialización de dichos cambios pondrá en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos, los cuales están protegidos tanto por el vigente texto constitucional como por los tratados internacionales firmados y ratificados por Bolivia.

La Human Rights Foundation es una organización vigilante del cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano. Su labor consiste fundamentalmente en exponer las violaciones a los derechos civiles y políticos, así como los incumplimientos a legales internacionales para trabajar en su defensa yprotección.

Hemos seguido de cerca la situación en Bolivia con gran preocupación. Nuestro departamento de derecho internacional ha revisado cuidadosamente las propuestas de su gobierno para la elaboración de una nueva Constitución y se ha percatado de varios aspectos que denotan conflicto con las obligaciones internacionales de Bolivia contenidas por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [ratificado por Bolivia el 2 de Agosto de 1982] así comotambién con los estándares aceptables del debido proceso y del Estado de Derecho en general.

Una de nuestras mayores preocupaciones yace en las prácticas que han sido llevadas a cabo bajo un sistema de justicia comunitaria obligatorio, basado en los usos y costumbres de las sociedades indígenas (Artículo200 de la propuesta de reforma). Aquellas personas que sean declaradas culpables bajo este sistema, pueden potencialmente ser sujetas a los más crueles castigos, acciones prohibidas por la normativa nacional e internacional aplicable.

No hay tampoco una revisión judicial independiente que supervise dicha administración de justicia, como tampoco hay una autoridad máxima que pueda denegar cualquiera de las sentencias comunitarias.

Un informe recientemente elaborado por nuestra organización y publicado a través de www.laHRF.com destaca un saldo entre noviembre de 2005 y septiembre de 2007 de veintiocho (28) casos que han degenerado en pena de muerte a través de quemas vivas de personas, muertes por asfixia al ser enterradas antes de su deceso y hasta crucifixión, todo esto bajo la égida de una distorsionada concepción de la “justicia comunitaria” que sigue siendo aplicada sin ningún tipo de control gubernamental y que en los dos últimos años ha incrementado significativamente el número de víctimas; tal es el caso del reciente linchamiento de un joven estudiante cruceño en la localidad de Ivirgarzama, Cochabamba, sucedido el 16 de enero de 2008. Rolando Gira Meruvia, de 24 años de edad, fue golpeado por cocaleros, envuelto en una bolsa y enterrado vivo, lo que le provocó la muerte por asfixia, tal como fue certificado por el servicio médico del Hospital Central de Ivirgarzama y según lo registra el boletín de prensa de HRF - Bolivia http://hrfbolivia.blogspot.com. Homicidio que además presenta claros signos de discriminación racial.

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce los derechos de todas las personas de ser iguales ante la ley y libres de cualquier tipo de discriminación basada en su raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro tipo de status. Al otorgársele completa autonomía e independencia al sistema de justicia comunitaria, como está previsto en el Artículo 189 de la propuesta de reforma, se está en presencia de una amplia discriminación basada en los orígenes étnicos de los bolivianos. Más aún, el no preverse algún mecanismo judicial ordinario que supervise la correcta aplicación de este tipo de justicia, arremete también contra los estándares del debido proceso y pone en tela de juicio el estado de derecho.

La HRF manifiesta también su preocupación por las reformas agrarias por usted promovidas. Las mismas limitan el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada(Artículos 57 y 392 de la propuesta de reforma). Estas limitaciones discriminan sectores del pueblo boliviano. El Artículo 57 de la constitución vigente establece que la expropiación de la tierra será establecida en casos de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no tenga una función social. El Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que todas las personas son libres de disponer de sus propias riquezas y recursos naturales en la manera en que mejor les convenga.

Si su gobierno implementa una reforma agraria que requiera la redistribución de tierras sin usar, infringiría el derecho del propietario al desarrollo económico (Parte I, Artículo 1, secciones 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). El trato diferente que se le da a las tierras de propiedad privada, el cual es limitado en su uso y tamaño por el estado, contrastado con la tierra comunal indígena, la cual es indivisible y libre de impuestos, explícitamente pone de manifiesto el trato discriminatorio a los propietarios de tierras privadas (Artículo 392 de la propuesta de reforma). La diferencia en las regulaciones entre las tierras privadas y las comunales viola el espíritu y la letra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ej. Artículo 1 Sección 2, Artículo 17).

Señor Presidente, los aludidos cambios constitucionales propuestos por su gobierno contrarían abiertamente las obligaciones legales de Bolivia de proteger los derechosfundamentales del pueblo boliviano. Más aún, los mismos desvirtúan el sentido de justicia y la concepción del Estado de Derecho. No sería sorpresa que estas reformas continúen siendo una fuente de inestabilidad y violencia en Bolivia debido a que muchos de sus ciudadanos han manifestado que no aceptarán silentemente el asalto a sus derechos civiles con la implementación de estas reformas.

A tal virtud, apreciaríamos su reconsideración sobre las mismas, las cuales ponen en peligro los derechos civiles del pueblo boliviano. La Human Rights Foundation continuará monitoreando la situación en Bolivia. Agradecemos altamente su atención a estos temas de especial gravedad, los cuales requieren de una revisión inmediata por su parte como máximo mandatario de Bolivia y propulsor de las reformas.

Atentamente,

Thor Halvorssen - Presidente

Armando Valladares - Secretario General

cc.Inter-American Commission on Human Rights (Santiago Canton)
Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)
Inter-American Court of Human Rights (Sergio García Ramírez)
International Society for Human Rights (Alexander V. Bischoffshausen)
European Parliament - Human Rights Unit (Geoffrey Harris)
European Parliament - Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (Louise Arbour)
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Roberto Mignone)
Council of Europe Office of the Commissioner for Human Rights (Thomas Hammarberg)
Bertrand Russell Peace Foundation (Ken Coates)
Asociación Democrática Costarricense (Orlando Castro Murillo)
Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)
Cuban Committee for Human Rights (Ricardo Bofill)
UK Parliament - House of Lords (Lord Avebury)
Embajada de Bolivia, Washington DC (Mario Gustavo Guzmán Saldaña)
Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas (Javier Loayza Barea).

POLÍTICA DE "JUSTICIA COMUNITARIA" ALIENTA LINCHAMIENTOS RACIALES

2008-01-21T13:54:00.000-08:00

Human Rights Foundation-Bolivia alerta a la sociedad civil, a los poderes constituidos y a la comunidad internacional sobre la grave proliferación de prácticas de violencia colectiva en nuestro país, amparadas en un distorsionado concepto de “justicia comunitaria”. El reciente linchamiento de un joven estudiante cruceño en la localidad de Ivirgarzama, Cochabamba, sucedido el 16 de enero de 2008, confirma los crecientes riesgos para la protección de los derechos humanos que conllevan estas prácticas, que se han intensificado en los últimos dos años.
El homicidio presenta claros rasgos de discriminación racial, ya que la víctima fue objeto de brutales agresiones a causa de su habla característica de Santa Cruz (oriente de Bolivia), siendo los victimarios cultivadores de coca provenientes del altiplano (occidente del país). Esto, de acuerdo a declaraciones prestadas por familiares de la víctima, Rolando Gira Meruvia (24), quien fue golpeado por cocaleros, envuelto en una bolsa y enterrado vivo, lo que le provocó la muerte por asfixia, tal como fue certificado por el servicio médico del Hospital Central de Ivirgarzama.
El violento incidente tuvo lugar en la zona de El Chapare, siendo los cultivadores de coca locales la principal base de sustentación del Movimiento Al Socialismo, actualmente en el poder. Diversos antecedentes de violencia colectiva producidos en el área configuran un probable caso de impunidad, tal como parecen confirmarlo las declaraciones de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes afirmaron sentirse rebasados por los pobladores de El Chapare.
Entre estos antecedentes se encuentra el linchamiento de Reynaldo Castro (23) y Jesús Mendoza Pérez (18), el 10 de enero de 2008, con métodos similares a los descritos anteriormente; y la agresión sistemática a viajeros con acento o aspecto del oriente boliviano en el mes de enero de 2007, cuando los cocaleros instalaron piquetes en la carretera para detener la circulación de buses, obligando a descender a los pasajeros que presentaban las citadas características, quienes fueron golpeados y ultrajados.
La multiplicación de los linchamientos ha sido simultánea a la promoción del concepto de “justicia comunitaria” por la administración de Evo Morales Ayma, tanto desde el Ministerio de Justicia como en la Asamblea Constituyente, al punto de haberse incluido el reconocimiento irrestricto a dichas prácticas en el proyecto de Constitución Política del Estado redactado por el partido de gobierno. Al mismo tiempo, el discurso de polarización étnica practicado por el Presidente de la República está generando escenarios de creciente violencia y odio racial.
Ante esta alarmante situación, HRF-Bolivia, en su calidad de Observatorio Independiente de Derechos Humanos, resuelve:
1) Exigir a los Ministerios de Gobierno y Justicia que precautelen la protección a los derechos humanos, por encima del respeto a cualquier práctica consuetudinaria, aplicando el artículo 171 inciso III de la Constitución vigente y el artículo 28 del Nuevo Código de Procedimiento Penal.
2) Alertar a la opinión pública sobre los artículos referidos a la “justicia comunitaria” en el proyecto de Constitución gubernamental, que no contemplan ningún tipo de supervisión de estas prácticas por parte de la justicia ordinaria, desconociendo principios elementales como el derecho a la vida, a la integridad física y al debido proceso.
3) Hacer un llamado de atención a la Defensoría del Pueblo, institución que ha sido cuestionada como negligente por familiares de la víctima del reciente linchamiento, para que ejerza sus funciones con celeridad, ecuanimidad y responsabilidad.
4) Solicitar a las Naciones Unidas que la información sobre los linchamientos raciales sea adjuntada al informe realizado por el Relator Especial sobre Derechos Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, a fin de que el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional pueda realizar un análisis imparcial de la situación boliviana.

Santa Cruz de la Sierra, 21 de enero de 2008

HUMAN RIGHTS FOUNDATION PUBLICA INFORME SOBRE LA JUSTICIA COMUNITARIA

2008-01-16T16:59:00.000-08:00

Human Rights Foundation, con sede en New York, EEUU, presentó un informe sobre prácticas de linchamientos realizadas en Bolivia bajo la cobertura de "justicia comunitaria". La institución declaró a través de un comunicado su absoluta preocupación "al percatarse de la situación de violación de derechos humanos en Bolivia relacionada con las prácticas de justicia comunitaria, fundamentalmente cuando en la actualidad a través de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Evo Morales pretende otorgarle rango constitucional y equipararla a la justicia ordinaria". Thor Halvorssen, presidente de HRF, dijo que “Esto es absolutamente alarmante y violatorio del derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso, entre otros derechos humanos. Si ha de establecerse formalmente la justicia comunitaria, la misma tiene que estar supeditada a la justicia ordinaria y ser susceptible de monitoreo y revisión constante para garantizar su correcta administración. De lo contrario estaríamos en presencia de una gran injusticia comunitaria”. El informe contempla cuatro aspectos puntuales que debe tener presente el gobierno boliviano sobre la “justicia comunitaria”, para garantizar que sus prácticas no degeneren en violaciones a los derechos humanos como lo ha sido hasta ahora. El comunicado de HRF pide al gobierno de Evo Morales el cese inmediato de los linchamientos, torturas y quemas vivas de personas por las prácticas de “justicia comunitaria”.

Lea el informe acerca de justicia comunitaria en Bolivia aquí

15 de enero de 2008

AMENAZAN CON EXPULSAR DE BOLIVIA A GOICOECHEA Y ACOMPAÑANTES

2008-01-16T16:45:00.000-08:00

BOLETÍN DE PRENSA

Autoridades del Ministerio de Gobierno de Bolivia amenazaron con expulsar del país a los estudiantes Yon Goicoechea y Geraldine Álvarez y al escritor Gustavo Tovar, quienes fueron invitados a dictar una serie de conferencias de carácter académico.

Gustavo Tovar, escritor del libro Estudiantes por la libertad, editado por El Nacional, informó que al llegar al aeropuerto de Tarija se les acercaron dos miembros del Ministerio de Gobierno y procedieron a chequearlos.

Posteriormente, les advirtieron que si continuaban hablando de política los iban a botar del país.

"Aunque fueron muy respetuosos, esas personas nos dijeron que si hablábamos mal del gobierno de Venezuela, nos expulsaban", señaló Tovar.

Human Rights Foundation-Bolivia expresó su preocupación por estas amenazas a la libertad de expresión.

lea artículo completo

14 de enero de 2008

LLAMADO PARA QUE CESEN LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL DE SUCRE

2007-11-26T15:58:00.000-08:00

Ante los crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Sucre que vienen siendo perpetrados por fuerzas represivas estatales y grupos irregulares alentados públicamente por el Gobierno boliviano, exigimos al Presidente Evo Morales Ayma que, en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas y Jefe Máximo de la Policía Nacional, de acuerdo a los artículos 97 y 216 de la Constitución vigente, primeramente ordene a los efectivos militares y policiales enviados a la ciudad de Sucre, el cese inmediato de las agresiones contra su población civil, y, en segundo lugar, que tome todas las medidas necesarias para disolver de modo definitivo las milicias irregulares, que, a través de amenazas y actos degradantes contra la dignidad humana, han llamado públicamente a la guerra civil, elevado a niveles intolerables la violencia y, con esto, atentado contra la vigencia de los derechos humanos de todas las personas dentro del territorio boliviano.

Los ataques contra la población civil de Sucre, que incluirían al menos cinco asesinatos, múltiples desaparecidos y alrededor de 300 heridos y mutilados, constituyen crímenes de lesa humanidad en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Bolivia es Estado Parte desde el 1° de agosto de 2002:

Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; […] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales […] u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; […] k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política.

A tiempo de recordar al Presidente de la República que los Jefes de Estado que cometen crímenes de lesa humanidad son perseguidos mundialmente y caen dentro de la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional, invocamos a las diferentes organizaciones de la comunidad internacional, en especial, a la ONU y la OEA, para que envíen de manera urgente observadores que verifiquen la sistemática violación a los derechos humanos perpetradas y alentadas por el Gobierno de Bolivia.

Asimismo, urgimos a todos los ciudadanos y colectividades de la sociedad civil boliviana a buscar las vías pacíficas y democráticas para el restablecimiento inmediato y duradero de los derechos y libertades de todas las personas dentro del territorio boliviano.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION - BOLIVIA
Santa Cruz, 25 de noviembre de 2007

No más muertos

REPRESIÓN POLICIAL A UNIVERSITARIOS DEJA MÁS DE 100 HERIDOS EN SUCRE

2007-11-24T15:03:00.000-08:00

Descripción de los hechos
El día viernes 23 de noviembre del 2007, la directiva de la Asamblea Constituyente dominada por el partido de gobierno –MAS- instaló una sesión plenaria en el Liceo Militar de “La Glorieta”, en la ciudad de Sucre, capital de la República de Bolivia. Dicha sesión violó la legislación boliviana, que prohíbe deliberar en recintos militares, y sólo contó con la presencia de 145 de los 255 integrantes de la Constituyente. Adicionalmente, la directiva mantuvo la resolución ilegal dictada el 15 agosto de 2007, que prohíbe el tratamiento en plenaria de la propuesta de retorno de los poderes Legislativo y Ejecutivo a la capital de la república, incluida en varios informes de minoría de las comisiones. Esta resolución violó la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el Reglamento de Debates y la Ley de Ampliación votada el 3 de agosto del 2007, así como el fallo de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que declaró ilegal la mencionada medida. Igualmente, la primera medida tomada por la plenaria en el recinto militar -consistente en modificar el Reglamento de Debates- violó la normativa interna de la Constituyente, que indica que para modificar el Reglamento la propuesta debe ser puesta a consideración de todos los constituyentes con 72 horas de anticipación.
La instalación de la plenaria en el recinto militar y las múltiples irregularidades ocasionaron movilizaciones de protesta del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, integrado por la mayor parte de las fuerzas vivas de ese departamento. Hacia el mediodía, el Comité Interinstitucional realizó un cabildo multitudinario, donde se declaró ilegal la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente y se anunció un referéndum para resolver el debate sobre la capitalidad plena. Hacia las 13:00 horas, estudiantes de la universidad estatal “San Francisco Xavier” se dirigieron a la sede legal de la Constituyente, el Teatro Gran Mariscal, donde varios funcionarios administrativos estaban sustrayendo muebles y equipos para trasladarlos al recinto militar. Los estudiantes instalaron una vigilia alrededor del edificio para impedir el traslado, momento en el que comenzó el operativo de represión policial. Los estudiantes fueron gasificados en reiteradas ocasiones, hasta que a las 15:00 horas las fuerzas policiales de la ciudad de Sucre se replegaron a sus comandos, momento en que la represión pasó a ser ejercida por policías llegados desde la ciudad de La Paz. Entonces se intensificó la violencia represiva, con disparos de gases y balines a quemarropa y feroces golpizas propinadas con bastones. La oleada de violencia se prolongó durante toda la jornada en el centro de la ciudad y en la zona de El Tejar, a cientos de metros de La Glorieta.
El saldo de la represión fueron más de 100 personas heridas, incluyendo a un estudiante universitario con ambas piernas fracturadas por la golpiza propinada por efectivos policiales, una persona internada por un preinfarto y menores de edad intoxicados por los gases lacrimógenos, que tuvieron que ser atendidos en terapia intensiva. Asimismo, existen insistentes versiones sobre dos fallecidos, información que deberá ser confirmada en las próximas horas. También se registró una agresión de parte de efectivos policiales a un camarógrafo del canal de TV Red Uno, José Vargas, que fue golpeado y a quien se le decomisó su equipo de filmación, tras lo cual se destruyó la cinta en la que había registrado algunos de los momentos más intensos de la represión. Posteriormente, el Sindicato de la Prensa de Chuquisaca denunció que fueron dos los camarógrafos golpeados por la Policía. Paralelamente, fueron apresados más de 50 estudiantes universitarios, los mismos que habrían sufrido golpizas en el lugar de detención y que posteriormente fueron liberados de manera paulatina.
Cabe destacar que, además de la presencia de efectivos policiales y militares, también se encuentran en la ciudad de Sucre varias milicias irregulares como los “Ponchos Rojos”, de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, formación alentada por el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera. La llegada de estas milicias estuvo precedida en las jornada anterior -22 de noviembre del 2007- por un acto efectuado por esas fuerzas en su Provincia de origen, donde degollaron perros mientras proferían amenazas de muerte al prefecto (gobernador) del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y al presidente del comité cívico de la misma región, Branko Marinkovic Jovicevic. Al mismo tiempo, exhibieron armamento de guerra y realizaron ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Versiones por confirmar hablan de la presencia de francotiradores de los “Ponchos Rojos” en los cerros circundantes a la ciudad de Sucre. La llegada de 3.000 campesinos a la capital de la república se realizó con la presunta organización del gobierno nacional, en medio de amenazas de dejar a Sucre sin alimentos ni agua potable.
En las últimas semanas, varios voceros del gobierno y de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo declararon su intención de llevar al país al enfrentamiento civil. Según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, “está más cerca de lo que parece el momento de tensionamiento de fuerzas”. Por su parte, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró en un mitin celebrado en la ciudad de Tarija que se avecina “Una batalla política. Tienen que entender compañeros que acá, o vamos a salir más fortalecidos o vamos a salir débiles”. De manera similar se expresaba el máximo dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Edgar Patana, quien decía que “Ha empezado la batalla decisiva, la última que estaba esperando el pueblo, para poder hacerse escuchar”, en medio de una marcha que bajó hasta la plaza Murillo de La Paz acompañada por gritos que amenazaban: “¡Guerra civil! ¡Guerra civil!”. En coincidencia con esas amenazas, el alcalde de Achacachi y dirigente de los ponchos rojos, Eugerio Rojas, anunció que su sector se encuentra en estado de alerta ante una eventual confrontación, “incluso una guerra civil”. A esto hay que agregar las instrucciones que, según diarios locales, le habría dado el presidente de la república, Evo Morales Ayma, a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte: “Viva o muerta, me entregas la Constitución el 14 de diciembre”.

Víctimas
Más de 100 heridos, en su mayoría estudiantes de la Universidad “San Francisco Xavier”. Más de 50 detenidos y posiblemente 2 muertos. Dos camarógrafos agredidos y coartados en el ejercicio de su profesión.

Responsables
El ministro de gobierno, Alfredo Rada, que se encuentra acuartelado en el Liceo Militar de “La Glorieta” y quien presuntamente organizó la represión a la manifestación de los ciudadanos de Sucre. El viceministro de coordinación gubernamental, Héctor Arce, presente en la ciudad de Sucre durante los hechos, y el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, de cuya cartera depende el Viceministerio de Coordinación Gubernamental.

Reacción del Estado y otras reacciones
Mientras los graves hechos de violencia se sucedían en la ciudad de Sucre, el presidente de la república, Evo Morales Ayma, se paseaba en un tanque de guerra en la Unidad Militar “Calama”, en la localidad de Patacamaya. Llamó a los chuquisaqueños a “no bloquear la sesión plenaria” pero no se pronunció sobre los hechos de violencia. Por su parte, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, se refirió a los manifestantes agredidos diciendo que “son pequeños grupos que no representan a los chuquisaqueños”. El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, lamentó la acción de los uniformados, señalando que “No había necesidad de tanta violencia porque en el Teatro Gran Mariscal no había sesión alguna. Paradójicamente, esta Asamblea Constituyente que se dice popular va a sesionar en espacios que son emblema de la dictadura”. Por su parte, el constitucionalista Jorge Asbún confirmó el carácter ilegal de la sesión en el Liceo Militar, que violaría la ley 3728 del 3 de agosto de 2007, así como el artículo 6 de la ley 3364 del 6 de marzo de 2006. El diputado opositor Oscar Urenda señaló que “Está muriendo la democracia luego de 25 años”. El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado declarándose en vigilia permanente e indicando que “Quien hiere a Chuquisaca agrede a Santa Cruz”. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) declaró a través de un comunicado que “Es una aberración que contradice los principios humanos y cristianos, usar las necesidades y aspiraciones humanas como recurso de cálculo político e instrumentalizar a grupos sociales como recursos de presión, más aún cuando estas medidas pueden conducir a lamentables enfrentamientos entre hermanos”. La Iglesia espera que a través de mecanismos de conciliación “se compatibilicen aspiraciones particulares con el bienestar de la sociedad” y pidió a la población buscar el diálogo y el consenso “ante la gravedad de los hechos”. El senador del MAS, Guido Guardia, dirigió una carta al presidente de la república, Evo Morales, señalando que “Difícilmente la historia podrá reflejar que usted no será el responsable, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, de un posible derramamiento de sangre en Sucre, autorizando a una institución militar el funcionamiento de una Constituyente reunida bajo presión”.

LINKS DE PRENSA:

http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-11-24/verespecial.php?id=071124023124

BOLIVIA: CAMPESINOS CERCAN SUCRE AnsaLatina.com - Italy

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MILITARIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIRU VIRU EN SANTA CRUZ-BOLIVIA

2007-10-19T19:58:00.000-07:00

Descripción de los hechos
El jueves 18 de octubre del 2007, a las 3:40 horas de la madrugada, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (principal terminal aérea de Bolivia) recibió una comunicación del capitán de un avión Hércules CP-130, solicitando permiso para aterrizar.
El arribo de la aeronave, cuyo propósito se desconocía, se produjo a las 3:47 horas. Minutos después, un corte en el suministro de energía eléctrica dejó a oscuras todas las instalaciones del Aeropuerto. Según testimonios de varios funcionarios regionales de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), el apagón fue seguido por la rotura de las puertas y ventanas que separan a los espacios interiores del edificio de la pista de aterrizaje, luego de lo cual se oyeron pisadas de botas y el sonido correspondiente al despliegue de un gran contingente humano.
Según testimonio de Edgar López Jiménez, controlador de tráfico aéreo, el ingreso de tropas fue acompañado de disparos realizados por los efectivos en la oscuridad, con lo que habrían resultado heridos accidentalmente dos de los militares que fueron parte del operativo comando. De acuerdo a éste y otros testigos presenciales, efectivos militares con trajes camuflados, armamento pesado y rostros con pinturas de guerra sometieron a los 20 funcionarios que se encontraban en el Centro de Control, haciendo un uso excesivo de la fuerza que incluyó empujones con las ametralladoras, además de abundantes agresiones físicas y verbales.
Los efectivos encañonaron con su armamento de guerra a los funcionarios, ordenándoles tumbarse en el suelo, tras lo cual, sin dejar de apuntarlos, procedieron a requisarles todos los efectos personales (celulares, billeteras, etc.). En esa acción fue agredido el meteorólogo Ricardo Zambrana, a quien le partieron el labio inferior por negarse a entregar su teléfono celular.
Los funcionarios de AASANA Viru Viru permanecieron detenidos en el Centro de Control y luego en otras dos salas por espacio de media hora, tras lo cual se les habría indicado que podrían irse y retornar a las 48 horas a sus puestos de trabajo, “siempre y cuando no hubieran declaraciones a la prensa y no hicieran público el operativo realizado”, según testimonio de Edgar López Jiménez y del director regional de AASANA, Ronald Toro.
En ese lapso de tiempo, llegaron al Aeropuerto dos camiones militares con efectivos de apoyo, así como un contingente de policías en motocicletas. Los funcionarios de AASANA se retiraron de las instalaciones, permaneciendo varios de ellos en el área verde contigua al Aeropuerto, lugar donde se produjo un nuevo hecho de represión, esta vez a cargo de la Policía Nacional.
Otros dos funcionarios de la Administración Aeroportuaria resultaron agredidos, cuando un efectivo policial empujó con su motocicleta a la Sra. Sara Ayala, mientras que otro lanzó gas pimienta a la cara del Dr. Jorge Hollweg, asesor legal de AASANA, quien debió ser internado de urgencia en la clínica de la Caja Petrolera por las complicaciones de hipertensión sufridas en ese momento.
El testimonio del meteorólogo Erick Dickson Salvatierra es coincidente con los anteriores. El funcionario atestigua que al cortarse el suministro de energía eléctrica, bajó desde la torre de control hacia el área de pasajeros, momento en el que escuchó fuertes sonidos de pisadas. Salvatierra preguntó quién andaba en la oscuridad y dio la voz de alto, tras lo cual fue derribado al piso y golpeado con reiteración, en medio de numerosas agresiones verbales. Casi de inmediato, dos funcionarios de AASANA que fungen de guardias de seguridad (desarmados) también dieron la voz de alto, momento en el que las tropas abrieron fuego y en el que habrían resultado heridos los dos efectivos militares, cuyos nombres aún no hemos podido confirmar.
Erick Dickson Salvatierra y los dos guardias de seguridad fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Villa 1º de Mayo (barrio periférico de Santa Cruz), bajo la acusación de ser los causantes de las heridas de los efectivos militares. La detención de los tres funcionarios de AASANA continuó hasta altas horas de la tarde, incluyendo su traslado a la comisaría del barrio 2 de agosto, presumiblemente para mantenerlos incomunicados e imposibilitarles su defensa legal.
Tras efectuarse la prueba del guantelete a los funcionarios, misma que resultó negativa, los tres fueron liberados, siendo internado en la clínica de la Caja Petrolera Erick Dickson Salvatierra, donde se recupera de la salvaje golpiza de la que fue objeto.
Es importante anotar que la intervención militar y policial de Viru Viru (aeropuerto de carácter civil) fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, y que durante varias horas se impidió el acceso de la prensa al lugar. Los funcionarios de AASANA coincidieron en denunciar el trato degradante sufrido durante la violenta intervención, así como la presencia de tropas venezolanas en el operativo comando, e informaron que los controladores profesionales fueron sustituidos por militares traídos desde La Paz y Cochabamba.
Hacia el mediodía de esa misma jornada se comentó la llegada de un segundo avión Hércules procedente de la ciudad de La Paz, supuestamente con controladores aéreos venezolanos, extremo que no ha podido ser confirmado, aunque el Canal de TV 33 “Gigavisión” mostró imágenes de varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el interior del Aeropuerto de Viru Viru.
Posteriormente, los canales Unitel y Red Uno también filmaron a efectivos venezolanos en Viru Viru, en el preciso momento en que el ministro de transporte, José Kinn, negaba su presencia.
En las primeras horas de la tarde del 18 de octubre del 2007, también circularon insistentes versiones sobre una inminente militarización de la Caja Petrolera, ante lo cual los trabajadores de esa institución de salud efectuaron una ocupación preventiva de sus instalaciones.

Violación
El proceder de los efectivos militares y policiales durante la toma del Aeropuerto Internacional de Viru Viru violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, que establece:
“Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Igualmente, la violencia de la intervención policial infringió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en su artículo 1 señala:
“La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad”.
El operativo tampoco se atuvo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dado el evidente abuso en la utilización de dichos medios:
“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA sostiene que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los funcionarios públicos sólo pueden hacer uso de la fuerza en casos estrictamente necesarios.
La intervención forzosa de la principal terminal aérea del país también habría violado el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana:
“La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.
De confirmarse que el corte en el suministro de energía eléctrica fue realizado por las tropas militares como parte de su operativo, se habría atentado también contra la seguridad de todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto, dados los altos riesgos que el apagón significó para las operaciones de tráfico aéreo.
La militarización de AASANA Viru Viru ordenada por el gobierno central también violó el Decreto Supremo 22310, que establece el carácter desconcentrado de esa repartición.

Víctimas
Las víctimas directas de militarización son los funcionarios de AASANA Viru Viru, que fueron detenidos de manera ilegal y agredidos física y psicológicamente. Las víctimas indirectas son todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, por los riesgos que conllevó la operación.

Responsables
La intervención fue ordenada y/o ejecutada por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; el ministro de defensa, Walker San Miguel; el ministro de gobierno, Alfredo Rada; y el ministro de transporte, Carlos Kinn. Igualmente, tienen responsabilidades el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Luis Trigo, quien estuvo a cargo del operativo, y el Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, Roberto Caballero.

Reacción del Estado y otras reacciones
El gobierno intentó justificar la intervención indicando que la toma se realizó para precautelar la seguridad de las operaciones de tráfico aéreo en Viru Viru, luego de las demoras sufridas por vuelos de aerolíneas como GOL, American Airlines y TAM Mercosur, por problemas administrativos sucedidos en pasados días. Así lo manifestó el vocero de la Presidencia de la República, Álex Contreras, que en entrevista concedida a Red Uno dijo: “Recurrimos a la fuerza para garantizar las operaciones aéreas”. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el operativo como “una intervención técnico-administrativa” y dijo que se realizó “Para preservar la sobrevivencia de AASANA Santa Cruz”. Ambos coincidieron en negar la participación de militares venezolanos en la toma del aeropuerto.
El presidente de la república, Evo Morales Ayma, declaró en una conferencia dada el 18 de octubre por la noche, desde la sede de la Federación de Colonizadores, que la intervención estuvo motivada por casos de corrupción en la regional de AASANA de Santa Cruz, y que quienes se oponían a la militarización eran “sectores reaccionarios y conservadores”. Fuentes del gobierno señalaron como un ejemplo de estos casos de corrupción los cobros “bajo ala” hechos por AASANA Viru Viru a varias aerolíneas.
Por su parte, la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, dijo en conferencia de prensa que la situación de AASANA Viru Viru “era insostenible” y que estaba justificada la intervención. Expresiones similares fueron utilizadas por el ministro de transportes, José Kinn, quien también negó la presencia de tropas venezolanas. Curiosamente, mientras hablaba con los canales de televisión, las cámaras enfocaron a sus espaldas a varias personas con uniformes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Posteriormente, la versión gubernamental pasó de negar la presencia de tropas venezolanas a señalar que, casualmente, se encontraba en Viru Viru un avión militar de ese país encargado de “trasladar becarios hacia Caracas”.
Varias de las autoridades citadas, así como el viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra, acusaron a los tres funcionarios de AASANA que estuvieron detenidos de ser los causantes de las heridas de los dos efectivos militares, si bien se abstuvieron de hacer comentarios luego de su liberación tras la prueba del guantelete.
El director regional de AASANA, Ronald Toro, informó que el origen de los conflictos administrativos entre la Unidad Desconcentrada y el gobierno se encuentran en la intención de este último de centralizar el manejo de esa repartición, eliminando el sistema de concurso de mérito existente hasta el momento. Asimismo, recordó que durante la gestión de Evo Morales se ha denunciado varias veces la entrada de tropas y cargamentos de Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, razón por la cual el gobierno estaría buscando eliminar todo tipo de control independiente sobre el movimiento de esa terminal aérea.
Tanto Toro como el controlador Edgar López Jiménez coincidieron en señalar que el cobro “bajo ala” está autorizado por la Superintendencia de Transportes, y que es un procedimiento normal que siempre se aplicó. Indicaron que el conflicto administrativo se originó en la decisión del gobierno de centralizar la recaudación de estos cobros en una cuenta manejada por la dirección nacional de AASANA. Toro precisó que el 60% de las recaudaciones de la Administración Aeroportuaria se originan en la regional Santa Cruz, pero que del 20.8% que debería retornar el gobierno estaría reteniendo el 14%. Igualmente, informó que fue la regional de esa repartición la que pidió a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría interna, para aclarar las acusaciones vertidas desde el gobierno nacional.
Los funcionarios de AASANA discutieron el argumento de que la intervención se haya realizado para precautelar la seguridad de las operaciones aéreas; según detallaron, ya se había llegado a un acuerdo con las aerolíneas para viabilizar los vuelos retrasados y había avances en la negociación con el gobierno central. También indicaron que el riesgo en las operaciones aumentó en gran manera con la toma militar-policial de la terminal aérea, y con la sustitución de los controladores habituales por otros inexpertos.
La militarización de Viru Viru fue rechazada de manera contundente por las autoridades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, que conformaron un Comité Interinstitucional para la defensa de la descentralización de esa repartición.
El diputado Mario Cronembold anunció que se realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos de los trabajadores del Aeropuerto. Varios parlamentarios denunciaron la intencionalidad política de la militarización y la subordinación gubernamental a instrucciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, que en días pasados advirtió con convertir a Bolivia en el “Vietnam de las ametralladoras”.
De igual manera se expresaron los representantes del Comité Pro Santa Cruz, la Prefectura Departamental (gobernación), Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Central Obrera Departamental, Federación de Juntas Vecinales, Federación Universitaria Local, Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Cámara Agropecuaria del Oriente y Federación de Empresarios Privados. Todos coincidieron en calificar a la militarización como un atentado contra las aspiraciones autonómicas de la región, y como un atentado a la soberanía nacional por la presunta participación de militares venezolanos.
En declaraciones a radio Erbol, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, dijo que la intervención del Aeropuerto era “el primer paso de una arremetida del gobierno contra la autonomía” y llamó a “hacer de la defensa del Aeropuerto un grito de libertad”.
El periodista Cayetano Llobet, tal vez el analista más prestigioso de Bolivia, declaró de manera enfática a la Red Unitel que la militarización de Viru Viru fue “una intervención innecesaria”.
En declaraciones dadas a CNN desde Washington, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Gabriel Dabdoub, señaló que la militarización del Aeropuerto de Santa Cruz fue parte del proyecto de un “Estado hegemónico y totalitario hacia el que está moviéndose el gobierno de Evo Morales, por influencia de Hugo Chávez”. Añadió que “para combatir la corrupción existen leyes y procesos judiciales. No se combate la corrupción con los militares y reprimiendo al pueblo”. Dabdoub también dijo que “El gobierno quiere volver a centralizar todas las instituciones, en este caso las AASANAS descentralizadas”.

Represión a manifestantes en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru

2007-10-19T19:32:00.000-07:00

Descripción de los hechos
El jueves 18 de octubre de 2007, a las 13:00 horas, el Comité Interinstitucional conformado para defender la descentralización del Aeropuerto de Viru Viru determinó la realización de una gran marcha pacífica hacia esa terminal aérea, para exigir el cese de la militarización y la normalización de su funcionamiento institucional.
Alrededor de las 16:00 horas, una columna de aproximadamente 2.000 ciudadanos, desarmados y portando únicamente banderas cruceñas, llegó hasta la tranca de acceso del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que se encontraba custodiada por un fuerte operativo policial. Varios centenares de efectivos antimotines impidieron el paso de los manifestantes, amenazando con atropellarlos con sus motocicletas y lanzando gran cantidad de latas de gas lacrimógeno, que en varios casos impactaron directamente contra los cuerpos de los ciudadanos, causándoles heridas de diversa índole. También se hicieron disparos de balines, que hirieron al menos a cuatro manifestantes.
Varias de las personas que se encontraban al frente de la columna fueron golpeadas por los efectivos policiales, como en el caso de Analía Álvarez, periodista del diario La Estrella del Oriente que recibió golpes de laque, patadas y empujones, y que presenta múltiples heridas en brazos y piernas. Un hombre (NN) recibió un fuerte golpe que le ocasionó un corte importante en la cabeza, que obligó a los paramédicos a realizarle puntos de sutura.
Varios diputados de Santa Cruz lograron atravesar el cerco policial, no sin antes recibir los golpes de los policías que no respetaron su inmunidad parlamentaria: Wálter Arrázola, Ernesto Justiniano, Wilfredo Añez, Gary Pereira (presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña), Roxana Gentile, Mario Cronembold y María René Espada.
También fueron gasificados y/o golpeados el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; los dos vicepresidentes de esa entidad, José Luis Nuñez y Roberto Gutiérrez; la presidenta del Comité Cívico Femenino, Ruth de Lozada; la senadora María Silvia Baldomar; el secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera; los constituyentes Javier Limpias y Wilder Vaca, y los diputados Choco Pacheco, Oscar Urenda, Gina Crispieri, Michiaki Nagatani, Mamén Saavedra y Rubén Tabata.
Tres observadores de HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA pudieron constatar in situ la violencia de la represión, que obligó a los paramédicos a atender varias emergencias, como la de la presidenta del grupo “Mujeres de Septiembre”, Marioly Vincenti, que fue herida por un disparo de balín que le provocó un absceso en una pierna, razón por la cual debió ser trasladada a la clínica de la Caja Petrolera en horas de la noche.
Cabe anotar que las latas de gas lacrimógeno ocasionaron un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto, que podría haberse constituido en un riesgo para las personas que se encontraban dentro del edificio.
Un grupo de 20 personas integrado por parlamentarios, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el secretario general de la Prefectura lograron llegar hasta las instalaciones del Aeropuerto, donde desplegaron una gran bandera cruceña. Hacia las 19:00 horas entablaron un diálogo con el ministro de transportes, José Kinn, donde reclamaron la desmilitarización de la terminal aérea. Las negociaciones se interrumpieron al saberse que en la tranca de acceso había comenzado una nueva gasificación, más violenta que la anterior.
El operativo comenzó al llegar nuevos grupos de manifestantes, organizados por la Federación Universitaria Local. La represión llegó hasta la carretera y afectó a los ocupantes de los vehículos que habían quedado varados por el bloqueo de esa vía. Niños, mujeres y ancianos fueron gasificados, así como las ambulancias con los heridos. Numerosos heridos por disparos de perdigón y personas mayores con graves problemas respiratorios fue el saldo de la segunda oleada represiva.
Fueron agredidos por la policía periodistas de varios canales de televisión (PAT, Activa y SITEL), e incluso se llegó a amenazarlos con la detención. La periodista Uriel Gutiérrez, del Canal 57, debió ser trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Japonés, aquejada de dificultades respiratorias causadas por la gasificación.
Horas después, ya con la presencia del Prefecto (gobernador) del Departamento, Rubén Costas Aguilera, el Comité Interinstitucional anunció que se mantendría una vigilia durante toda la noche en la tranca de acceso, y se convocó a una concentración multitudinaria para el día siguiente con el objetivo de reunir decenas de miles de ciudadanos y efectuar la retoma pacífica del Aeropuerto.
También por la noche se conoció del arribo a Santa Cruz del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habría llegado acompañado por 100 efectivos policiales de refuerzo.
En la mañana del viernes 19 de octubre del 2007, y ante la inminencia del desplazamiento masivo de ciudadanos hacia el Aeropuerto, el ministro Quintana anunció el retiro de las fuerzas militares y policiales señalando que “Ya se ha recobrado la calma”.
A partir de las 10:00 de la mañana, y tras la rápida salida de las tropas, una concentración de 30.000 asistentes festejó en Viru Viru la desmilitarización de la terminal aérea. Allí, el Prefecto del Departamento envió un mensaje al gobierno: “Aprendan a usar el Estado de Derecho”. Los funcionarios de la regional de AASANA volvieron a sus cargos respectivos y encontraron vacía la torre de control, así como diversos destrozos ocasionados por la ocupación militar.

Violación
La feroz represión contra manifestantes desarmados y pacíficos violó los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, de los ciudadanos congregados en las afueras del Aeropuerto.
Las golpizas contra manifestantes y otros tratos violentos transgredieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 establece que:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También fue violado el artículo 9 del mismo Pacto:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
El derecho de reunión de los manifestantes fue violentado de manera flagrante, infringiéndose el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica”), el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”) y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”).
Igualmente, fueron transgredidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y la Ley, ya citados en páginas anteriores de la presente denuncia.
Las acciones de agresión a periodistas y de obstaculización a su labor violan la libertad de expresión y de opinión, conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México:
“Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.”
De igual manera, se contravino el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
También fue violada la inmunidad parlamentaria de varios diputados y de una senadora nacional, fuero establecido en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.

Víctimas
Alrededor de 3.000 manifestantes, entre ellos gran cantidad de mujeres y de personas de edad avanzada; los ocupantes de los vehículos varados en la carretera, incluyendo niños; el personal médico y paramédico que socorría a los manifestantes heridos o gasificados; los periodistas que cubrían los sucesos y varios parlamentarios nacionales, así como varias autoridades del departamento.

Responsables
El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; ministro de gobierno, Alfredo Rada; viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra; y el Comandante Departamental de Policía, Rolando Caballero.

Reacciones del Estado y otras reacciones
El ministro Quintana atribuyó la situación de tensión a “la falta de compromiso de las autoridades del departamento de Santa Cruz en la lucha contra la corrupción”, pero no ofreció explicaciones sobre la represión policial desatada en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El vocero presidencial, Álex Contreras, atribuyó la violencia a los manifestantes, línea que también siguió la cobertura del Canal 7 (de propiedad estatal y dependiente del Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social). Este medio también puso en circulación un spot donde se mostraba expedito el acceso a Viru Viru, obviando la presencia de los manifestantes.
El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, denunció que “estamos en una verdadera dictadura”, declaración coincidente con las de numerosos ciudadanos indignados que advirtieron sobre el peligro para la democracia generado por las acciones gubernamentales. En ese orden se inscriben las declaraciones de parlamentarios de Santa Cruz, como el diputado Ernesto Justiniano, quien denunció el “terrorismo de Estado”.
El prefecto Rubén Costas repudió los actos de represión y le recordó a las fuerzas policiales su condición de Comandante General del Departamento, condición reconocida por la legislación vigente de Bolivia.
El cardenal Julio Terrazas condenó la violencia en su homilía del jueves 18 de octubre, durante una misa celebrada al anochecer en la catedral de Santa Cruz de la Sierra, Basílica Menor de San Lorenzo.
El 19 de octubre, en horas de la mañana, los periodistas de Santa Cruz realizaron en la plaza 24 de septiembre una manifestación de protesta por las agresiones sufridas. Ejecutivos del Sindicato de la Prensa local censuraron el accionar policial y anunciaron un pronunciamiento que será dado a conocer el día lunes 22 de octubre.
Tras la retoma pacífica del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el día viernes 19 de octubre del 2007, el ministro Juan Ramón Quintana fue consultado por el canal 13 “Red Uno”, que pidió sus conclusiones sobre el desenlace del conflicto. El Ministro de la Presidencia dijo que “los cruceños son los derrotados”, declaración que incurriría en un acto de discriminación hacia todos los habitantes de una región del país y en una posible violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

LINKS DE PRENSA

http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2131 http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2132 http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2128

Toma militar de Viru Viru desata furia en Santa Cruz

Multitudinaria marcha respaldó a Rubén Costas en la retoma de Aasana

Instituciones se movilizan tras violencia en Viru Viru

AMENAZA PÚBLICA DE HUGO CHÁVEZ AL PUEBLO BOLIVIANO

2007-10-15T17:42:00.000-07:00

La amenaza efectuada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en sentido de que un eventual cambio político en Bolivia implicaría una invasión de este país por parte de las fuerzas armadas de su nación, debe ser objeto del repudio unánime de la comunidad internacional.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA hace un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que pongan su mirada en esta grave situación y expresen una condena tajante a la voluntad manifestada por el mandatario venezolano, de crear en Bolivia “un Vietnam de las ametralladoras”.

Chávez provoca protestas por evocar "Vietnam de ametralladoras" en ...

LLAMADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO, WALDO ALBARRACÍN

2007-10-15T16:57:00.000-07:00

RECTIFIQUE SU ACTITUD Y RETOME LA NEUTRALIDAD POLÍTICA

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA expresa su preocupación por las recientes declaraciones emitidas por el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, que reflejan un creciente alineamiento político de este funcionario, situación que podría afectar el normal desenvolvimiento de sus tareas.
En entrevista brindada al Canal 7 (de propiedad estatal), Albarracín manifestó que “la evaluación sobre más de 25 muertos en el gobierno de Evo Morales es realizada por la oposición y por eso se considera exagerada, debido a las acciones en como se dieron las muertes.(…) Estas no fueron causadas por la policía o FFAA, por lo tanto no son ordenadas por el gobierno. (...) Los 29 muertos son una exageración”.
De acuerdo a la información que consignamos en la Cronología adjunta, consideramos que las declaraciones de Waldo Albarracín son inexactas y adolecen de un evidente sesgo partidista, en contravención a las características de su importante cargo.Por esta razón, hacemos un llamado al Defensor del Pueblo para que rectifique su actitud y retome la neutralidad política imprescindible para el ejercicio de sus funciones.

CRONOLOGÍA: LAS MUERTES EN LA GESTIÓN DE EVO MORALES

2007-10-15T16:48:00.000-07:00

9 de junio de 2006
Santiago Orocondo, policía integrante del Movimiento Sin Techo, cae abatido por una bala de uso militar en Papelpampa, departamento de Oruro. Además del deceso de Orocondo, hubieron 15 personas heridas. De acuerdo a las declaraciones del Prefecto de Oruro (perteneciente al partido oficialista) la represión fue ordenada por el Ministerio de Gobierno.

29 de septiembre de 2006
Los cocaleros Rember Guzmán y Celestino Ricaldes mueren en un enfrentamiento con policías y militares erradicadores de coca en los Yungas de Vandiola, departamento de Cochabamba.

5 y 6 de octubre del 2006
En el cerro Posokoni en Huanuni, departamento de Potosí, doce personas pierden la vida: Julián Condori, Javier Escóbar Choque, Javier Salvatierra Acerico, Juan Carlos Condori Crispín, Juan Carlos Flores Ururi, Braulio Díaz Balcázar, José Luis Zárate, Johnny Tejada Poma, Pedro Mamani Plaza, Edwin Choque Antonio, Luis Alberto Choque y Maribel Arroyo Encinas. Además, por lo menos 65 resultan heridas. La causa de los decesos y los heridos es el choque violento entre mineros asalariados y cooperativistas, estos últimos alineados con el entonces Ministro de Minería, Walter Villarroel. Dirigentes de la Central Obrera advirtieron con varias semanas de antelación de esta situación al Poder Ejecutivo, solicitando una intervención preventiva de la fuerza pública. Sin embargo, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desoyeron los pedidos.

12 de noviembre de 2006
El policía Juan Carlos Quenallata es herido al tratar de desbloquear una ruta en Caihuasi; producto de las heridas el uniformado falleció el lunes 13 de noviembre.

14 de noviembre de 2006
Un conductor atropella a marchistas indígenas en la carretera Villa-Sajta Ivirgarzama, falleciendo Benigno Ramiro Alcalá y Betsabé Flores Castro.

11 de enero del 2007
El joven Cristian Urresti Ferrel y el productor de coca Juan Ticacolque Machaca mueren durante los enfrentamientos suscitados en la ciudad de Cochabamba, tras el asalto a la Prefectura Departamental por organizaciones presuntamente impulsadas por senadores y dirigentes del partido de gobierno.

25 de febrero del 2007
El cocalero Luciano Colque fallece producto de una herida de bala, impacto recibido en los enfrentamientos del 11 de enero en Cochabamba, tras permanecer en terapia intensiva durante casi 40 días.

17 de abril del 2007
Herman Ruiz Torres muere a causa de un impacto de bala, tras la intervención militar en Villamontes, departamento de Tarija.

28 de septiembre del 2007
La represión policial y militar contra estudiantes de la Normal Ismael Montes, ubicada en el municipio de Vacas, departamento de Cochabamba, causa la muerte de Osmar Flores Torres por un impacto de bala que le reventó la cara y que salió por la nuca.

24 de noviembre del 2007

Durante las protestas organizadas por los universitarios de Sucre, contra la sesión ilegal de la Asamblea Constituyente en el recinto militar de "La Glorieta", muere en la zona de La Calancha el abogado Gonzalo Durán, a causa de un disparo de arma de fuego que le perforó el pulmón derecho. El peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses demostró que el calibre de la bala es de 5.56 milímetros, compatible con los fusiles Galil que utiliza la unidad antiterrorista de la Policía Nacional, anteriormente denominada Grupo de Acción Inmediata (GAI) y hoy llamada Fuerza Delta. Testigos presenciales afirman haber visto efectivos de esa unidad de élite operando en la zona de La Calancha.

25 de noviembre del 2007

En la tercera jornada de protestas en Sucre, muere a causa de un disparo de arma de fuego el universitario Juan Carlos Serrudo. La bala, también de calibre 5.56 milímetros, le perforó el tórax.

26 de noviembre del 2007

Fallece en el Hospital de Santa Bárbara, en la ciudad de Sucre, José Luis Cardozo, quien había sido internado dos días antes con una bala en la cabeza. Cardozo recibió el disparo cuando participaba de las protestas contra la sesión de "La Glorieta".

DEFENSOR DEL PUEBLO CUESTIONADO POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

2007-10-15T16:47:00.000-07:00

http://warrazola.blogspot.com/2007/10/queja-formal-contra-el-defensor-del.html

Evo Morales postula al Nobel de la Paz mientras se deteriora la situación de los DDHH en Bolivia

2007-09-27T16:45:00.000-07:00

11 de septiembre de 2007
En un artículo publicado en The Washington Times, Human Rights Foundation-Bolivia alerta sobre el peligro de enfrentamientos suscitados desde el gobierno de Evo Morales, una vez que sus políticas han estado fomentando las divisiones étnicas y regionales. Sostiene que para postularse al Premio Nobel de la Paz, el presidente Morales debería limpiar antes la lista de acusaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.
Lea el artículo completo publicado en The Washington Times.

Llamado de alerta al presidente Evo Morales, por uso excesivo de la fuerza pública

2007-09-27T16:39:00.000-07:00

5 de septiembre de 2007
Expresando su preocupación por el “uso excesivo de la fuerza pública” en las manifestaciones de Sucre, la HRF-B insta al gobierno, a sus autoridades y policías a no violar los derechos humanos de sus pobladores. Hace un análisis de los hechos y de la normativa internacional aplicable.
Lea el informe de la HRF-B (.pdf)
Si desea ver imágenes de la represión en Sucre, diríjase aquí

Cristian Urresti: una historia de impunidad

2007-09-27T16:34:00.000-07:00

Cierran primeras investigaciones sobre la muerte de joven Urresti
Ante el anuncio de la Fiscalía de cerrar el primer paso del proceso de las investigaciones para esclarecer la muerte del joven Cristian Urresti en los conflictos de Cochabamba en el mes de enero, se produjo la indignación por parte de los familiares y amigos del joven.

Democracia Bolivia
Esta página está dedicada a la memoria, el heroismo y la valentía de Cristian Urresti Ferrel que encarna y encarnará para toda la eternidad la lucha ...www.boliviademocratica.net/view.php?idMenu=93185&&idSeccion= - 19k -

Acusan al gobierno de negligencia en masacre de Huanuni

2007-09-27T16:31:00.000-07:00

El Nuevo Día - El Evento
Mientras, la Iglesia Católica llamó al diálogo y pidió al Gobierno asumir con ... al Ejecutivo por su “negligencia” en la atención del conflicto, ...www.el-nuevodia.com/Versiones/20061007_006881/nota_249_341734.htm - 40k -

Detención del refugiado político cubano Amauris Samartino

2007-09-27T16:17:00.000-07:00

Descripción de los hechos
A las 11:30 horas del día sábado 23 de diciembre, cinco policías del Ministerio de Gobierno vestidos de civil, que se encontraban fuertemente armados, detuvieron al refugiado cubano y médico Amauris Samartino Flores mientras caminaba con su esposa en la zona de la Avenida Cañoto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por su esposa Normina Chávez. La mujer contó que fueron interceptados por cinco civiles identificados como policías, aunque no mostraron ningún documento que los identifique. Éstos portaban armas de fuego y después de encañonarlo y reducirlo, lo esposaron y lo introdujeron en una camioneta doble cabina color azul con placa 1071 TLC que partió a toda velocidad con rumbo desconocido. La detención se produjo sin observar ninguna de las garantías del debido proceso, sin orden judicial ni como reacción a un delito cometido in fraganti.
Al día siguiente, domingo 24 de diciembre, el Ministerio de Gobierno reconoció la detención a través de un comunicado e informó que el ciudadano cubano Samartino sería expulsado del país en el primer vuelo con destino a Cuba. Ante semejante intención que viola la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados, organismos internacionales como el ACNUR presionaron al Gobierno para que el disidente cubano no fuera enviado a Cuba y le consiguieron el refugio temporal en Colombia, adonde fue finalmente expulsado.
En muchas ocasiones durante los meses anteriores, Amauris Samartino había criticado públicamente la ausencia de las libertades de expresión y de opinión en Cuba, y la influencia de ese Gobierno sobre el presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de distintos medios de comunicación —habiendo adquirido mucho reconocimiento y simpatía por parte de la mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz, ciudad donde residía y ejercía continuamente su derecho a la libertad de expresión— con la principal misión de denunciar las violaciones a los derechos humanos que se producen en Cuba y principalmente las restricciones al derecho a la libertad de expresión y de opinión que se están volviendo sistemáticas en Bolivia. Samartino, disidente del gobierno de Fidel Castro, llegó a Bolivia en el año 2000, patrocinado por los Estados Unidos de América y la Organización Internacional de Migraciones, con estatus de refugiado político. Dicho estatus que le garantizaba una residencia libre en Bolivia, le fue revocado a través de una resolución ministerial contraria a las normas constitucionales del debido proceso y al Decreto Supremo Nº 24423, que en su artículo 49 regula el régimen legal para la expulsión de asilados y de refugiados políticos en Bolivia, debido a la amistad y afinidad del actual gobierno de Bolivia y el gobierno de Cuba. De esta manera, la Resolución Ministerial Nº 4213 de 19 de septiembre de 2006 derogó ilegalmente la anterior Nº 3430 de 5 de abril de 2001, revocando al disidente cubano su Visa de Permanencia Indefinida en Bolivia.
Desprovisto inconstitucionalmente de su condición de refugiado político a través de la “cancelación” de su visa, el Ministerio de Gobierno aplicó, como causal para su súbita expulsión, el artículo 48 inciso i) del Decreto Supremo Nº 24423 que establece: “Serán expulsados del país y no podrán ingresar en el futuro a territorio boliviano, los extranjeros comprendidos en las siguientes causales: Que intervengan en cualquier forma en política interna o de dirección sindical o inciten por cualquier medio a la alteración del orden social, político o de las organizaciones sindicales. Que se incorporen a asociaciones que tengan directa o indirectamente fines políticos. Que intervengan en la organización o dirección de desfiles, asambleas o cualquier clase de manifestaciones públicas de carácter político o contrarias a las decisiones del Supremo Gobierno o que efectúen declaraciones o publicaciones en el mismo sentido u ofensivas a las instituciones y/o autoridades nacionales. Que inciten de alguna manera al desobedecimiento a las leyes de la República o a las autoridades legalmente constituidas;”
Además de que el artículo aplicado constituye una prescripción que restringe, en contra del carácter “universal” de los derechos humanos, la libertad de expresión y de opinión a los “extranjeros”, el Ministerio de Gobierno actuó con premeditación y mala fe, contrariando el principio de derecho internacional de la buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que efectuó toda la operación de aprehensión y expulsión del refugiado cubano durante el feriado de Navidad, coincidiendo este feriado con la baja cobertura de los medios de prensa para evitar así la presión de la ciudadanía, y con la vacación judicial en todo el país para evitar que se puedan activar a tiempo mecanismos constitucionales de tutela de derechos humanos, como ser el “recurso de habeas corpus”, que hubiera permitido la inmediata cesación (en 24 horas) de la detención ilegal. Sin embargo, debido a la presión internacional, el cubano Samartino no pudo ser enviado inmediatamente a Cuba y dio lugar a que se planteen los recursos pertinentes, aunque fueron declarados “improcedentes” por la justicia boliviana.

Violación
La detención arbitraria y consecuente expulsión por parte del Ministerio de Gobierno del refugiado político cubano, Amauris Samartino, por el único motivo de haber ejercido continuamente a través de distintos medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, internet) su derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, la mayoría de las veces de manera abiertamente crítica hacia los gobiernos de Bolivia y de Cuba, viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, la actuación del Ministerio de Gobierno también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Sobre esa misma línea de principios, la detención y expulsión de Bolivia de Amauris Samartino viola el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Asimismo, la detención denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la misma Declaración: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

Víctimas
La víctima directa de la violación es el refugiado político cubano, Amauris Samartino Flores, y las víctimas indirectas son todos los refugiados políticos cubanos que habían obtenido ese estatus durante gobiernos anteriores, con la finalidad de poder ejercer sus derechos humanos libremente sin restricciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, y que debido a esta clara actitud de persecución política contra quienes se manifiestan contrarios al gobierno, ahora se encuentran de hecho limitados en sus derechos humanos y sin posibilidad de expresar sus ideas libremente, bajo pena de ser expulsados del país, hacia el país donde seguramente serán encarcelados por disentir.

Responsable
El responsable por la detención y expulsión ilegales del refugiado político cubano, Amauris Samartino Flores, en razón de sus constantes apariciones en medios de prensa con opiniones e ideas críticas hacia los Gobiernos de Bolivia y de Cuba, es el Ministerio de Gobierno en la persona de la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz Alá, quien firmó en septiembre la Resolución Ministerial que quitaba arbitrariamente el estatus de refugiado político a Samartino, y quien, maliciosamente, esperó el momento preciso de indefensión y de distracción popular para ordenar el súbito arresto y expulsión a Cuba del disidente cubano.

Reacción del Estado y otras reacciones
El Ministerio de Gobierno se limitó, a través de un comunicado del día domingo 24 de diciembre de 2004 a informar el conflictivo basamento legal que había utilizado para detener y expulsar inmediatamente al refugiado político cubano Amauris Samartino.
Las personas amigas y que reconocen la trayectoria de Amauris Samartino salieron a protestar durante las semanas que siguieron al arresto.
La comunidad de refugiados cubanos en Santa Cruz denunciaron ser objeto de persecución permanente por parte de agentes bolivianos y cubanos que se encuentran amedrentándolos en el país. José Antonio La Guardia, un refugiado que llegó al país junto a Samartino, afirmó que los cubanos tienen el amparo legal de permanencia en Bolivia y lo sucedido pone en tela de juicio la validez de esos convenios internacionales. “Veníamos de un país donde éramos perseguidos a una tierra que nos dio todas las garantías, pero ahora somos igual de perseguidos pero con más saña”, lamentó.

Agresiones a periodistas y toma de radios en San Julián

2007-09-27T16:07:00.000-07:00

En fecha 15 de diciembre se realizó en Santa Cruz de la Sierra —capital del Departamento de Santa Cruz— un multitudinario cabildo abierto convocado por el Prefecto del Departamento de Santa Cruz, elegido por voto popular, y por el Comité Pro Santa Cruz, organización cívica que aglutina a la totalidad de los sectores de la sociedad civil cruceña (obreros, campesinos, indígenas, gremiales, agricultores, ganaderos, empresarios, etc।)

Leer:

http://www.asamcruz.org/Agresionesaperiodistasytoma.htm

Manifestantes emboscados y agredidos en San Julián

2007-09-18T17:26:00.000-07:00

Descripción de los hechos
Los hechos de este caso son ampliamente descritos en los “antecedentes” y “descripción de los hechos” correspondientes al caso “Agresiones físicas contra periodistas y toma de radios en San Julián”।

Violación
La omisión de la policía de brindar las garantías de libre locomoción y libre tránsito para que los ciudadanos bolivianos de origen indígena y mestizo, que se desplazaban pacíficamente hacia el Cabildo del Millón que se realizaría en Santa Cruz de la Sierra, pudieran ejercer allí sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, la actuaciones denunciadas contravienen los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”

Víctimas
Los agredidos eran ciudadanos bolivianos, de identificación racial mestiza y, en su mayoría, descendientes de las etnias indígenas originarias de las Provincias de Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Velasco, ubicadas al norte del departamento de Santa Cruz, a saber: guarayos, ayoreos, chiquitanos, guaraníes, paiconecas, sirionós, tembetas, etc. Entre la totalidad de las víctimas, que alcanza aproximadamente la centena de personas, se han identificado, a través de los registros de hospitales, a las siguientes personas: Miguel Cerrajero (62 años de edad), Pedro Chuquisanbé (50), Roberto Guillén (43), Porfirio Gutiérrez (52), Robertina Macarí (37), Oswaldo Dorado (42), Felipe Cantías (26), Juan Toseabo (39), Ángel Salazar (63), Martín Menchaca (19), Ismar Roque (29), Miguel Rodríguez (42), Aparicio Tusubé (21), Gregorio Tica (28), Wálter Wana (56), Marcelno Román (40), Freddy Ramos (44), José Luis Peña (32),Juan Luis Ovando (30), Santos Chávez (27), Marcelino Ramos (65), Ramón Aguilar (50), José Trujillo (23), Flavio Gómez Sánchez (27), Legni Melgar (57), Angélica Roca (48), Emma Pereyra (52), Wilson Gallardo, Lourdes Vargas (48), Manfredo Villalba (20), Daniel Cutaré (40), Olia Gutiérrez (27), Ángel Pérez (44), Yhenny Velásquez (28), Vicente Roca (20), Erik Opín (25), Pedro Pacheco (29), Raquel Sánchez (50), Silvia Roca (17), Esteban Fernández (47), Carlos Vargas (24), Carlos Serrano (43), Gabriel Montaño (26), Doroteo Chambi (43), Alberto Paredes (30), Sabino López (48), Claudia Abonet (26), Julián Hurtado (24), Samuel Saavedra (14), José Álvarez (39), Leticia Morales (22), Rogelio Álvarez (29), Nina Montero (29), Dionicio Aguilar (24), Santos Rodríguez (23), Marco Antonio Ribera (34).
Los heridos más graves fueron Rosa Durán Soliz (25) quien sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano y Luciano Rodríguez Vedia (26), quien perdió un ojo.

Responsables
El responsable de las agresiones a los manifestantes es principalmente la policía al mando de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz Alá, quien públicamente ha manifestado su voluntad de desproteger a quienes están en contra del gobierno (véase el caso del escritor Lechín más adelante). Esta actitud beligerante ha provocado inclusive impasses dentro del Comando Nacional de la Policía, cuyo comandante departamental de Santa Cruz ha admitido haber dejado de actuar por encontrarse bajo presiones desde La Paz, y dentro del Ministerio Público, cuyo Fiscal del Distrito de Santa Cruz, luego de no haber podido lograr en concurso de los policías al lugar del conflicto, ha decidido actuar de oficio en la investigación de las agresiones de San Julián.

Reacción del Estado y otras reacciones
Como reacción a la agresión sufrida en San Julián, los manifestantes que no pudieron pasar hacia Santa Cruz, volvieron a la localidad de San Ramón y realizaron allí una concentración pública de apoyo al Cabildo de Santa Cruz. Después de la concentración, algunos manifestantes quemaron la sede del partido de gobierno (MAS) en esa localidad. Más tarde, según reportaron fuentes policiales, en Cuatro Cañadas, otra localidad de la zona, también como respuesta a la agresión, una persona de nombre Limberg, quien bloqueaba la vía, habría sido herido de bala en la pierna desde un bus que se dirigía a Santa Cruz. Por su parte, en Concepción, San Javier y San Ignacio, grupos de jóvenes contrarios al Gobierno quemaron varias sedes sindicales claramente comprometidas con el partido de gobierno y casas de dirigentes del MAS. Asimismo, se habrían registrado saqueos contra los puestos de venta de supuestos militantes del Partido de Gobierno en varias localidades de las Provincias Chiquitos, Guarayos y Velasco.
Ante el desenlace de violencia, las instituciones públicas dependientes directamente del Poder Ejecutivo, reaccionaron desproporcionadamente a favor de sus militantes que sufrieron las represalias a sus agresiones en San Julián. De esta manera, contra la versión del propio comandante de policía de San Julián, el vocero gubernamental, Alex Contreras, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Saúl Medrano, temerariamente responsabilizaron a los que se dirigían pacíficamente en buses hacia Santa Cruz de haber provocado los enfrentamientos. En esa misma línea de tergiversar el enfrentamiento iniciado por los propios militantes de su partido, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, libró catorce mandamientos de apremio contra los presuntos autores de los saqueos y quemas de sede del MAS, aunque seguidamente, luego de un acuerdo de pacificación con la Fiscalía y las partes del conflicto, los tuvo que dejar sin efecto. En ese mismo sentido, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, soslayando la intolerancia a la pluralidad política de su gobierno y desconociendo que sus partidarios en San Julián (de origen indígena quechua y aymara) habían atacado a mansalva a ciudadanos bolivianos también de origen indígena (guarayo, chiquitano, guaraní, ayoreo, paiconeca, etc.), había amenazado: “Se van a hacer cumplir esos mandamientos, porque no podemos permitir que a título del conflicto político en el país, la impunidad proteja una sañuda violencia con graves ribetes de limpieza étnica (refiriéndose a sus partidarios agredidos durante las represalias). Este Gobierno no va a permitir la limpieza étnica, habrá justicia, habrá respeto y lo que tenga que investigarse del otro lado también se investigará y se hará cumplir los mandamientos de apremio con seguridad.”[1]
[1] Fuente: Agencia Boliviana de Información. Disponible en:
www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20061218222100

Detención de manifestante en el aeropuerto de Cochabamba

2007-09-18T17:19:00.000-07:00

Descripción de los hechos
El 9 de diciembre de 2006 a las 08:30 horas, Jessika Echeverría, una ciudadana boliviana que reside en Santa Cruz y que se encontraba casualmente en el aeropuerto de Cochabamba cuando varios medios de prensa cubrían la llegada de algunos Presidentes latinoamericanos a la Cumbre Sudamericana de Presidentes en Cochabamba, decidió protestar contra el gobierno a través de cánticos de protesta que reclamaban el cumplimiento de los dos tercios de voto en la Asamblea Constituyente. A pesar de que su protesta fue pacífica y de que recibió aplausos por parte de la mayoría de los viajeros presentes en el aeropuerto, la manifestante fue detenida ipso facto por efectivos de la Policía en el aeropuerto de Cochabamba. Según afirmó la detenida: “Lo hacía pacíficamente. Reclamé que se acabe el autoritarismo y que los constituyentes escuchen la voz del pueblo, cuando de pronto fui agarrada por policías y sacada del lugar”, dijo. La manifestante que expresaba libremente sus ideas y opiniones contrarias a la decisión del gobierno de desconocer el quórum mínimo de dos tercios de voto establecido por la Ley 3364 Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente para la aprobación de la nueva Constitución, fue detenida arbitrariamente sin que se sigan las reglas del debido proceso reconocido por la Constitución boliviana y por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Durante la detención, los policías causaron heridas leves a la manifestante y, seguidamente, fue llevada a tres lugares distintos en calidad de detenida. Finalmente, gracias a la intervención de tres abogados cochabambinos, fue liberada.

Violación
La detención de la ciudadana boliviana Jessika Echeverría por manifestar públicamente sus ideas y opiniones en contra de una posición política del Gobierno de Bolivia, viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, la actuación de la policía, bajo la dirección del Ministerio de Gobierno, también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, la detención denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”

Víctima
La víctima directa de la violación es la ciudadana boliviana Jessika Echeverría.

Responsables
El responsable por la detención arbitraria de la ciudadana Jessika Echeverría, que se manifestaba pacíficamente en el aeropuerto de Cochabamba, es el Ministerio de Gobierno en la persona de la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz Alá, quien tiene tuición sobre el Comando Nacional de la Policía, y quien debe responder por las acciones arbitrarias de los policías en cumplimiento de órdenes superiores.

Reacción del Estado y otras reacciones
Mientras que la manifestante logró bastante reconocimiento popular en el país y fue invitada a varios medios de comunicación a contar su versión de los hechos, el gobierno restó importancia al incidente, no expresó ni siquiera su satisfacción moral hacia la víctima y tampoco reconoció su obligación de indemnizar a la víctima por los daños morales, físicos, psicológicos y económicos a los que fue sometida durante el día de su detención. Por su parte, la víctima ha declarado encontrarse amedrentada, debido ha que ha venido siendo objeto de amenazas de muerte para que deje de aparecer en la prensa televisiva.

Agresión moral y psicológica contra mujeres en huelga de hambre

2007-09-18T17:16:00.000-07:00

Descripción de los hechos
El día viernes 24 de noviembre de 2006, aproximadamente a horas 13:00, un grupo de 17 mujeres de instituciones cívicas, agropecuarias, vecinales y voluntarias de Santa Cruza de la Sierra, iniciaron una huelga de hambre en instalaciones del Comité Cívico Femenino, exigiendo al Gobierno que se respeten los dos tercios en la Asamblea Constituyente, que se reforme la Ley INRA en consenso con los productores y que no se apruebe la norma que permita censurar a los prefectos.[1]
Esa misma tarde, enterado de la huelga de hambre de las mujeres, el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la localidad de San Julián, mientras hacía su discurso en la ocasión de la entrega de 20 tractores a los campesinos partidarios de su gobierno, agredió moral y sicológicamente a las mujeres huelguistas, al afirmar textualmente: “Me dicen que no hacen huelga, que están haciendo dieta […] tal vez están muy gordas […] Me dicen que esa huelga no es por ética, es por estética.”

Violación
Las declaraciones públicas del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, que agraden la dignidad y la honra de las mujeres huelguistas por el único motivo de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación, al constituir un hostigamiento a las mujeres que realizaban la huelga, también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, las agresiones sicológicas del Presidente contra las mujeres que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Por otra parte, en tanto busca coartar el derecho fundamental de las mujeres a la libertad de expresión y de opinión, la agresión moral y sicológica del Presidente constituye una “discriminación” contra la mujer y viola el artículo 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, de la cual Bolivia es Estado Parte, que establece: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;”
Asimismo, la agresión moral y sicológica del Presidente de la República contra las mujeres huelguistas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y de opinión, es considerada un hecho de “violencia contra la mujer”, conforme se encuentra definido por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, que establece: “Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: […] c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.”. Por tanto, la agresión del Presidente viola flagrantemente el artículo 4 de la Declaración en sus incisos b), c) y d), que establecen:
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos.

Víctimas
Las víctimas son todas las mujeres cruceñas que, en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, realizaban una huelga de hambre en las instalaciones del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, cuando el Presidente Evo Morales las agredió moralmente el 24 de noviembre de 2006.

Responsables
El responsable de las agresiones morales a las mujeres que realizaban la huelga de hambre en el Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, es el Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien públicamente les violó los derechos fundamentales a la dignidad y a la honra, con la finalidad de que dejen de ejercer sus derechos a la libertad de opinión y de expresión.

Reacción del Estado y otras reacciones
Ante la agresión moral y sicológica del Presidente Morales hacia un grupo de mujeres que residen en la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Jaime Santa Cruz, reaccionó diciendo: “Me parece una total falta de respeto de un presidente que se exprese de esa manera de las mujeres de mi tierra, que entraron en huelga de hambre por la democracia de este país. Es una vergüenza todo lo que hace este Presidente resentido e inadaptado.”[2]
Desoyendo las reacciones de importantes sectores de la sociedad civil, el Gobierno no se disculpó ni expresó algún tipo de satisfacción moral o sicológica hacia las víctimas, menos aún intentó reparar de alguna manera el daño psicológico causado hacia las mujeres huelguistas que ejercían sus derechos a la libertad de expresión y de opinión.
[1] Fuente El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_2.html
[2] Fuente diario El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_9.html

Amedrentamiento a la Red PAT

2007-09-18T17:13:00.000-07:00

Descripción de la violación
El miércoles 6 de diciembre en horas de la noche en la ciudad de La Paz, un grupo de aproximadamente 30 simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno que controla completamente el Poder Ejecutivo, y mayoritariamente el Legislativo y la Asamblea Constituyente, llegó hasta inmediaciones del canal de televisión de la Red PAT con el propósito de persuadir, a través de amenazas violentas, a los periodistas de esa red televisiva nacional para que no opinen de manera diferente al Gobierno. Entre otras cosas, la turba pedía la cabeza de Roberto Barbery Anaya, periodista cruceño reconocido a nivel nacional por su imparcialidad y por la profundidad del análisis como conductor del programa “Fisuras” y como comentarista del “Noticiero de PAT”.
Si bien este tipo de manifestaciones dirigidas por el Gobierno Nacional con la finalidad de monopolizar el tratamiento de la información se han dado en varias oportunidades (por ejemplo, contra la Red Unitel ese mismo día), debe resaltarse que preocupa mucho el hecho de que inclusive se den contra la Red PAT, que a lo largo de los años ha sido acreedora de importantes galardones por su reconocido profesionalismo e independencia en el tratamiento de la información.

Violación
La actuación de la turba de personas que amedrentó a la Red PAT y al periodista Roberto Barbery, y la complicidad del gobierno por no haberla evitado en defensa de la libertad de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también confirma las acciones estatales denunciadas en la Declaración Conjunta de 1999 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión; Freimut Duve, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; y Santiago A. Canton Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión):
Los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable. El respeto a la libertad de los medios de comunicación en nuestros Estados Miembros, si bien difiere mucho de país a país, deja mucho que desear.
Ciertos Estados continúan ejerciendo y permitiendo en sus respectivos países presiones inaceptables sobre los medios de comunicación. El grado de hostigamiento quizás sea diferente, pero el propósito general es el mismo: represión del pluralismo y del debate abierto sobre temas de interés para los ciudadanos.
Asimismo, el amedrentamiento denunciado viola la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”

Víctimas
La víctima es la Red de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y, en particular, el periodista Roberto Barbery Anaya.

Responsable
El responsable por la violación del derecho a la libertad de opinión de la Red PAT y del periodista Roberto Barbery, es el Gobierno Nacional, ya que como se podrá evidenciar a través de las denuncias que siguen en este documento, éste suele operar, con medidas de amedrentamiento contra la libertad de opinión y de expresión, a través de seguidores beligerantes.

Reacción del Estado y otras reacciones
Al momento de producirse los hechos violatorios, Mario Espinoza, periodista y ejecutivo de PAT, se comunicó con el actual Vicepresidente Álvaro García, quien había sido su colega en un programa televisivo de PAT. Al día siguiente, por su parte, Carlos D. Mesa Gisbert, conocido periodista e historiador boliviano, ex presidente de la República, en su condición de presidente ejecutivo de la Red PAT, denunció ante el Vicepresidente García lo que consideró una “acción callejera” de amedrentamiento a los periodistas y analistas que trabajan en esta empresa. En una misiva, en la que se dirigía al Vicepresidente como su “amigo”, le recordó que, en su condición de analista, participó del programa “El Pentágono” y del noticiero central haciendo críticas a diferentes gobiernos de turno. Los hechos del miércoles, según establece la misiva, “mella[n] peligrosamente la libertad de expresión y muestra posiciones intolerantes que no han tenido antecedentes en nuestra historia”.
Una carta similar de denuncia fue enviada por Carlos Mesa al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Renán Estenssoro, quien expresó preocupación por la agresión a PAT y Unitel y envió una misiva pidiendo garantías a la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz: “Demandamos plenas garantías para que éstos cumplan sus labores con mayor seguridad y libertad.”
El gobierno no investigó a los responsables directos del hecho, aunque de manera reacia brindó las garantías policiales mínimas para la protección de los periodistas amedrentados, es decir, envió algunos policías para resguardar el recinto. Sin embargo la vocación de desproteger a quienes no están completamente de acuerdo con el Gobierno, como se verá más adelante, ya se fue poniendo de manifiesto desde esta oportunidad.

Ataque a huelguistas en la Iglesia de San Francisco

2007-09-18T17:04:00.000-07:00

Antecedentes
El día jueves 29 de noviembre de 2006, el reconocido intelectual de izquierda y escritor boliviano Juan Claudio Lechín, hijo del fallecido Juan Lechín Oquendo, líder histórico de la Central Obrera Boliviana, entró en huelga de hambre para exigir al Gobierno que respete los dos tercios en la Asamblea Constituyente y que deje a un lado el autoritarismo. Lechín fue uno de los primeros huelguistas de una huelga de hambre que llegaría a sumar alrededor de dos mil quinientos huelguistas en todo el país. El escritor paceño había decidido llevar adelante la extrema medida en la iglesia de San Francisco de la ciudad de la Paz y con los días se le sumaron otras seis personalidades entre las que destacaban Gabriel Dabdoub, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco) y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Alvin Anaya.

Descripción de los hechos
El día martes 5 de diciembre, aproximadamente a las 15:30 horas, un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) desalojó violentamente a los siete huelguistas de hambre instalados en uno de los ambientes de la iglesia San Francisco. Alrededor de las 15:00 horas, el piquete de huelga instalado en oficinas del templo de San Francisco, fue asaltado por una multitud armada con chicotes y dinamitas, quienes desalojaron a los siete huelguistas entre los que se encontraba el escritor Juan Claudio Lechín. “Hoy (martes) ha vuelto la turba a tirarnos dinamita dentro de la sede de la huelga, han entrado con violencia, han roto los televisores de la iglesia de San Francisco, los muebles, han robado, pero nosotros hemos logrado huir”, declaró Lechín por teléfono a un medio de prensa, a tiempo de atribuir toda la responsabilidad por lo sucedido a las declaraciones de la ministra Alicia Muñoz, quien había ordenado el retiro de la seguridad policial en los piquetes de huelga y había afirmado textualmente que “la policía tenía cosas más importantes que hacer…” A partir de ese hecho que no fue ni siquiera lamentado por el Gobierno Nacional, la huelga del escritor Lechín continuó en la clandestinidad hasta completar los 14 días, luego de los cuales fue dado de baja debido a su delicado estado de salud.

Violación
La orden de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y la consecuente omisión de la policía de brindar las garantías para que el escritor Juan Claudio Lechín, y los demás ciudadanos que lo acompañaban en la huelga de hambre, pudieran ejercer libre y pacíficamente, en las oficinas de una iglesia, sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Asimismo, la actuación denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

Víctimas
La víctima principal de la omisión manifiesta de la policía y de la consecuente agresión por parte de militantes del partido de gobierno, es el intelectual y escritor boliviano Juan Claudio Lechín, dada su importancia política como icono de la izquierda boliviana. Asimismo, sin embargo, otras seis personas fueron víctimas de la agresión en el recinto de la iglesia de San Francisco, entre ellos Gabriel Dabdoub, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Alvin Anaya.

Responsables
El responsable principal de las agresiones a los huelguistas del piquete liderizado por el escritor Juan Claudio Lechín en la iglesia de San Antonio, es la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz Alá, quien públicamente manifestó su voluntad de no brindar protección policial a quienes protestan, ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, en contra del gobierno, bajo el argumento de que la policía “tenía cosas más importantes que hacer”.

Reacción del Estado y otras reacciones
Debido a la popularidad del escritor Lechín, tanto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a través de su presidente Guillermo Vilela, como el Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, expresaron su preocupación públicamente, exigieron a la Ministra Muñoz brindar seguridad policial para todos los piquetes de huelguistas de hambre que se instalaron en todo el país y demandaron a la Policía cumplir con su misión de resguardar la integridad física de los ciudadanos.
Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lamentó la intervención al piquete de huelga en San Francisco. El presidente de la organización, Roberto Mustafá, aseguró que esa actitud es contraria a las conversaciones que sostuvieron con el vicepresidente, Álvaro García Linera. Indicó que, a través de su institución, se ofreció como nexo para encontrar el diálogo y frenar la escalada de violencia que se vivía en el país con miles de personas en huelga de hambre, entre ellos los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández y de Tarija, Mario Cossío.
La Ministra de Gobierno desoyó el pedido de seguridad que le hicieron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y con esa actitud forzó a que la huelga del escritor Lechín deba continuar en la clandestinidad hasta su final causado por la baja médica del huelguista. El Gobierno, en ningún momento expresó su pesar por las agresiones que aquí se denuncian, ni trató de restituir o reparar los daños ocasionados a Lechín y al recinto de la iglesia de San Francisco donde se llevaba adelante la huelga.

Detención del periodista José Antonio Quisbert

2007-09-18T16:43:00.000-07:00

Descripción del hecho
El día miércoles 29 de noviembre de 2006, en Santa Cruz de la Sierra, el periodista José Antonio Quisbert del diario El Nuevo Día, fue detenido por orden del Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, con la finalidad de evitar la publicación de una nota periodística sobre actos de corrupción, que involucraban, entre otros altos funcionarios del Gobierno, al Senador de la República Guido Guardia.
El periodista había recibido documentos probatorios de los actos de corrupción de manos de la Directora Departamental de Migración (distrital Santa Cruz) Olga Lidia Espinoza (quien fue destituida tras el incidente), los mismos que iban a ser procesados por el periodista para su publicación. Enterados del hecho, sin embargo, funcionarios del Ministerio de Gobierno arrebataron violentamente al periodista el sobre con la documentación, argumentando que se trataba de “documentos reservados de esa entidad”. El hecho fue comunicado en el mismo momento al viceministro Rubén Gamarra en La Paz, y éste, lejos de buscar una salida que lleve al esclarecimiento del problema, ordenó el inmediato arresto del periodista y la prosecución del caso a cargo del fiscal Germán Quezada.
Entre la información que se decomisó violentamente al periodista, había un informe de la Directora Departamental dirigido al viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, vía Magaly Zegarra, Directora Nacional de Migración, sobre las llamadas que realizó el senador Guardia presionando para que ilegalmente y con carácter de urgencia se entreguen los visados correspondientes para la internación en el territorio nacional de nueve ciudadanos chinos.

Violación
La actuación del Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, al detener a un periodista que investigaba un caso de corrupción en Migración, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafo segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2003 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Ambeyi Ligabo, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Eduardo Bertoni, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), que dedica un epígrafe específico a “la investigación de la corrupción”:
Los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.
Sobre esa misma línea de principios, la detención y decomiso de información denunciados también infringen el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en el marco de la OEA:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Asimismo, las actitudes denunciadas violan la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene también el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”

Víctima
La víctima directa de la violación es el periodista José Antonio Quisbert del diario boliviano El Nuevo Día.

Responsable
El responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista que investigaba la corrupción en una oficina del Gobierno, es el Viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra.

Reacción del Estado y otras reacciones
Al final, la difusión de la información fue completamente evitada y el Gobierno, a través del Viceministro Gamarra, garantizó la impunidad del Senador implicado al destituir a la Directora de Migración de Santa Cruz. El periodista estuvo detenido aproximadamente por un periodo de cuatro horas, luego de las cuales tuvo que ser soltado. Por su parte, la acción violatoria motivó un pronunciamiento público de la Federación de la Prensa de Santa Cruz en el cual se repudiaba la actitud del Viceministro. En ese mismo sentido, se pronunciaron algunos parlamentarios, la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz y la Sociedad Interamericana de Prensa en Washington (EEUU).